Acceso a un juez o jueza

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.

Toda petición o queja se examinará cuanto antes y recibirá una pronta respuesta. Si la petición o queja es desestimada, o en caso de retraso injustificado, el interesado tendrá derecho a presentarla ante un juez u otra autoridad.

1. La persona detenida o su abogado tendrá derecho a interponer en cualquier momento una acción, con arreglo al derecho interno, ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de su detención y, si ésta no fuese legal, obtener su inmediata liberación.

2. El procedimiento previsto en el párrafo 1 del presente principio, será sencillo y expedito y no entrañará costo alguno para el detenido, si éste careciere de medios suficientes. La autoridad que haya procedido a la detención llevará sin demora injustificada al detenido ante la autoridad encargada del examen del caso.

Los Estados Partes velarán por que:

(b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

(d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

2. (...) los Estados Partes garantizarán, en particular: 

(b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: (...)

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

(...) (a) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones;

2. El juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor.

(a) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar que la orientación sexual o la identidad de género no puedan, bajo ninguna circunstancia, ser la base del arresto o la detención, incluyendo la eliminación de disposiciones del derecho penal redactadas de manera imprecisa que incitan a una aplicación discriminatoria o que de cualquier otra manera propician arrestos basados en prejuicios;

(b) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que todas las personas bajo arresto, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tengan el derecho, en base a la igualdad, a ser informadas, en el momento de su detención, de las razones de la misma y notificadas del carácter de las acusaciones formuladas en su contra y, hayan sido o no acusadas de alguna ofensa, a ser llevadas sin demora ante un juez, jueza u otro funcionario o funcionaria a quien la ley habilite para ejercer funciones judiciales y a recurrir ante un tribunal para que este decida sobre la legalidad de su detención; (...)

Toda persona tiene derecho a ser oída en audiencia pública y con justicia por
un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada en su contra, sin prejuicios ni discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca.

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.

7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas,gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los Estados a que:

(...) (c) Garanticen el derecho a la asistencia efectiva de un abogado, por ejemplo, a través de un sistema de asistencia letrada, y el derecho a apelar las decisiones a una autoridad independiente judicial o de otro tipo que sea competente en la materia, sin discriminación; (...)

Aunque el significado exacto de "sin demora" puede variar en función de las circunstancias objetivas, los plazos no deberán exceder de unos pocos días desde el momento de la detención. A juicio del Comité, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial; todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas. Prolongar la reclusión en dependencias de las fuerzas del orden sin control judicial aumenta innecesariamente el riesgo de malos tratos. En la mayoría de los Estados partes las leyes fijan plazos precisos, a veces inferiores a 48 horas, y esos límites tampoco deberán excederse. (...)

(...) En el caso de los menores deberá aplicarse un plazo especialmente estricto, por ejemplo de 24 horas.

Todo menor detenido y privado de libertad deberá ser puesto a disposición de una autoridad competente en un plazo de 24 horas para que se examine la legalidad de su privación de libertad o de la continuación de ésta. El Comité también recomienda que los Estados Partes adopten disposiciones jurídicas estrictas para garantizar que sea objeto de examen periódico la legalidad de la prisión preventiva, preferentemente cada dos semanas. Si no es posible la libertad provisional del menor, por ejemplo mediante la aplicación de medidas alternativas, deberá presentarse una imputación formal de los presuntos delitos y poner al menor a disposición de un tribunal u otra autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en el plazo de 30 días a partir del ingreso del menor en prisión preventiva. El Comité, teniendo en cuenta la práctica de aplazar la vista de las causas ante los tribunales, a menudo en más de una ocasión, insta a los Estado Partes a que adopten las disposiciones jurídicas necesarias para que el tribunal o juez de menores, u otro órgano competente, tome una decisión definitiva en relación con los cargos en un plazo de seis meses a partir de su presentación. 

24. Persons with disabilities arbitrarily or unlawfully deprived of their liberty are entitled to have access to justice to review the lawfulness of their detention, and to obtain appropriate redress and reparation. The Committee calls States parties’ attention to Guideline 20 of the “United Nations Basic Principles and Guidelines on remedies and procedures on the right of anyone deprived of their liberty to bring proceedings before a court”, adopted by the Working Group on Arbitrary Detention on 29 April 2015, during its 72th session. [...]

Toda persona privada de libertad tendrá derecho, en todo momento y circunstancia, a la protección de y al acceso regular a jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, establecidos con anterioridad por la ley.

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a ser informadas prontamente de las razones de su detención y de los cargos formulados contra ellas, así como a ser informadas sobre sus derechos y garantías, en un idioma o lenguaje que comprendan; a disponer de un traductor e intérprete durante el proceso; y a comunicarse con su familia. Tendrán derecho a ser oídas y juzgadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez, autoridad u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, o a ser puestas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso; a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; y a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, si son absueltas o sobreseídas mediante una sentencia firme dictada en el marco de un debido proceso legal y conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

1. Reconociendo que todos tienen derecho a no ser privados arbitraria o ilegalmente de la libertad, se garantiza a todos el derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que este decida sobre la arbitrariedad o la legalidad de la detención, y para obtener sin demora una reparación adecuada y accesible.

8. El derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la arbitrariedad y la legalidad de la detención y recibir sin demora una reparación adecuada y accesible puede ser ejercido por toda persona independientemente de la raza, el color, el sexo, la posición económica, el nacimiento, la edad, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otro tipo, la orientación sexual o la identidad de género, la condición de solicitante de asilo o la situación migratoria, o la discapacidad o cualquier otra condición.

9. Un tribunal revisará la arbitrariedad y la legalidad de la privación de libertad. Se debe establecer por ley y debe tener todas las características de una autoridad judicial competente, independiente e imparcial, capaz de ejercer potestades judiciales reconocibles, incluida la de ordenar la inmediata puesta en libertad si se constata que la detención es arbitraria o ilegal.

11. El ejercicio del derecho a interponer un recurso ante un tribunal sin demora para impugnar la arbitrariedad y la legalidad de la privación de libertad y obtener sin dilación una reparación adecuada y accesible procede desde el momento de la detención hasta la puesta en libertad del detenido o el pronunciamiento de sentencia firme, dependiendo de las circunstancias. El derecho a solicitar reparación después de la puesta en libertad no puede devenir ineficaz por prescripción.

18. El tribunal debe garantizar la comparecencia personal del detenido ante sí, especialmente para la primera vista de la impugnación de la arbitrariedad y la legalidad de la privación de libertad y cada vez que la persona privada de libertad lo solicite.

21. En todos los casos de detención, la carga de establecer el fundamento jurídico y la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad de la detención corresponde a las autoridades responsables de la detención.

22. No se puede imponer restricción alguna a la potestad del tribunal de examinar el fundamento de hecho y de derecho de la arbitrariedad y la legalidad de la privación de libertad.

23. El tribunal debe examinar todas las pruebas disponibles de la arbitrariedad y la legalidad de la detención, a saber, los motivos en los que se basó la detención, y su necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se pretendía lograr en vista de las circunstancias individuales del detenido, y no solo su razonabilidad u otros criterios inferiores de examen.

24. Con el fin de determinar que un caso de privación de libertad es no arbitrario y legal, el tribunal debe estar convencido de que la detención se llevó a cabo por los motivos y de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional y que estos se ajustan a las normas internacionales, y que, en particular, la detención fue y sigue siendo no arbitraria y legal en virtud de la legislación nacional e internacional.

33. El derecho internacional requiere la adopción de medidas específicas que aseguren el acceso significativo de determinados grupos de detenidos al derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la arbitrariedad y la legalidad de la detención y recibir sin demora una reparación adecuada y accesible. Ello incluye, aunque no exclusivamente, a los niños, las mujeres (en particular, las mujeres embarazadas y lactantes), las personas de edad, las personas detenidas en régimen de aislamiento u otras formas de detención incomunicada, las personas con discapacidad, incluidas las discapacidades psicosociales e intelectuales, las personas que viven con el VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles o contagiosas graves, las personas con demencia, los consumidores de drogas, las personas indígenas, los trabajadores del sexo, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, las minorías basadas en la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa o lingüística, los no nacionales, incluidos los migrantes, independientemente de su situación migratoria, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas internamente desplazadas, los apátridas y las personas objeto de trata o en riesgo de serlo.

34. Los niños solo pueden ser privados de su libertad como medida de último recurso y durante el período más breve posible. El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial debe prevalecer en cualquier toma de decisiones y medida adoptada en relación con los niños privados de libertad.

35. El ejercicio del derecho a impugnar la arbitrariedad y la legalidad de la detención de niños debe ser prioritario y accesible, adecuado a la edad, multidisciplinario, efectivo y acorde con las necesidades jurídicas y sociales específicas de los niños.

36. Las autoridades que supervisen la detención de niños deben solicitar ex officio a los tribunales que examinen la arbitrariedad y la legalidad de la detención. Ello no excluye el derecho de todo niño privado de libertad a recurrir ante un tribunal en su propio nombre o, en el caso de que redunde en su interés superior, mediante un representante o un órgano apropiado.

37. Se debe tener en cuenta la necesidad de adoptar medidas adecuadas y adaptadas de accesibilidad y ajustes razonables para que las mujeres y las niñas puedan ejercer su derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la arbitrariedad y la legalidad de la detención y recibir sin demora una reparación adecuada y accesible. Ello incluye la introducción de una política activa de incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en todas las políticas, las leyes, los procedimientos, los programas y las prácticas relativos a la privación de libertad para que el acceso a la justicia sea equitativo y justo.

38. Los tribunales, al examinar la arbitrariedad y la legalidad de la privación de libertad de personas con discapacidad, deben cumplir la obligación del Estado de prohibir el internamiento involuntario por razón de la existencia de una discapacidad real o percibida, en particular de una discapacidad psicosocial o intelectual real o percibida, así como de preparar y aplicar estrategias de desinstitucionalización basadas en el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos. El examen debe incluir la posibilidad de apelación.

39. La privación de libertad de una persona con discapacidad, incluidas las discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, debe estar en conformidad con la ley, en particular con el derecho internacional, y ofrecer las mismas garantías sustantivas y procesales disponibles para los demás en consonancia con el derecho al trato humano y la dignidad inherente a la persona.

40. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas en igualdad de condiciones, y no ser objeto de discriminación por razón de discapacidad. Se debe velar por la protección contra la violencia, los abusos y los malos tratos de cualquier tipo.

41. Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar ajustes y apoyo individualizados y apropiados, en caso necesario, para ejercer el derecho a impugnar la arbitrariedad y la legalidad de la detención en formas accesibles.

42. Los no nacionales, incluidos los migrantes, independientemente de su situación, los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas, en cualquier situación de privación de libertad deben ser informados de los motivos de su detención y de sus derechos en relación con la orden de detención. Ello comprende el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la arbitrariedad y la legalidad y la necesidad y la proporcionalidad de la detención, y recibir sin demora una reparación adecuada y accesible. Comprende también el derecho de las personas mencionadas a la asistencia jurídica de conformidad con el requisito básico de la prestación rápida y eficaz de asistencia jurídica, en un lenguaje que utilicen y en un medio, modo o formato que entiendan, y el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete si no comprenden o no hablan el idioma empleado en el tribunal.

43. Con independencia del órgano responsable de la orden de detención, administrativa o de otro tipo, se debe garantizar a esos no nacionales el acceso a un tribunal que tenga la potestad de ordenar la inmediata puesta en libertad o modificar las condiciones de la puesta en libertad. Se los debe llevar sin demora ante una autoridad judicial ante la cual deben tener acceso a exámenes automáticos, regulares y periódicos de que la detención sigue siendo necesaria, proporcional, legítima y no arbitraria. Ello no excluye el derecho a interponer un recurso ante un tribunal para impugnar la legalidad o la arbitrariedad de la detención.

44. Los recursos contra las resoluciones relativas a la detención de inmigrantes deben ser suspensivos para evitar la expulsión antes del examen caso por caso de los migrantes en detención administrativa, independientemente de su situación.

45. Se prohíbe la privación de libertad como pena o sanción punitiva en el ámbito del control de la inmigración.

46. Se prohíbe la privación de libertad de un niño migrante no acompañado o separado o solicitante de asilo, refugiado o apátrida. La detención de niños debido a la situación migratoria de sus padres constituirá siempre una violación del interés superior del niño y de los derechos del niño.

1. Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica:

a) derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas y costumbres vigentes;

b) el derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente demuestre su inocencia;

c) el derecho a la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección;

d) el derecho a ser juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial.

4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. (...)

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Every person has the right to personal liberty and security. No person shall be subject to arbitrary arrest, search, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty.

(1) Every person charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law in a fair and public trial, by a competent, independent and impartial tribunal, at which the accused is guaranteed the right to defense.

e. Persons subject to pre-trial detention orders shall have the right to challenge the lawfulness of their detention at any time and to seek immediate release in the case of unlawful or arbitrary detention, and compensation and/or other remedies as set out in Part 8 of these Guidelines.

f.  At all hearings to determine the legality of an initial detention order, or of an order extending or renewing pre-trial detention, detainees have the right to be present, the right to the assistance of a lawyer or other legal service provider, the right to access all relevant documents, the right to be heard, and the right to reasonable accommodation to ensure equal enjoyment of rights by persons with disabilities.

a. Regular review of pre-trial detention orders shall be provided for in national law. Judicial authorities and detaining authorities shall ensure that all pre-trial detention orders are subject to regular review.

c. Judicial authorities shall provide written reasons for orders to extend or renew pre-trial detention.

e. Right to be heard

In all judicial proceedings affecting a child, the child shall have an opportunity to be heard either directly or through a representative of his or her choice. The child’s views shall be taken into account by the relevant authority.

b. Legal capacity

Persons with disabilities shall enjoy full legal capacity, access to justice on an equal basis with others, equal treatment before the law, and recognition as a person before the law.

All persons in police custody and pre-trial detention shall have the right, either personally or through their representative, to take proceedings before a judicial authority, without delay, in order to have the legality of their detention reviewed. If the judicial authority decides that the detention is unlawful, individuals have the right to release without delay.