El personal de atención sanitaria

1. Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención
sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental
de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o
problemas de salud que dificulten su reeducación.

2. El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con
suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea
suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Todo recluso
tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado.

Solo podrán tomar decisiones médicas los profesionales de la salud competentes, y el personal penitenciario no sanitario no podrá desestimar ni desoír esas decisiones.

1. La relación entre el médico u otros profesionales de la salud y los reclusos estará determinada por las mismas normas éticas y profesionales que se apliquen a los pacientes en la comunidad exterior, en particular:

a) La obligación de proteger la salud física y mental de los reclusos y de prevenir y tratar las enfermedades exclusivamente por razones clínicas;
b) El respeto a la autonomía de los reclusos en lo que respecta a su propia salud, y el consentimiento informado como base de la relación entre médico y
paciente;
c) La confidencialidad de la información médica, a menos que mantenerla pueda dar lugar a una situación de peligro real e inminente para el paciente o para
terceros;
d) La prohibición absoluta de participar, activa o pasivamente, en actos que puedan constituir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidos experimentos médicos o científicos que puedan ser perjudiciales para la salud del recluso, como la extracción de células, tejido u órganos.

2. Sin menoscabo de lo dispuesto en el párrafo 1 d) de esta regla, se podrá permitir que los reclusos, previo consentimiento suyo libre e informado, y de conformidad con la legislación aplicable, participen en ensayos clínicos y en otro tipo de investigaciones médicas accesibles a nivel de la comunidad si se prevé que
reportarán un beneficio directo y apreciable para su salud, y donen células, tejido y
órganos a un familiar.

El médico informará al director del establecimiento penitenciario cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser perjudicada por su reclusión continuada o por determinadas condiciones de reclusión.

Si los profesionales de la salud, al examinar a un recluso en el momento de su
ingreso en prisión o al prestarle atención médica posteriormente, se percatan de
algún indicio de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
deberán documentar y denunciar esos casos ante la autoridad médica, administrativa o judicial competente. Se seguirá el procedimiento de seguridad apropiado para no exponer al recluso o a sus allegados a los peligros que pudieran correr el riesgo de
sufrir. 

1. El médico o el organismo de salud pública competente hará inspecciones
periódicas y asesorará al director del establecimiento penitenciario con respecto a:

a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos;
b) La higiene y el aseo de las instalaciones y de los reclusos;
c) Las condiciones de saneamiento, climatización, iluminación y ventilación;
d) La calidad y el aseo de la ropa y la cama de los reclusos;
e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y la práctica
deportiva cuando estas actividades no sean organizadas por personal especializado.

2. El director del establecimiento penitenciario tendrá en cuenta el asesoramiento
y los informes presentados conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de esta regla y en
la regla 33 y adoptará inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan los
consejos y recomendaciones que consten en los informes. Cuando esos consejos o
recomendaciones no correspondan a su ámbito de competencia, o cuando no esté
conforme con ellos, el director transmitirá inmediatamente a una autoridad superior
su propio informe y los consejos o recomendaciones del médico o del organismo de
salud pública competente.

1. El personal sanitario no desempeñará ningún papel en la imposición de
sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas. Prestará, en cambio, particular
atención a la salud de todo recluso sometido a cualquier régimen de separación forzosa, por ejemplo visitándolo a diario y proporcionándole con prontitud atención
y tratamiento médicos si así lo solicita el propio recluso o el personal penitenciario.

2. El personal sanitario comunicará al director del establecimiento penitenciario,
sin dilación, todo efecto desfavorable en la salud física o mental del recluso de las
sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se le hayan impuesto, y le
hará saber si considera necesario que se interrumpan o modifiquen dichas sanciones o medidas por razones de salud física o mental.

3. El personal sanitario estará facultado para examinar las condiciones de separación forzosa de un recluso y recomendar los cambios que correspondan con el fin de velar por que dicha separación no agrave la enfermedad o la discapacidad
física o mental del recluso.

1. Se prohibirá el empleo de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción
física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor.

2. Otros instrumentos de coerción física solo podrán ser utilizados cuando la ley
los autorice y en los siguientes casos:

a) Como medida de precaución contra la evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en el momento en que el recluso comparezca ante una autoridad judicial o administrativa;

b) Por orden del director del establecimiento penitenciario, si han fracasado los demás métodos de control, a fin de impedir que el recluso se lesione a sí mismo o lesione a terceros, o que produzca daños materiales, en cuyos casos el director
deberá alertar inmediatamente al médico u otros profesionales de la salud competentes e informar a la autoridad administrativa superior.

Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud, en particular los médicos:

a) Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas presas y detenidas, en una forma que pueda afectar la condición o salud física o mental de dichos presos o detenidos y que no se conforme a los instrumentos internacionales pertinentes 2/ ;

b) Certifiquen, o participen en la certificación, de que la persona presa o detenida se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de tratamiento o castigo que pueda influir desfavorablemente en su salud física y mental y que no concuerde con los instrumentos internacionales pertinentes, o participen de cualquier manera en la administración de todo tratamiento o castigo que no se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes.

Cada prisión deben disponer al menos de los servicios de un médico de medicina
general. 

Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar que en todo momento pueda
intervenir un médico diplomado sin demora en caso de urgencia. 

Las prisiones que no dispongan de médico a tiempo completo deben recibir visitas
regulares de un médico a tiempo parcial. 

Toda prisión debe disponer de personal que haya recibido una formación médica
adecuada. 

Todo interno debe tener acceso a la atención de dentistas y oftalmólogos titulados. 

Prison doctors should be well versed in both general and psychiatric disorders. Their training should comprise the acquisition of initial theoretical knowledge, an understanding of the prison environment and its effects on medical practice in prison, an assessment of their skills, and a traineeship under the supervision of a more senior colleague. They should also be provided with regular in-service training.

Appropriate training should also be provided to other health care staff and should include knowledge about the functioning of prisons and relevant prison regulations.

The health-care staff in any prison is potentially a staff at risk. Their duty to care for their patients (sick prisoners) may often enter into conflict with considerations of prison management and security. This can give rise to difficult ethical questions and choices. In order to guarantee their independence in health-care matters, the CPT considers it important that such personnel should be aligned as closely as possible with the mainstream of health-care provision in the community at large.

Whatever the formal position under which a prison doctor carries on his activity, his clinical decisions should be governed only by medical criteria […].

A prison doctor acts as a patient's personal doctor. Consequently, in the interests of safeguarding the doctor/patient relationship, he should not be asked to certify that a prisoner is fit to undergo punishment. Nor should he carry out any body searches or examinations requested by an authority, except in an emergency when no other doctor can be called in.

Prison doctors and nurses should possess specialist knowledge enabling them to deal with the particular forms of prison pathology and adapt their treatment methods to the conditions imposed by detention.