Reclutamiento

1. La administración penitenciaria seleccionará cuidadosamente al personal de
todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y
capacidad profesional de dicho personal dependerá la buena dirección de los
establecimientos penitenciarios.

2. La administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y
mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la
función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto,
utilizará todos los medios apropiados para informar al público.

3. Para lograr los fines mencionados será indispensable que los miembros del
personal penitenciario sean profesionales contratados a tiempo completo con la
condición de funcionarios públicos y, por tanto, con la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física. La remuneración del personal deberá ser
suficiente para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces. Las
prestaciones laborales y condiciones de servicio serán favorables, teniendo en
cuenta el difícil trabajo que desempeñan.

Todo el personal penitenciario poseerá un nivel de educación suficiente y dispondrá de la capacidad y los medios necesarios para desempeñar sus funciones de una manera profesional. 

A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y específicas, que refleje las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Solo los candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término de la capacitación recibirán autorización para ingresar en el servicio penitenciario.

1. En la medida de lo posible, la plantilla del establecimiento penitenciario tendrá
un número suficiente de especialistas, como psiquiatras, psicólogos, trabajadores
sociales, maestros e instructores técnicos.

2. Los servicios de los trabajadores sociales, maestros e instructores técnicos deberán ser de carácter permanente, sin que ello excluya que se pueda contar con
personal contratado a tiempo parcial o personal voluntario. 

1. El director del establecimiento penitenciario estará debidamente calificado
para ejercer su función, tanto por su carácter como por su capacidad administrativa,
su formación y su experiencia profesional.

2. El director del establecimiento penitenciario consagrará toda su jornada
laboral a sus funciones oficiales y no podrá ser contratado a tiempo parcial. Deberá
residir en el establecimiento o en sus inmediaciones.

3. Cuando dos o más establecimientos penitenciarios estén bajo la autoridad de
un único director, este los visitará con frecuencia. Cada uno de dichos
establecimientos contará con un funcionario residente encargado.

1. El director, el subdirector y la mayor parte del personal del establecimiento penitenciario deberán hablar la lengua de la mayoría de los reclusos o una lengua
comprendida por la mayoría de ellos.

2. Se emplearán los servicios de un intérprete calificado cada vez que sea
necesario.

El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas, como educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, siquiatras y sicólogos. Normalmente, esos funcionarios y otros especialistas deberán formar parte del personal permanente, pero ello no excluirá los auxiliares a tiempo parcial o voluntarios cuando resulte apropiado y beneficioso por el nivel de apoyo y formación que puedan prestar. Los centros de detención deberán aprovechar todas las posibilidades y modalidades de asistencia correctivas, educativas, morales, espirituales y de otra índole disponibles en la comunidad y que sean idóneas, en función de las necesidades y los problemas particulares de los menores recluidos.

La administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las clases y categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de su integridad, actitud humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con menores, así como de sus dotes personales para el trabajo.

 Para alcanzar estos objetivos, deberán designarse funcionarios profesionales con una remuneración suficiente para atraer y retener a hombres y mujeres capaces. Deberá darse en todo momento estímulos a los funcionarios de los centros de detención de menores para que desempeñen sus funciones y obligaciones profesionales en forma humanitaria, dedicada, profesional, justa y eficaz, se comporten en todo momento de manera tal que merezca y obtenga el respeto de los menores y brinden a éstos un modelo y una perspectiva positivos.

La administración deberá adoptar formas de organización y gestión que faciliten la comunicación entre las diferentes categorías del personal de cada centro de detención para intensificar la cooperación entre los diversos servicios dedicados a la atención de los menores, así como entre el personal y la administración, con miras a conseguir que el personal que está en contacto directo con los menores pueda actuar en condiciones que favorezcan el desempeño eficaz de sus tareas.

El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su carrera.

El director del centro deberá estar debidamente calificado para su función por su capacidad administrativa, una formación adecuada y su experiencia en la materia y deberá dedicar todo su tiempo a su función oficial.

Las normas de derechos humanos también confirman que los miembros de minorías deben tener acceso en condiciones de igualdad a la formación y al empleo como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en particular en la policía, las fiscalías, el poder judicial y la profesión jurídica

El personal debe ser cuidadosamente seleccionado, formado de una manera adecuada - tanto en el marco de su instrucción inicial como en el de su formación continua -, remunerado como mano de obra especializada y dotado de un estatuto susceptible de asegurarle el respeto de la sociedad civil. 

Durante la selección de nuevos miembros del personal, las Autoridades Penitenciarias, deben subrayar la necesidad de integridad, cualidades humanas y competencias profesionales de los candidatos, así como de las aptitudes requeridas para efectuar el trabajo complejo que les espera.

Los miembros del personal penitenciario profesional deben normalmente ser empleados fijos, con la condición de funcionarios públicos, y beneficiarse, en consecuencia, de una seguridad en el empleo que solo dependa de su buena conducta, de su eficacia, de su aptitud física, de su salud mental y de su nivel de instrucción.

 La remuneración debe ser la suficiente como para permitir reclutar y conservar un
personal competente. 

Las ventajas sociales y las condiciones de empleo deben determinarse teniendo en
cuenta la naturaleza constringente de todos los trabajos efectuados en el marco de un servicio de mantenimiento del orden. 

Cada vez que sea necesario emplear personal a tiempo parcial, estos criterios deben ser aplicados en la medida en la que sean pertinentes. 

El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

El personal deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.

Se garantizará que el personal esté integrado por empleados y funcionarios idóneos, de uno y otro sexo, preferentemente con condición de servidores públicos y de carácter civil. Como regla general, se prohibirá que miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de custodia directa en los establecimientos de las personas privadas de libertad, con la excepción de las instalaciones policiales o militares.

Los lugares de privación de libertad para mujeres, o las secciones de mujeres en los establecimientos mixtos, estarán bajo la dirección de personal femenino. La vigilancia y custodia de las mujeres privadas de libertad será ejercida exclusivamente por personal del sexo femenino, sin perjuicio de que funcionarios con otras capacidades o de otras disciplinas, tales como médicos, profesionales de enseñanza o personal administrativo, puedan ser del sexo masculino.

Se dispondrá en los lugares de privación de libertad de personal calificado y suficiente para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole.

Se asignará al personal de los lugares de privación de libertad los recursos y el equipo necesarios para que puedan desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas, incluyendo una remuneración justa y apropiada, y condiciones dignas de alojamiento y servicios básicos apropiados.

As the CPT stressed in its 9th General Report, mixed gender staffing is an important safeguard against ill-treatment in places of detention. The presence of male and female staff can have a beneficial effect in terms of both the custodial ethos and in fostering a degree of normality in a place of detention.

Mixed gender staffing also allows for appropriate staff deployment when carrying out gender sensitive tasks, such as searches. In this context, the CPT wishes again to emphasise that persons deprived of their liberty should only be searched by staff of the same gender and that any search which requires an inmate to undress should be conducted out of the sight of custodial staff of the opposite gender.

The custody and care of juveniles deprived of their liberty is a particularly challenging task. It should be taken into account that many of them have sufered physical, sexual or psychological violence. The staf called upon to fulfl this task should be carefully selected for their personal maturity, professional integrity and ability to cope with the challenges of working with and safeguarding the welfare of this age group. More particularly, steps should be taken to ensure the regular presence of specialised educators, psychologists and social workers in detention centres for juveniles. They should be committed to working with young people, and be capable of guiding and motivating them. With a view to avoiding a prison-like environment, staff working in direct contact with juveniles should as a rule not carry batons, incapacitating sprays or other means of restraint. The practice observed by the CPT in a number of juvenile detention centres of custodial staf not wearing a prison uniform is to be encouraged. Mixed-sex stafng can have a benefcial efect in terms of the custodial ethos and foster a more caring and relaxed atmosphere.

38. Persons who work with foreign prisoners shall be selected on criteria that include cultural sensitivity, interaction skills and linguistic abilities.