Trabajo

Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren en igual situación.

1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente
proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo
pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr,
en lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad tras su puesta en
libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto
de su trabajo.

2. Para lograr ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras
autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y
trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las
de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el
deporte. Todos esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a
las necesidades de tratamiento individuales de los reclusos. 

1. Los reclusos penados tendrán la oportunidad de trabajar y participar
activamente en su reeducación, previo dictamen de aptitud física y mental emitido
por un médico u otro profesional de la salud competente.

2. Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo que sea suficiente para
que se mantengan ocupados durante una jornada laboral normal. 

1. El trabajo penitenciario no será de carácter aflictivo.

2. No se someterá a los reclusos a esclavitud o servidumbre.

3. No se obligará a ningún recluso a trabajar en beneficio personal o privado de
ningún funcionario del establecimiento penitenciario. 

1. En la medida de lo posible, el trabajo contribuirá, por su naturaleza, a
mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganarse la vida honradamente
tras su puesta en libertad.

2. Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en
condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes.

3. Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con
las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán
elegir la clase de trabajo a la que deseen dedicarse. 

1. La organización y los métodos de trabajo en el establecimiento penitenciario
se asemejarán todo lo posible a los que se apliquen a un trabajo similar en el
exterior, a fin de preparar a los reclusos para la vida laboral normal.

2. No obstante, no se supeditará el interés de los reclusos y de su formación
profesional al objetivo de lograr beneficios pecuniarios de una industria
penitenciaria.

1. De ser posible, las industrias y granjas del establecimiento penitenciario serán
gestionadas directamente por la administración del establecimiento penitenciario, y
no por contratistas privados.

2. Los reclusos que se empleen en algún trabajo no controlado por la
administración del establecimiento penitenciario estarán siempre bajo la supervisión
del personal penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias
públicas, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la administración
penitenciaria el salario normal exigible por dicho trabajo, teniendo en cuenta el
rendimiento del recluso.

1. En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones
aplicables para proteger la seguridad e higiene de los trabajadores libres.

2. Se tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos en caso de accidente
de trabajo o enfermedad profesional, en condiciones no menos favorables que las
que la ley disponga para los trabajadores libres. 

1. Se fijará por ley o por reglamento administrativo el número máximo de horas
de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta las normas o
usos locales con respecto al empleo de los trabajadores libres.

2. Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo
suficiente para la instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la
reeducación del recluso. 

1. Se establecerá un sistema justo de remuneración del trabajo de los reclusos.

2. El sistema permitirá a los reclusos que utilicen al menos una parte de su
remuneración para adquirir artículos destinados a su uso personal y que envíen otra
parte a su familia.

3. El sistema dispondrá igualmente que la administración del establecimiento
penitenciario reserve una parte de la remuneración de los reclusos a fin de constituir
un fondo que les será entregado en el momento de su puesta en libertad. 

Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio.

(b) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de capacitación;

 Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo.

Teniendo debidamente en cuenta una selección profesional racional y las exigencias de la administración del establecimiento, los menores deberán poder optar por la clase de trabajo que deseen realizar.

Deberán aplicarse a los menores privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales de protección que se aplican al trabajo de los niños y a los trabajadores jóvenes.

Siempre que sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de realizar un trabajo remunerado, de ser posible en el ámbito de la comunidad local, que complemente la formación profesional impartida a fin de aumentar la posibilidad de que encuentren un empleo conveniente cuando se reintegren a sus comunidades. El tipo de trabajo deberá ser tal que proporcione una formación adecuada y útil para los menores después de su liberación. La organización y los métodos de trabajo que haya en los centros de detención deberán asemejarse lo más posible a los de trabajos similares en la comunidad, a fin de preparar a los menores para las condiciones laborales normales.

Todo menor que efectúe un trabajo tendrá derecho a una remuneración justa. El interés de los menores y de su formación profesional no deberá subordinarse al propósito de obtener beneficios para el centro de detención o para un tercero. Una parte de la remuneración del menor debería reservarse de ordinario para constituir un fondo de ahorro que le será entregado cuando quede en libertad. El menor debería tener derecho a utilizar el remanente de esa remuneración para adquirir objetos destinados a su uso personal, indemnizar a la víctima perjudicada por su delito, o enviarlo a su propia familia o a otras personas fuera del centro.

Por otro lado, el Comité ha comprobado que en los informes de algunos Estados Partes no se proporciona información en lo que respecta al régimen aplicable a los menores acusados y a los menores delincuentes. El apartado b) del párrafo 2 del artículo 10 dispone que los menores procesados estarán separados de los adultos. Los datos presentados en los informes indican que algunos Estados Partes no prestan toda la atención necesaria al hecho de que se trata de una disposición imperativa del Pacto. Además, el texto añade que los asuntos relativos a los menores deberán ser examinados con la mayor celeridad posible. En los informes debería precisarse las medidas adoptadas por los Estados Partes para poner en práctica dicha disposición. Por último, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 10, los menores delincuentes deben estar separados de los adultos y sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica en cuanto a las condiciones de detención, tales como horarios de trabajo más cortos y contacto con sus familiares a fin de favorecer su reeducación y su readaptación social. El artículo 10 no indica ningún límite de edad para los menores delincuentes. Aunque cada Estado Parte deberá decidir sobre este particular a la luz de las condiciones sociales y culturales pertinentes, el Comité opina que el párrafo 5 del artículo 6 sugiere que todos los menores de 18 años deberían ser tratados como menores, al menos en las cuestiones relativas a la justicia penal. Los Estados deberían proporcionar datos pertinentes sobre los grupos de edad de las personas a las que se da tratamiento de menores. A este respecto, se invita a los Estados Partes a indicar si están aplicando las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, denominadas Reglas de Beijing (1987).

Los solicitantes de asilo con discapacidades deben disfrutar de los derechos incluidos en estas Directrices sin ninguna discriminación. Esto puede requerir que los Estados dispongan de “alojamientos razonables” o hagan cambios en su política y práctica de detención para corresponder a los requerimientos y necesidades específicas de estas personas.

Para evitar la detención arbitraria es necesario su identificación rápida y sistemática y su registro y todas las medidas alternativas tendrían que ser adaptadas a sus necesidades  específicas, como el reporte telefónico para personas con discapacidades físicas. Como regla general, no se debe detener a los solicitantes de asilo con discapacidad crónica física, mental, intelectual y sensorial. Además, los procedimientos migratorios deben ser accesibles para personas con discapacidades, incluso para facilitar su derecho a la libertad de circulación.

Los solicitantes de asilo de más edad pueden requerir cuidado y asistencia especial debido a su edad, vulnerabilidad, movilidad disminuida, estado físico o psicológico, u otras condiciones. Sin tal cuidado y asistencia, su detención puede volverse ilegal. Las medidas alternativas tienen que tomar en consideración sus circunstancias particulares, incluyendo su bienestar físico y mental.

El trabajo en prisión se considerará como un elemento positivo del
régimen penitenciario y en ningún caso se impondrá como castigo. 

Las autoridades penitenciarias se esforzarán en facilitar un trabajo
suficiente y útil. 

 Este trabajo permitirá, en la medida de lo posible, mantener o aumentar
la capacidad del detenido para ganarse la vida después de salir de la prisión. 

De acuerdo con la regla 13, no se discriminará por cuestiones de sexo en
la asignación de los trabajos. 

Se propondrá un trabajo que incluya formación profesional a los
detenidos que estén en condiciones de aprovecharlo, especialmente a los
jóvenes. 

En la medida de lo posible, los detenidos podrán escoger el tipo de
trabajo que deseen realizar teniendo en cuenta la disponibilidad de los
trabajos, una selección profesional adecuada y los requisitos de orden y
disciplina. 

La organización y los métodos de trabajo en las prisiones deberán
semejarse tanto como sea posible a los que rigen un trabajo análogo fuera de
la prisión, con el objetivo de preparar a los detenidos para una vida
profesional en condiciones normales.

Aunque el hecho de obtener un beneficio económico del trabajo
penitenciario pueda servir para mejorar la calidad y la importancia de la
formación profesional, los intereses de los detenidos, sin embargo, no deben
subordinarse a dichas finalidades. 

Las autoridades penitenciarias facilitarán el trabajo de los detenidos, por
su propia cuenta o en colaboración con empresarios privados, tanto dentro
como fuera de la prisión. 

En cualquier caso, el trabajo de los detenidos se remunerará de forma equitativa.

Los detenidos podrán dedicar al menos una parte de su remuneración a
la compra de artículos autorizados destinados a uso personal y enviar otra
parte a su familia. 

Los detenidos podrán ser animados a ahorrar una parte de su
remuneración, que podrán recuperar cuando salgan de prisión o dedicar a
otros fines autorizados. 

Las medidas aplicadas en materia de salud y de seguridad asegurarán
una protección eficaz de los detenidos y no pueden ser menos rigurosas que
las aplicadas a los trabajadores fuera de la prisión. 

Se tomarán medidas para indemnizar a los detenidos víctimas de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales en condiciones tan
favorables como las previstas por la ley del país para los trabajadores fuera
de la prisión. 

El número diario y semanal máximo de horas de trabajo de los detenidos se fijará de acuerdo con la legislación vigente en el mundo laboral externo.

 Los detenidos disfrutarán al menos de un día de descanso a la semana y de un tiempo suficiente para actividades educativas y de otro tipo. 

 Los detenidos disfrutarán al menos de un día de descanso a la semana y de un tiempo suficiente para actividades educativas y de otro tipo. 

Se ofrecerá a los detenidos a la espera de juicio la posibilidad de trabajar, aunque no estarán obligados a ello.

Cuando decidan trabajar, se les aplicarán todas las disposiciones de la regla 26, incluida la referida a la remuneración. 

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo. (...)

Los Estados Miembros promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la orientación vocacional y el desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional; y garantizarán el establecimiento de talleres laborales permanentes, suficientes y adecuados, para lo cual fomentarán la participación y cooperación de la sociedad y de la empresa privada.

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán aplicar a los niños y niñas privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales de protección vigentes en materia de trabajo infantil, a fin de evitar, particularmente, la explotación laboral y garantizar el interés superior de la niñez.

A satisfactory programme of activities (work, education, sport, etc.) is of crucial importance for the well-being of prisoners. This holds true for all establishments, whether for sentenced prisoners or those awaiting trial. The CPT has observed that activities in many remand prisons are extremely limited. The organisation of regime activities in such establishments - which have a fairly rapid turnover of inmates - is not a straightforward matter. Clearly, there can be no question of individualised treatment programmes of the sort which might be aspired to in an establishment for sentenced prisoners. However, prisoners cannot simply be left to languish for weeks, possibly months, locked up in their cells, and this regardless of how good material conditions might be within the cells. The CPT considers that one should aim at ensuring that prisoners in remand establishments are able to spend a reasonable part of the day (8 hours or more) outside their cells, engaged in purposeful activity of a varied nature. Of course, regimes in establishments for sentenced prisoners should be even more favorable.

Naturally, the CPT is also attentive to the particular problems that might be encountered by certain specific categories of prisoners, for example: women, juveniles and foreigners.

(...) The existence of a satisfactory programme of activities is just as important - if not more so - in a high security unit than on normal location. It can do much to counter the deleterious effects upon a prisoner's personality of living in the bubble-like atmosphere of such a unit. The activities provided should be as diverse as possible (education, sport, work of vocational value, etc.). As regards, in particular, work activities, it is clear that security considerations may preclude many types of work which are found on normal prison location. Nevertheless, this should not mean that only work of a tedious nature is provided for prisoners (...).

Although a lack of purposeful activity is detrimental for any prisoner, it is especially harmful for juveniles, who have a particular need for physical activity and intellectual stimulation. Juveniles deprived of their liberty should be offered a full programme of education, sport, vocational training, recreation and other purposeful activities.(...)

It is particularly important that girls and young women deprived of their liberty should enjoy access to such activities on an equal footing with their male counterparts. All too often, the CPT has encountered female juveniles being offered activities which have been stereotyped as "appropriate" for them (such as sewing or handicrafts), whilst male juveniles are offered training of a far more vocational nature. In this respect, the CPT wishes to express its approval of the principle set forth in Rule 26.4 of the Beijing Rules, to the effect that every effort must be made to ensure that female juveniles deprived of their liberty "by no means receive less care, protection, assistance, treatment and training than young male offenders. Their fair treatment shall be ensured."

Women deprived of their liberty should enjoy access to meaningful activities (work, training, education, sport etc.) on an equal footing with their male counterparts. As the Committee mentioned in its last General Report, CPT delegations all too often encounter women inmates being offered activities which have been deemed "appropriate" for them (such as sewing or handicrafts), whilst male prisoners are offered training of a far more vocational nature.

In the view of the CPT, such a discriminatory approach can only serve to reinforce outmoded stereotypes of the social role of women. Moreover, depending upon the circumstances, denying women equal access to regime activities could be qualified as degrading treatment.

27.1. Foreign prisoners shall have access, where appropriate, to suitable work and vocational training, including programmes outside prison.

27.2. Where necessary, specific measures shall be taken to ensure that foreign prisoners have access to income-producing work.

27.3. Foreign prisoners may transfer at least a part of their earnings to family members who are resident abroad.

27.4. Foreign prisoners who work and contribute to the social security system of the State in which they are imprisoned shall be allowed, where possible, to transfer the benefits of such contributions to their State of nationality or another State.