En todo entorno cerrado existe un cierto grado de violencia, debido a la privación de libertad en sí misma, así como a las tensiones y frustraciones que la acompañan. Sin embargo, algunos factores de riesgo en particular aumentan la posibilidad de que se den actos violentos entre las personas privadas de libertad:
• El hacinamiento es uno de los principales factores que tienden a derivar en altos niveles de violencia en las prisiones. El hacinamiento no sólo implica que las personas detenidas no disfrutan de suficiente espacio personal, lo que aumenta las tensiones, sino que además, limita el acceso a los servicios, a la formación y a las actividades recreativas. Las personas detenidas son, por lo tanto, forzadas a valerse más por sí mismas, con poca supervisión por parte de las autoridades y en contextos de fuertes tensiones. Un ratio inapropiado entre personas detenidas y personal penitenciario, que normalmente se debe a situaciones de hacinamiento, deriva en una falta de supervisión y genera situaciones de inseguridad para las personas detenidas en situación de vulnerabilidad.
• La corrupción es un factor que fomenta la violencia en el interior de las prisiones: no sólo envía un mensaje de tolerancia hacia comportamientos ilícitos, sino que también genera un sistema paralelo de castigos y privilegios, así como de circulación de bienes, ya sea con la aprobación tácita de las autoridades o con su participación directa. La corrupción y la falta de control sobre los bienes y mercancías disponibles en las prisiones también fomentan la circulación de bienes prohibidos que ponen en riesgo la seguridad de las personas detenidas, tales como armas o drogas. La corrupción se ve también reflejada en la “venta” de espacios, camas o protección. Así, las personas de menores recursos económicos están más desprotegidas y sufren el riesgo de dormir en el suelo o ser víctima de malos tratos.
• La violencia entre personas privadas de libertad puede ser, en el peor de los casos, favorecida directamente cuando el personal penitenciario permite comportamientos abusivos o malos tratos entre las personas detenidas, ya que esto conduce a una atmósfera de anarquía e impunidad. Sin embargo, la violencia también se tolera cuando las autoridades encargadas de la detención y el personal no son capaces (por falta de formación o por constituir un número reducido) de actuar con la debida cautela y garantizar que ninguna persona privada de libertad sea víctima de actos de violencia por parte de otros u otras reclusas. La selección y la formación del personal encargado de las detenciones, incluida la mediación de conflictos, es por lo tanto fundamental. Cuando el proceso de selección falla y la formación es inadecuada, el personal puede convertirse en un factor contribuyente al desarrollo de la violencia en el interior de las instituciones.
• Las penitenciarías y prisiones deben ser siempre responsabilidad de una autoridad civil (el Ministerio de Justicia o su equivalente). Las prisiones que se encuentran bajo una autoridad policial o militar tienden a ser más autoritarias y existe un riesgo mayor de violencia hacia las personas detenidas.