Uso de la fuerza

Key Elements

En las prisiones, el uso de la fuerza debe ser siempre la excepción y utilizarse sólo como último recurso. Sólo hay tres situaciones, estrictamente definidas, que pueden justificarlo:

1) En el caso de legítima defensa, cuando hay una amenaza inmediata de violencia física a un miembro del personal de la prisión, otra persona detenida o una tercera persona;

2) en el caso de intento de fuga;

3) en el caso de que una persona detenida se niegue a cumplir una orden legítima, y siempre como último recurso.

Para evitar abusos, el recurso al uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Se deben implementar, además, procedimientos de monitoreo, y los y las responsables del abuso deben rendir cuentas.

El personal penitenciario y demás personas responsables del mantenimiento del orden que puedan intervenir en la cárcel, tales como las fuerzas especiales, que pueden ser llamadas cuando tiene lugar un motín u otros incidentes graves, deben estar debidamente capacitadas en lo que se refiere a los riesgos relacionados con el uso de la fuerza, así como en el marco legal que les permite intervenir.

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Análisis

Condiciones para recurrir a la fuerza

El uso de la fuerza en establecimientos penitenciarios debe estar estrictamente regulado y sólo puede justificarse en las siguientes situaciones:

• La legítima defensa: situaciones en las que una o un miembro del personal de la prisión, otra persona detenida o cualquier otra persona dentro del establecimiento esté en peligro de violencia física.
• Intento de fuga: en este caso, la fuerza sólo puede utilizarse si el intento de fuga está en curso, o a punto de ser llevada a cabo. Un hipotético riesgo de evasión no puede justificar el uso de la fuerza.
• La negativa a cumplir con una orden legítima: esta negativa puede manifestarse de forma activa, es decir, a través de actos de violencia física o verbal hacia el personal de la prisión. La negativa también se puede producir de forma pasiva, como la negativa de las personas detenidas a salir o regresar a su celda.

El uso de la fuerza incluye diferentes métodos y técnicas, desde la restricción física a la utilización de armas letales y no letales. El tipo de fuerza utilizada, por tanto, debe depender de la situación; del personal de la prisión, así como de otras personas responsables del mantenimiento del orden, que deben estar capacitadas para adaptar el tipo de fuerza utilizada caso por caso. Hay tres métodos principales para el uso de la fuerza:

1. La acción física de restringir a una persona, a veces por varias personas, con el fin de inmovilizarla: las técnicas de inmovilización deben estar debidamente autorizadas y no poner en peligro físicamente a las personas detenidas. A pesar de que este método es el que menos probabilidad tiene de poner en peligro la vida de alguien, sólo debe utilizarse por las causas y situaciones mencionadas anteriormente (la legítima defensa, para evitar una fuga; por la negativa a cumplir una orden legítima; y en todos los casos, siempre como último recurso).

2. El uso de armas no letales, tales como porras, armas de munición no letal (pelotas de goma) o armas de descarga eléctrica: estas armas sólo pueden utilizarse cuando otros métodos hayan fallado y si la persona está mostrando un comportamiento violento con probabilidad de causar lesiones graves o la muerte a una tercera persona. La negativa a cumplir con una orden nunca puede justificar la utilización de un arma, sea letal o no.

3. El uso de armas letales, tales como pistolas o rifles. El recurso a las armas letales debe estar todavía más estrictamente regulado que todos los otros métodos: su uso debe estar prohibido dentro de la prisión, excepto cuando se considere totalmente inevitable para proteger la vida de alguien. Este tipo de armas debe limitarse a la vigilancia del perímetro exterior y el personal sólo puede hacer uso de ellas cuando existan riesgos de lesiones graves o de muerte, o cuando una fuga de naturaleza violenta esté en curso y ningún otro medio pueda ser utilizado.

Los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad aportan un marco para todos los aspectos del uso de la fuerza, incluyendo métodos, intensidad y duración.

El principio de proporcionalidad

El uso de la fuerza debe ser siempre proporcional a la amenaza. En la evaluación de la situación, las autoridades deben equilibrar la gravedad de la amenaza con los métodos de intervención. Este tipo de evaluación también debe tener en cuenta el perfil de la persona (edad, sexo y estado de salud) y las posibles consecuencias físicas y psicológicas relacionadas con el uso de la fuerza contra la persona de la que se trate. Sobre la base de esta evaluación, las autoridades deben decidir sobre el tipo de intervención, sabiendo que la fuerza sólo puede ser ejercida durante el menor tiempo posible.

En la medida en que el uso de la fuerza debe ser el último recurso en toda situación, la resolución pacífica de conflictos, la negociación y las órdenes verbales siempre deben priorizarse.

El principio de la legalidad

Con el fin de regular el uso de la fuerza, las condiciones y los métodos puestos a disposición del personal deben estar previstos en la ley y cumplir con las normas en vigor del derecho internacional.

La ley debe identificar en primer lugar, de manera integral, las situaciones que pueden llevar a las autoridades a recurrir al uso de la fuerza. Esta lista debe entenderse como una prohibición de cualquier recurso a la fuerza, aparte de las situaciones identificadas.

La ley también debe especificar las formas de fuerza que se utilizarán: métodos de contención física, armas no letales y armas letales. La ley además debe detallar qué método usar en cada situación.

La ley debe indicar los procedimientos internos de toma de decisión que conducen al recurso de la fuerza: evaluación de la situación, autorización previa y posterior seguimiento y, finalmente, se debe mantener un registro de todos los casos en los que se haya recurrido a la fuerza.

Por último, la ley debe establecer sanciones disciplinarias y penales para los casos de uso abusivo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

El principio de necesidad

El uso de la fuerza sólo debe ser posible en tres situaciones claramente identificadas (legítima defensa, fuga, negativa a cumplir con una orden legítima). El principio de necesidad también significa que la fuerza debe ser usada sólo en casos excepcionales y que debe limitarse a las situaciones más graves.

Riesgos

El uso de la fuerza puede derivar en daños físicos y psicológicos graves para la persona implicada. Las lesiones y el sufrimiento causado, ya sea físico o psicológico, pueden constituir un trato cruel, inhumano o degradante e incluso tortura, sobre todo si no se respetan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En las situaciones más graves, su uso puede conducir a la muerte de la persona afectada. La muerte puede ser el resultado de un uso excesivo y/o inadecuado de la fuerza. De hecho, el uso de armas no letales, como un arma de descarga eléctrica, puede conducir a la muerte de la persona si se utilizan de manera excesiva o si se usan contra una persona en mal estado de salud. Ciertos tipos de inmovilización o restricción física también pueden causar la muerte, en particular por asfixia.

En caso de muerte, se debe abrir una investigación criminal para determinar las circunstancias exactas de la muerte de la persona. Debe llevarse a cabo una autopsia para proporcionar una descripción detallada de las lesiones y un análisis objetivo de los hallazgos clínicos, incluyendo la causa de la muerte.

Niños y niñas

El uso de la fuerza contra personas detenidas que son menores de edad se limita a situaciones excepcionales y debe ser estrictamente regulado. El uso de la fuerza no debe conducir a la humillación de las y los niños detenidos y sólo se permite al personal su uso durante el menor tiempo posible y bajo las órdenes de la dirección de la prisión. Las únicas situaciones que pueden conducir a un uso legítimo de la fuerza en el caso de la infancia son, y siempre como último recurso, la prevención de actos de autolesión graves, la prevención de daño físico a otras personas o de daños graves a la propiedad. En todas estas situaciones, la persona responsable debe consultar a un médico con carácter de urgencia y presentará un informe a la autoridad administrativa superior. El uso y tenencia de armas deben estar prohibidos en cualquier establecimiento destinado a detenciones infantiles. 

Personas con discapacidades

El uso de la fuerza contra personas con alguna discapacidad física o mental debe estar estrictamente regulado. En el caso de personas detenidas que tienen una discapacidad física, su uso debe ser proporcional al riesgo asumido y se deben tener en cuenta las limitaciones que enfrenta la persona por su discapacidad. La fuerza nunca debe utilizarse en personas que sufren de algún trastorno mental o discapacidad psíquica, y siempre se debe utilizar como último recurso. El uso de la fuerza contra estas personas, no sólo comporta el riesgo de aumentar la violencia de la situación, sino también el de agravar el estado de salud de las personas detenidas.

La formación del personal

La formación del personal penitenciario en relación con el uso de la fuerza es de gran importancia en la prevención del abuso. Dicha formación debe centrarse en el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, no sólo en la teoría sino también en su aplicación práctica. La capacitación también debe enseñar al personal técnicas de moderación para prevenir los conflictos, así como técnicas de inmovilización y el manejo de las armas letales y no letales. Es importante que la capacitación básica sea reforzada con formación continua proporcionada con regularidad.

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Minorías y pueblos indígenas
Niños y niñas
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La capacitación también debe sensibilizar al personal de los riesgos físicos y psicológicos relacionados con el uso de la fuerza, que son específicos para ciertas categorías de personas detenidas, como las mujeres, la infancia, las personas ancianas y las personas que tienen alguna discapacidad.

Controles

Cada caso de uso de la fuerza debe ser debidamente almacenado en un registro. Este debe contener, como mínimo los datos que permitan identificar al personal involucrado en el uso de la fuerza, junto con los motivos que lo justifican, los métodos utilizados y la persona/personas implicadas. En el caso de que haya lesiones, la persona debe ser llevada inmediatamente ante el personal médico. En la medida de lo posible, el personal penitenciario debe obtener la autorización para utilizar la fuerza de su estructura directiva.

Tanto si se ha llevado a cabo un control previo como si no, es importante que la dirección realice una evaluación después del uso de la fuerza, incluyendo la consulta del registro en el que se documentan los casos de uso de la fuerza y, si fuera necesario, la visualización de grabaciones de video si las hubiese. Estas evaluaciones a posteriori también permiten que la dirección supervise y ayude a mejorar las prácticas profesionales de su personal.

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Preguntas para el monitoreo

¿Cuál es el marco legal para el uso de la fuerza en el entorno de la prisión?

Niños y niñas

¿Prohíbe la ley la tenencia y uso de armas en los establecimientos destinados a la infancia?

Niños y niñas

¿La ley prohíbe el uso y la portación de armas en los establecimientos para menores?

 

¿Cómo se regula es el uso de armas de descarga eléctrica?

¿Qué medidas toman las autoridades para evitar el uso de la fuerza (seguridad dinámica, las técnicas para moderar la violencia, etc.)?

¿Las intervenciones del personal que implican el uso de la fuerza, son proporcionales a las situaciones a las que se enfrentan?

¿Cómo se incluye la cuestión del uso de la fuerza en la formación del personal de prisiones? ¿Qué es lo que se enfatiza?

¿Las personas detenidas que han sido sometidas al uso de la fuerza, son examinadas y tratadas por un médico de inmediato?

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¿Están determinadas categorías de personas detenidas sometidos al uso de la fuerza de forma discriminatoria?

¿Los casos en los que se dé el uso de la fuerza se documentan de forma rutinaria en un registro?

¿Si hay una denuncia de uso abusivo de la fuerza, se abre una investigación administrativa y/o judicial?

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