Capacitación del personal penitenciario

1. Todo el personal penitenciario poseerá un nivel de educación suficiente y dispondrá de la capacidad y los medios necesarios para desempeñar sus funciones
de una manera profesional.

2. A todo el personal penitenciario se le impartirá, antes de su entrada en funciones, una capacitación adaptada a sus funciones generales y específicas, que refleje las mejores prácticas contemporáneas de base empírica en el ámbito de las ciencias penales. Solo los candidatos que superen satisfactoriamente las pruebas teóricas y prácticas al término de la capacitación recibirán autorización para ingresar en el servicio penitenciario.

3. La administración penitenciaria impartirá de manera continua cursos de
formación en el empleo con miras a mantener y mejorar los conocimientos y la
capacidad profesional del personal después de su incorporación al servicio y durante su carrera profesional.

La formación mencionada en el párrafo 2 de la regla 75 comprenderá, como
mínimo, los ámbitos siguientes:

a) La legislación, los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes, así
como los instrumentos internacionales y regionales aplicables, cuyas disposiciones
deberán regir la labor del personal penitenciario y su interacción con los reclusos;

b) Los derechos y deberes del personal penitenciario en el ejercicio de sus
funciones, incluido el respeto de la dignidad humana de todos los reclusos y la
prohibición de determinadas conductas, en particular de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) La seguridad, incluido el concepto de seguridad dinámica, el empleo de
la fuerza y de instrumentos de coerción física, y el control de delincuentes violentos,
con la debida consideración al uso de técnicas preventivas y de distensión, como la
negociación y la mediación;
 

d) Primeros auxilios, las necesidades psicosociales de los reclusos y la dinámica correspondiente en los entornos penitenciarios, así como servicios de asistencia y atención sociales, incluida la detección temprana de problemas de salud mental.

El personal penitenciario encargado de ciertas categorías de reclusos, o el que
sea asignado a otras funciones especializadas, recibirá la capacitación especializada que corresponda.

El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus funciones, en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño, incluidas las presentes Reglas. El personal deberá mantener y perfeccionar sus conocimientos y capacidad profesional asistiendo a cursos de formación en el servicio que se organizarán a intervalos apropiados durante toda su carrera.
86. El director del centro deberá estar debidamente calificado para su función por su capacidad administrativa, una formación adecuada y su experiencia en la materia y deberá dedicar todo su tiempo a su función oficial.

g) Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal
penitenciario y a todos los otros funcionarios y functionarias de los sectores público y
privado involucrados en los establecimientos de detención sobre las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los referidos a la orientación sexual y la identidad de género

Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos a agentes de la policía, al personal penitenciario y a todos los otros funcionarios y functionarias de los sectores público y privado que se encuentren en posición de perpetrar o impedir que ocurran dichos actos.

1. El personal que deba ocuparse de las reclusas recibirá capacitación relativa a las necesidades específicas de las reclusas y sus derechos humanos.

2. Se impartirá capacitación básica al personal de los centros de reclusión para mujeres sobre las cuestiones principales relativas a su salud, así como sobre primeros auxilios y procedimientos médicos básicos.

3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará también al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño y se le impartirán nociones básicas sobre su atención sanitaria, a fin de que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia.

El Relator Especial recomienda a los Estados que adopten procedimientos
judiciales administrativos y penales adaptados a los niños y que impartan
formación a los agentes de policía, guardias de fronteras, personal de los centros
de detención, jueces y otras personas que se ocupen de niños privados de libertad
sobre los principios de protección del niño y un mejor conocimiento de su
vulnerabilidad a las violaciones de los derechos humanos, como la tortura y otros
malos tratos. Cabe mencionar en especial a las niñas, que son particularmente
vulnerables, y grupos especiales de niños, como los pertenecientes a las minorías,
niños con discapacidad y migrantes.

La no discriminación y la promoción de la diversidad cultural deben ser parte de la capacitación profesional de todo el personal dentro del sistema de justicia penal.

Las minorías deben participar en el proceso de capacitación, incluso en la elaboración y aplicación de módulos de capacitación. Siempre que sea posible, la capacitación debe ser continua y debe dirigirse, en primer lugar, a los funcionarios de categoría superior a fin de asegurar que ejerzan el liderazgo del proceso.

Unos programas de educación para funcionarios de los organismos encargados
de hacer cumplir la ley y del sistema de administración de justicia y las prisiones
que sean apropiados deberían incluir el respeto de los derechos humanos, la
tolerancia y la amistad entre los grupos raciales, étnicos o religiosos, así como
actividades de concienciación sobre las relaciones interculturales 120 y la eliminación de la conducta discriminatoria (incluidos los perfiles oficiosos) 

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los
Estados a que:

z) Implanten programas específicos de formación y capacitación diseñados para sensibilizar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y al personal de los centros de detención sobre las circunstancias específicas y las necesidades particulares de las mujeres y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad, y sobre normas como las Reglas de Bangkok.

Antes de incorporarse al trabajo, el personal debe asistir a un curso de formación
general y especial, y aprobar pruebas teóricas y prácticas. 

La Administración debe actuar de manera que, a todo lo largo de su carrera, el
personal mantenga y mejore sus conocimientos y sus competencias profesionales,
siguiendo cursos de formación continua y de perfeccionamiento organizados a
intervalos apropiados. 

El personal que vaya a trabajar con grupos específicos de internos - súbditos
extranjeros, mujeres, menores, enfermos mentales, etc. - debe recibir una formación
especial adaptada a sus tareas especializadas. 

 La formación de todos los miembros del personal debe contener el estudio de los
instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos,
especialmente la Convención Europea de los Derechos del Hombre, y la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratamientos Inhumanos o Degradantes, así como la aplicación de la Reglas Penitenciarias Europeas. 

(...) El personal de los lugares de privación de libertad recibirá instrucción inicial y capacitación periódica especializada, con énfasis en el carácter social de la función. La formación de personal deberá incluir, por lo menos, capacitación sobre derechos humanos; sobre derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones; y sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza, armas de fuego, así como sobre contención física. Para tales fines, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos promoverán la creación y el funcionamiento de programas de entrenamiento y de enseñanza especializada, contando con la participación y cooperación de instituciones de la sociedad y de la empresa privada.
 

The cornerstone of a humane prison system will always be properly recruited and trained prison staff who know how to adopt the appropriate attitude in their relations with prisoners and see their work more as a vocation than as a mere job. Building positive relations with prisoners should be recognised as a key feature of that vocation.

Finally, the CPT wishes to emphasise the great importance it attaches to the training of law enforcement personnel1 (which should include education on human rights matters - cf. also Article 10 of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). There is arguably no better guarantee against the ill- treatment of a person deprived of his liberty than a properly trained police or prison officer. Skilled officers will be able to carry out successfully their duties without having recourse to ill- treatment and to cope with the presence of fundamental safeguards for detainees and prisoners.

In this connection, the CPT believes that aptitude for interpersonal communication should be a major factor in the process of recruiting law enforcement personnel and that, during training, considerable emphasis should be placed on developing interpersonal communication skills, based on respect for human dignity. The possession of such skills will often enable a police or prison officer to defuse a situation which could otherwise turn into violence, and more generally, will lead to a lowering of tension, and raising of the quality of life, in police and prison establishments, to the benefit of all concerned.

All staf, including those with custodial duties, who are in direct contact with juveniles should receive professional training, both during induction and on an ongoing basis, and beneft from appropriate external support and supervision in the exercise of their duties. Particular attention should be given to staf training in the management of violent incidents, especially in verbal de-escalation to reduce tension and professional restraint techniques.

It is the responsibility of the establishments' administration to take special precautions to protect juveniles from all forms of abuse, including sexual or other kinds of exploitation. Staf members should be alert to signs of bullying (including physical and sexual assault, verbal abuse, extortion, and theft of other juveniles' belongings) and should know how to respond accordingly and adopt a pro-active attitude to prevent such incidents from occurring.

States should have in place, and make known, laws, policies and standard operating procedures, which accord with Member States’ obligations under the African Charter on Human and Peoples’ Rights and other international law and standards, to: j. Ensure that there is adequate and efficient staffing in places of detention, and that staff are trained in terms of these Guidelines, including special training on the provisions for vulnerable persons, and subject to effective oversight and accountability mechanisms.

a. States shall ensure that all officials who are involved in the arrest, custody, interrogation and treatment of individuals subject to arrest, police custody and pre-trial detention are properly trained in relation to the provisions of these Guidelines. The provisions of these Guidelines and other relevant guidelines developed by the African Commission pursuant to the African Charter shall be fully incorporated into the curricula of all basic and in-service training.

b. States shall ensure that where places of detention are under the management of, or staffed by, private security organisations, all personnel are properly trained in relation to the provisions and implemen- tation of these Guidelines, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and all other relevant guidelines developed by the African Commission and the United Nations.

39.1. Staff involved in the admission of foreign prisoners shall be appropriately trained to deal with them.

39.2. Persons who work with foreign prisoners shall be trained to respect cultural diversity and to understand the particular problems faced by such prisoners.

39.3. Such training may include learning languages spoken most often by foreign prisoners.

39.4. Training programmes shall be evaluated and revised regularly to ensure they reflect changing populations and social circumstances.

39.5. Persons who deal with foreign suspects and offenders shall be kept informed of current national law and practices and international and regional human rights law and standards relating to their treatment, including this recommendation.

40. Appropriately trained specialists shall be appointed to engage in work with foreign prisoners and to liaise with the relevant agencies, professionals and associations on matters related to such prisoners.