Separación de las personas detenidas

2.a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

Los Estados Partes velarán por que:

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.

Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas.

Durante todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por consiguiente:

a) Los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres y, en los establecimientos mixtos, el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado del de los hombres;

b) Los reclusos en espera de juicio estarán separados de los penados;

c) Los encarcelados por deudas u otras causas civiles estarán separados de los encarcelados por causas criminales;

d) Los jóvenes estarán separados de los adultos. 

Los establecimientos penitenciarios no deben adoptar las mismas medidas de
seguridad con respecto a todos los grupos de reclusos. Convendrá establecer diversos grados de seguridad conforme a lo que sea necesario para cada grupo. Los
establecimientos de régimen abierto, en los cuales no existen medios de seguridad
física contra la evasión y se confía en la autodisciplina de los reclusos, proporcionan
por este mismo hecho a determinados reclusos cuidadosamente elegidos las
condiciones más favorables para su reeducación.

1. Los fines de la clasificación serán:

a) Separar a los reclusos que, por su pasado delictivo o su mala disposición,
pudieran ejercer una influencia nociva sobre sus compañeros de prisión.

b) Dividir a los reclusos en categorías, a fin de facilitar el tratamiento encaminado a su reeducación.

2. En la medida de lo posible, se dispondrá de establecimientos penitenciarios
separados, o de pabellones separados dentro de un mismo establecimiento, para las
distintas categorías de reclusos. 

Los administradores de las prisiones elaborarán y aplicarán métodos de clasificación centrados en las necesidades propias de su género y la situación de las reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución individualizadas de programas orientados a su pronta rehabilitación, tratamiento y reinserción social.

Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación de las reclusas en que se tengan presentes las cuestiones de género, se deberá:

a) Tener en cuenta que las reclusas plantean un menor riesgo para los demás en general, así como los efectos particularmente nocivos que pueden tener las medidas de alta seguridad y los grados más estrictos de aislamiento en las reclusas;

b) Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del cumplimiento de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus antecedentes, como las situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad mental y de consumo de sustancias, así como sus responsabilidades maternas y de otra índole relativas al cuidado de los niños;

c) Velar por que en el régimen de cumplimiento de su condena se incluyan programas y servicios de rehabilitación ajustados a las necesidades propias de su género;

d) Velar por que se albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en recintos no restrictivos y cuyo régimen de seguridad sea lo menos estricto posible, así como por que reciban tratamiento adecuado en lugar de asignarlas a centros cuyas normas de seguridad sean más rigurosas por la exclusiva razón de que tengan problemas de salud mental.

Una vez admitido un menor, será entrevistado lo antes posible y se preparará un informe sicológico y social en el que consten los datos pertinentes al tipo y nivel concretos de tratamiento y programa que requiera el menor. Este informe, junto con el preparado por el funcionario médico que haya reconocido al menor en el momento del ingreso, deberá presentarse al director a fin de decidir el lugar más adecuado para la instalación del menor en el centro y determinar el tipo y nivel necesarios de tratamiento y de programa que deberán aplicarse. Cuando se requiera tratamiento rehabilitador especial, y si el tiempo de permanencia en la institución lo permite, funcionarios calificados de la institución deberán preparar un plan de tratamiento individual por escrito en que se especifiquen los objetivos del tratamiento, el plazo y los medios, etapas y fases en que haya que procurar los objetivos.

La detención de los menores sólo se producirá en condiciones que tengan en cuenta plenamente sus necesidades y situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, sexo y tipo de delito, así como su salud física y mental, y que garanticen su protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo. El criterio principal para separar a los diversos grupos de menores privados de libertad deberá ser la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a las necesidades concretas de los interesados y la protección de su bienestar e integridad físicos, mentales y morales.

En todos los centros de detención, los menores deberán estar separados de los adultos a menos que pertenezcan a la misma familia. En situaciones controladas, podrá reunirse a los menores con adultos cuidadosamente seleccionados en el marco de un programa especial cuya utilidad para los menores interesados haya sido demostrada.

Deben organizarse centros de detención abiertos para menores. Se entiende por centros de detención abiertos aquéllos donde las medidas de seguridad son escasas o nulas. La población de esos centros de detención deberá ser lo menos numerosa posible. El número de menores internado en centros cerrados deberá ser también suficientemente pequeño a fin de que el tratamiento pueda tener carácter individual. Los centros de detención para menores deberán estar descentralizados y tener un tamaño que facilite el acceso de las familias de los menores y su contactos con ellas. Convendrá establecer pequeños centros de detención e integrarlos en el entorno social, económico y cultural de la comunidad.

Los niños recluidos deben estar separados según sean, aunque no exclusivamente, niños que necesitan atención y niños que están en conflicto con la ley, niños en espera de juicio y niños condenados, niños y niñas, niños menores y mayores, y niños con discapacidad física y mental y niños sin discapacidad. Los niños detenidos en virtud de la legislación penal nunca deben estar con reclusos adultos. El Relator Especial también señala que la excepción contemplada en el artículo 37 c) de la Convención sobre los Derechos del Niño debe interpretarse sensu stricto. No debe definirse el interés superior del niño según la conveniencia del Estado. (...)

En lo que respecta a las condiciones durante la detención, el Relator
Especial insta a los Estados a que:

a) Separen a los niños de los adultos en todos los lugares de detención y, cuando favorezca el interés superior del niño, mantengan a los niños junto con los adultos durante el día y únicamente bajo una supervisión estricta;

b) Consideren la evaluación caso por caso para decidir si conviene que determinado interno sea trasladado a una institución de adultos tras alcanzar la mayoría de edad;

En el apartado a) del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto se estipula que los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales. Dicha separación es necesaria para recalcar su condición de personas no condenadas; que están también protegidas por la presunción de inocencia establecida en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto. 

(...) El apartado b) del párrafo 2 del artículo 10 dispone que los menores procesados estarán separados de los adultos.

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los
Estados a que:

(...) (g) Garanticen la separación de los hombres y mujeres detenidos, incluso durante el transporte; que las mujeres detenidas estén supervisadas y atendidas
únicamente por personal femenino; y que al menos haya funcionarias entre el personal encargado de transportar a las reclusas; (...)
 

La decisión de destinar a un interno a una prisión o dentro de ella a un departamento determinado, debe tener en cuenta la necesidad de separar a:

a. Los preventivos de los penados
b. Los hombres de las mujeres
c. Los adultos jóvenes de los mayores 

Cuando los menores estén internos en una prisión, deberán residir en una parte de la prisión separada de la de los adultos, a no ser que esto vaya en contra del interés del menor. 

Tan pronto como sea posible después de su ingreso, cada interno debe ser
examinado con el fin de determinar:

a. el riesgo que pueda presentar sobre la colectividad en caso de evasión;
b. la probabilidad de que intente evadirse solo o con la ayuda de cómplices
exteriores. 

Cada interno será sometido inmediatamente a un régimen de seguridad que se
corresponda con nivel de riesgo identificado. 

El nivel necesario de seguridad debe ser reevaluado de forma regular durante la
reclusión del interesado. 

Tan pronto como sea posible tras su ingreso, cada interno debe ser evaluado con el
fin de determinar si presenta algún riesgo para la seguridad de otros internos, del personal penitenciario o de las personas que trabajan en la prisión o la visitan de forma regular, así como para establecer si representa riesgo para si mismo. 

Las disposiciones siguientes se aplican a la separación de un interno de otros internos como medida especial de alta seguridad:

1. los internos separados podrán tener como mínimo dos horas de contacto humano significativo al día;
2. la decisión de la separación tendrá en cuenta el estado de salud de los internos afectados y cualquier discapacidad que pudieran tener y que los pudiera hacer más vulnerables a los efectos perjudiciales de una separación;
3. la separación se implementará durante el tiempo mínimo necesario para alcanzar sus objetivos y se revisará regularmente de acuerdo con dichos objetivos;
d. los internos separados no se someterán a otras restricciones más allá de las necesarias para alcanzar la finalidad indicada de esta incomunicación;
e. las celdas utilizadas para la separación cumplirán los estándares mínimos aplicables por estas reglas en otros lugares que alberguen internos;
f. cuanto más larga sea la separación de un interno, más medidas se tienen que tomar para mitigar los efectos negativos, como son maximizar el contacto con terceros o facilitarle el acceso a instalaciones y actividades;
g. los internos separados se beneficiarán, como mínimo, de materiales de lectura y de la oportunidad de hacer ejercicio durante una hora al día, tal como se especifica para otros internos a las reglas 27.1 y 27.2;
h. los internos separados serán visitados diariamente, también por el director de prisiones o un miembro del personal que actúe en nombre del director;
i. si la separación tiene efectos negativos sobre la salud mental o física de un preso, se tomarán medidas para interrumpirla temporalmente o sustituirla por una sanción o una medida menos restrictiva;
j. cualquier interno separado tendrá derecho a presentar una denuncia según el procedimiento previsto en la regla 70.
 

Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección de la vida e integridad de las personas privadas de libertad o del personal, las necesidades especiales de atención, u otras circunstancias relacionadas con cuestiones de seguridad interna.

En particular, se dispondrá la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y adultos; jóvenes y adultos; personas adultas mayores; procesados y condenados; y personas privadas de libertad por razones civiles y por razones penales. En los casos de privación de libertad de los solicitantes de asilo o refugio, y en otros casos similares, los niños y niñas no deberán ser separados de sus padres. Los solicitantes de asilo o refugio y las personas privadas de libertad a causa de infracción de las disposiciones sobre migración no deberán estar privados de libertad en establecimientos destinados a personas condenadas o acusadas por infracciones penales.

En ningún caso la separación de las personas privadas de libertad por categorías será utilizada para justificar la discriminación, la imposición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o condiciones de privación de libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de personas. Los mismos criterios deberán ser observados durante el traslado de las personas privadas de libertad.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos.

Para tales fines, se podrán adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

a. Separar adecuadamente las diferentes categorías de personas, conforme a los criterios establecidos en el presente documento;
 

On occasion, CPT delegations have found immigration detainees held in prisons. Even if the actual conditions of detention for these persons in the establishments concerned are adequate -which has not always been the case - the CPT considers such an approach to be fundamentally flawed. A prison is by definition not a suitable place in which to detain someone who is neither convicted nor suspected of a criminal offence.

Admittedly, in certain exceptional cases, it might be appropriate to hold an immigration detainee in a prison, because of a known potential for violence. Further, an immigration detainee in need of in-patient treatment might have to be accommodated temporarily in a prison health-care facility, in the event of no other secure hospital facility being available. However, such detainees should be held quite separately from prisoners, whether on remand or convicted.

The duty of care which is owed by a State to persons deprived of their liberty includes the duty to protect them from others who may wish to cause them harm.  The CPT has occasionally encountered allegations of woman upon woman abuse.  However, allegations of ill-treatment of women in custody by men (and, more particularly, of sexual harassment, including verbal abuse with sexual connotations) arise more frequently, in particular when a State fails to provide separate accommodation for women deprived of their liberty with a preponderance of female staff supervising such accommodation.

As a matter of principle, women deprived of their liberty should be held in accommodation which is physically separate from that occupied by any men being held at the same establishment.  That said, some States have begun to make arrangements for couples (both of whom are deprived of their liberty) to be accommodated together, and/or for some degree of mixed gender association in prisons.  The CPT welcomes such progressive arrangements, provided that the prisoners involved agree to participate, and are carefully selected and adequately supervised.

[...] Juveniles (whether on remand or sentenced) should as a rule not be held in institutions for adults but in facilities specially designed for this age group. The CPT considers that when, exceptionally, they are held in prisons for adults, juveniles should always be accommodated separately from adults, in a distinct unit. Further, adult prisoners should not have access to this unit. That said, the Committee acknowledges that there can be arguments in favour of juveniles participating in out-of-cell activities with adult prisoners, on the strict condition that there is appropriate supervision by staf. Such situations occur, for example, when there are very few or only one juvenile ofender in an establishment; steps need to be taken to avoid juveniles being placed de facto in solitary confnement.

Juveniles detained under criminal legislation should, in principle, not be held with juveniles deprived of their liberty on other grounds. Male and female juveniles who are placed in the same institution should be accommodated in separate units, although they may associate for organised activities during the day, under appropriate supervision. Special attention should be paid to the allocation of juveniles belonging to diferent age groups in order to accommodate their needs in the best way. Appropriate measures should also be taken to ensure adequate separation between these age groups in order to prevent unwanted infuence, domination and abuse.

The European Rules for young ofenders state that young adult ofenders may, where appropriate, be regarded as juveniles and dealt with accordingly. This practice can be benefcial to the young persons involved but requires careful management to prevent the emergence of negative behaviour. In this respect, the CPT considers that a case-by-case assessment should be carried out in order to decide whether it is appropriate for a particular inmate to be transferred to an adult institution after reaching the age of majority (i.e. 18 years), taking into consideration the remaining term of his/her sentence, his/her maturity, his/her infuence on other juveniles, and other relevant factors.

The State shall ensure that detaining authorities hold pre-trial detainees separately from the convicted prison population. They shall also ensure that detaining authorities take the necessary measures to provide for the special needs of vulnerable groups/persons, in accordance with Part 7 of these Guidelines.

d. Safeguards for police custody and pre-trial detention.

If police custody or pre-trial detention of a child is absolutely necessary:

(...) ii. Children shall be detained separately from adults, unless it is in their best interest to be kept with family members also detained. Female children shall be held separately from male children unless it is in their best interest to be kept with family members also detained.

b. Safeguards for arrest and detention.

If arrest, custody and pre-trial detention is absolutely necessary, women and girls shall:

ii. Be held separately from male detainees.

32.1. Prison staff shall ensure that good order, safety and security are maintained through a process of dynamic security and interaction with foreign prisoners.

32.2. Prison staff shall be alert to potential or actual conflicts between groups within the prison population that may arise due to cultural or religious differences and inter-ethnic tensions.

32.3. To ensure safety in prison, every effort shall be made to enhance mutual respect and tolerance and prevent conflict between prisoners, prison staff or other persons working or visiting the prison, who come from different backgrounds.

32.4. The nationality, culture or religion of a prisoner shall not be the determinative factors in the assessment of the risk to safety and security posed by such prisoner.