Correspondencia / teléfono / Internet

Las personas detenidas deben poder realizar y recibir tantas llamadas telefónicas como sea posible y puedan solventar. La primera llamada, a su llegada al centro, para informar a la familia y amistades debe correr a cargo del estado. En el caso de las personas indigentes, debe considerarse la posibilidad de suprimir o reducir el coste de las llamadas para que no se vean privadas del contacto con el mundo exterior.

La recepción y realización de llamadas pueden verse restringidas por razones operativas. Las llamadas pueden ser limitadas a ciertos momentos durante el día, aunque debe haber cierta flexibilidad para las personas cuyas amistades o familia se encuentren en diferentes zonas horarias (por ejemplo, las personas extranjeras), o en el horario después del trabajo, ya que las familias de algunas personas detenidas (las mujeres normalmente) pueden no encontrarse en casa hasta tarde. La duración de las llamadas también puede ser restringida para asegurar que todas las personas tengan la misma oportunidad de acceder al teléfono.

La cantidad de teléfonos proporcionados debe ser la adecuada para evitar que se tengan que esperar largos períodos de tiempo para usar el teléfono. Se debe considerar la ubicación adecuada de los teléfonos: deben ser de libre acceso para todas las personas, incluyendo a aquellas personas con alguna discapacidad e, idealmente, en una zona que ofrezca algo de privacidad. Sin embargo, el teléfono no debe colocarse de tal manera que permita la intimidación de aquellas personas que estén usándolo, ni exigir un pago a cambio de su uso.

Las autoridades penitenciarias pueden monitorear las llamadas telefónicas por el interés de la seguridad y el orden en el centro de detención – por ejemplo, cuando las autoridades sospechan que una persona está implicada en actividades ilegales. Dicho seguimiento debe ser autorizado por la dirección de la prisión y se debe hacer en base a la existencia de una sospecha razonable de que dicha actividad ilegal se está llevando a cabo.

Las autoridades penitenciarias pueden interrumpir las llamadas telefónicas si creen, sobre una base razonable, que la llamada podría interferir con la acción de la justicia o poner en peligro la seguridad de la prisión. Para proporcionar una garantía contra la interferencia arbitraria en la vida privada, se debe mantener un registro de las medidas adoptadas en relación al monitoreo de llamadas, incluidas las posibles interrupciones de llamadas y la razón por la que se hizo. Estos registros deben guardarse por un período determinado de tiempo y deben ser accesibles solamente para personas con autorización específica.

Las llamadas telefónicas con "personas protegidas" (por ejemplo, asistencia legal, Defensor o Defensora del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos, miembros del Parlamento o del Poder Judicial) debe ser siempre confidencial y se debe permitir que tenga lugar con la frecuencia necesaria, aunque esto está sujeto a algunas limitaciones operativas. La confidencialidad de las comunicaciones telefónicas implica que estas llamadas no deben ser monitoreadas, y que las instalaciones para realizarlas deben estar fuera del radio de escucha del personal y del resto de la población interna. Cualquier duda que las autoridades penitenciarias puedan tener acerca de las credenciales de un abogado o abogada debe resolverse antes de la comunicación.

Se debe permitir a las personas privadas de libertad que envíen tantas cartas como puedan permitirse y no debe haber restricciones en el número de cartas que pueden recibir. Deberá proveerse material de escritura de forma gratuita o con un coste mínimo. El correo saliente debe ser enviado en un plazo adecuado (en un máximo de 24 horas de lunes a viernes, y 48 horas los fines de semana), y el correo recibido debe ser transmitido en un plazo máximo de 24 horas.

En ciertos casos, el derecho a la correspondencia puede verse limitado. Las autoridades pueden abrir y leer, censurar, o en casos extremos, retener la correspondencia de una persona detenida. Cualquier interferencia con la correspondencia debe estar justificada por razones claramente establecidas por ley o en la normativa de la prisión; al igual que cualquier otra limitación, debe tener un propósito legítimo. Esto podría incluir la protección de la seguridad de la prisión, evitar volver a traumatizar a la víctima o la interferencia con una investigación o juicio.

Si la apertura de correo se considera necesaria para la seguridad de la prisión, en la mayoría de los casos, una muestra aleatoria debe ser suficiente para abordar esta preocupación, en lugar de abrir todo el correo. Como garantía, un o una supervisora, o gerente, debe tener la función específica de apertura y revisión del correo y debe estar sujeto o sujeta a la obligación de confidencialidad. Cuando se considere necesario leer y censurar o retener la correspondencia particular de una persona detenida, debe ser una autoridad independiente quién tome la decisión, como por ejemplo, un juez o jueza (ver más adelante: sección ‘personas en detención preventiva’).

Toda la correspondencia, ya sea de entrada o de salida, con una persona protegida, como la asistencia legal, debe ser confidencial. Si las autoridades tuviesen razones para creer que se está realizando contrabando o que la carta no es, de hecho, de quién se dice, podrá abrirse la carta, pero esto debe hacerse en presencia de la persona interesada y el contenido no debe ser leído. Debe guardarse un registro de las aperturas de correo protegido.

Las personas detenidas deben tener la posibilidad de recibir paquetes de familiares y amistades. Las autoridades pueden poner límites en el peso de cada paquete y en el número total que cada persona puede recibir. Los paquetes conteniendo elementos considerados por las autoridades penitenciarias como una posible amenaza para la seguridad o para el mantenimiento del orden en el lugar de detención, pueden ser confiscados y, o bien devueltos al finalizar la condena, o bien desechados. Las personas detenidas deben ser informadas de esto. Cada lugar de detención debe tener una política sobre la recepción de paquetes que indique claramente lo que está permitido y los procedimientos a seguir; esta debe ponerse en conocimiento de las personas detenidas y sus familias.

Las personas en prisión preventiva se encuentran en una situación especial en lo que respecta a la comunicación con el mundo exterior. Por un lado, la comunicación debe ser tan libre como sea posible dada la presunción de inocencia previa al juicio. Estas personas pueden tener una necesidad importante de comunicación con su abogado o abogada en lo que concierne a su situación legal, con su familia y amistades o por la necesidad de gestionar asuntos de propiedad o de negocios. Por otro lado, puede haber razones válidas para restringir la comunicación – por ejemplo, el riesgo de que esta comunicación pueda: interferir con una investigación criminal en curso, intimidar a las personas que puedan testificar o contribuir a la comisión de nuevos delitos.

En el caso de que las autoridades restrinjan las llamadas telefónicas o la correspondencia por estos motivos, la decisión debe tomarla un organismo independiente de la prisión. Estas restricciones deben limitarse a aquellas que sean razonablemente necesarias y, además, deben imponerse durante el menor tiempo posible y estando sujetas a una revisión periódica. La censura se debe hacer de manera que sea lo menos restrictiva posible (por ejemplo, tachando palabras en lugar de no transmitir una carta entera) y debe llevarse a cabo de acuerdo con una política establecida que se encuentre a disposición de las personas detenidas y sus familiares.

Siempre que sea posible, las personas detenidas deben contar con acceso al correo electrónico ya que puede ser un medio barato, fácil y de uso general para la comunicación con el exterior. Se pueden configurar sistemas para abordar cualquier preocupación de seguridad (por ejemplo, permitir el envío de correos electrónicos a destinatarios y destinatarias autorizadas a través de redes seguras). Este tipo de accesos pueden ayudar en la preparación de la reinserción en la comunidad tras la puesta en libertad.

Las autoridades penitenciarias también deben estar abiertas a las oportunidades que ofrecen otras nuevas tecnologías, tales como Skype, como medio para que las personas detenidas se conecten con el mundo exterior.

Las mujeres suelen encontrarse en centros de detención lejos de sus hogares, debido a su inferioridad relativa en número y a la existencia de pocas prisiones específicas para mujeres. Como consecuencia, es posible que no reciban muchas visitas y, por lo tanto, el acceso al teléfono y al correo electrónico es particularmente importante para mantenerse en contacto con sus familias y amistades y, especialmente, con sus hijos e hijas en los casos en que las mujeres son separadas estos y estas. Permitir llamadas telefónicas adicionales a las personas que no reciben muchas visitas, es una manera de ayudar a las mujeres detenidas a mantener el contacto con el mundo exterior.

Las personas que se identifican como LGBTI a menudo sufren una discriminación significativa dentro de la prisión, tanto por parte del personal, como de otras personas detenidas. Esta discriminación puede dar lugar a la negación de acceso a los medios básicos de comunicación – por ejemplo, no permitiéndoles el acceso a los teléfonos o al material de escritura. Las autoridades penitenciarias deben tomar consciencia de esta situación de aislamiento y discriminación y adoptar las medidas necesarias para fomentar el contacto con el mundo exterior. Para las personas que no tengan tal contacto, las autoridades pueden, con el consentimiento de la persona detenida, intentar ponerles en contacto con ONG que ofrecen servicios de apoyo a las personas LGBTI o a personas privadas de libertad en general.

Las personas extranjeras detenidas pueden experimentar, de manera acuciante, el aislamiento en la cárcel, ya que puede que no hablen el idioma o que no puedan recibir muchas visitas de sus familias y amistades. El acceso a la correspondencia y al teléfono por lo tanto, adquiere una importancia muy significativa en estos casos. Las autoridades penitenciarias deben buscar formas alternativas para garantizar que las personas extranjeras puedan mantener el contacto con su comunidad – por ejemplo, proporcionando tiempo adicional o acumulativo para el uso del teléfono; esto les permite llamar en horarios distintos teniendo en cuenta las diferentes franjas horarias, y cuando los recursos lo permitan, se puede proporcionar apoyo financiero para cubrir el coste de las llamadas telefónicas internacionales. Las personas detenidas deben pagar tarifas para llamadas internacionales lo más baratas posibles.

Las autoridades penitenciarias deben ser conscientes de las necesidades particulares de comunicación de las personas detenidas que tengan alguna discapacidad. Por ejemplo, la incapacidad para leer el correo sin ayuda, o la dificultad para usar el teléfono debido a una deficiencia auditiva. Deben permitirse ciertos ajustes razonables (por ejemplo, material de escritura específico, o el uso de equipamientos de adaptación para las llamadas telefónicas) para que las personas con alguna discapacidad no se encuentren en una situación de desventaja. Estos servicios deben ser proporcionados de manera que se respete su derecho a la confidencialidad.

Los teléfonos deben estar situados en un lugar dentro de la prisión que sea físicamente accesible o, en su defecto, se deberá proporcionar asistencia específica a las personas con problemas de movilidad. El acceso al teléfono también es importante para las personas analfabetas o las que tienen personas analfabetas en su familia. En este caso, se podría asignar tiempo adicional para el uso del teléfono en compensación por la imposibilidad de usar la comunicación escrita.

Las personas pertenecientes a minorías o pueblos indígenas detenidas pueden tener que hacer frente a un aislamiento particular en la cárcel. Además, pueden sufrir vergüenza o el rechazo por parte de sus comunidades, lo que puede tener un impacto negativo en la salud mental de la persona detenida y en las perspectivas de reinserción después de su puesta en libertad. Las autoridades penitenciarias pueden abordar esta problemática a través de medidas tales como permitir tiempo adicional para las llamadas, cuando se reciban, o promover el contacto con grupos comunitarios fuera de la prisión, por ejemplo, para ayudar a construir un sentimiento de conexión con el mundo exterior. Cuando los recursos lo permitan, se puede ayudar con el coste de las llamadas telefónicas o con los gastos de transporte para que miembros de la familia realicen visitas en la prisión. En los contactos con el exterior, las personas indígenas y de otros grupos en minoría detenidas deben estar autorizadas a utilizar su lengua materna.

Debido al número relativamente bajo de centros construidos específicamente para la infancia, los niños y las niñas suelen ser detenidas lejos de sus padres y madres, así como de sus comunidades. Como consecuencia de esta distancia, puede resultar difícil que las familias les visiten. El acceso al teléfono, correo y a otros medios de comunicación será un elemento particularmente importante para el mantenimiento de los vínculos – que son tan cruciales para el éxito de la reintegración tras su puesta en libertad – entre las personas jóvenes y sus familias. Para las personas jóvenes detenidas que no reciban muchas visitas, debe existir una cierta flexibilidad en los permisos de llamadas telefónicas adicionales.