Confinamiento solitario

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Con respecto a los reclusos que estén separados de los demás o lo hayan
estado, la administración del establecimiento penitenciario tomará las medidas necesarias para mitigar los posibles efectos perjudiciales que el aislamiento pueda tener sobre ellos o su comunidad tras su liberación.

Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna
circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas:

a) El aislamiento indefinido;
b) El aislamiento prolongado;
c) El encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada;
d) Las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable;
e) Los castigos colectivos. 

A los efectos de las presentes reglas, por aislamiento se entenderá el aislamiento de reclusos durante un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable. Por aislamiento prolongado se entenderá el aislamiento que se extienda durante un período superior a 15 días consecutivos.

El aislamiento solo se aplicará en casos excepcionales, como último recurso,
durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente, y
únicamente con el permiso de una autoridad competente. No se impondrá a un
recluso en virtud de su condena. 

La imposición de sanciones de aislamiento estará prohibida cuando el recluso
tenga una discapacidad física o mental que pudiera agravarse bajo dicho régimen.
Continúa aplicándose la prohibición de emplear sanciones de aislamiento y medidas
similares con mujeres y niños en los casos descritos en otras reglas y normas de las
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.

1. El personal sanitario no desempeñará ningún papel en la imposición de sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas. Prestará, en cambio, particular atención a la salud de todo recluso sometido a cualquier régimen de separación forzosa, por ejemplo visitándolo a diario y proporcionándole con prontitud atención y tratamiento médicos si así lo solicita el propio recluso o el personal penitenciario.

2. El personal sanitario comunicará al director del establecimiento penitenciario,
sin dilación, todo efecto desfavorable en la salud física o mental del recluso de las
sanciones disciplinarias u otras medidas restrictivas que se le hayan impuesto, y le
hará saber si considera necesario que se interrumpan o modifiquen dichas sanciones o medidas por razones de salud física o mental.

3. El personal sanitario estará facultado para examinar las condiciones de separación forzosa de un recluso y recomendar los cambios que correspondan con el fin de velar por que dicha separación no agrave la enfermedad o la discapacidad
física o mental del recluso.

No se aplicarán las sanciones de aislamiento o segregación disciplinaria a las mujeres embarazadas, ni a las mujeres con hijos y a las madres en período de lactancia.

La reclusión en régimen de aislamiento es conocida en inglés mediante varios
términos, como “segregation”, “isolation”, “separation”, “cellular”, “lockdown”,
“Supermax”, “the hole” o “Secure Housing Unit (SHU)”, pero todos estos términos
pueden involucrar diferentes factores. A los fines del presente informe, el Relator
Especial define la reclusión en régimen de aislamiento como el aislamiento físico y
social de personas que permanecen encerradas en sus celdas entre 22 y 24 horas al
día. Reviste especial preocupación para el Relator Especial el régimen de
aislamiento prolongado, que él define como todo período de aislamiento que supere
los 15 días. El Relator Especial es consciente del carácter arbitrario de la
determinación de un momento en el que un régimen que ya es perjudicial se
convierte en prolongado y, por tanto, en una sanción que produce un dolor
inaceptable. El Relator Especial ha llegado a la conclusión de que el plazo de
15 días es el límite entre el “régimen de aislamiento” y el “régimen de aislamiento
prolongado” porque en ese punto, según la bibliografía consultada, algunos de los
efectos psicológicos nocivos del aislamiento pueden ser irreversibles. 

84. El Relator Especial insta a los Estados a prohibir la aplicación del régimen
de aislamiento como castigo, ya sea mediante una sentencia judicial o como
medida disciplinaria. Recomienda que los Estados elaboren y apliquen
sanciones disciplinarias alternativas para evitar la aplicación del régimen de
aislamiento.

85. Los Estados deberían adoptar las medidas necesarias para poner fin a la
práctica del régimen de aislamiento durante la prisión preventiva. La
aplicación del régimen de aislamiento constituye una técnica de extorsión
durante la prisión preventiva, que se debe abolir. Los Estados deben adoptar
medidas efectivas durante la prisión preventiva para mejorar la eficacia de las
investigaciones e introducir medidas de control alternativas para segregar a las
personas, proteger las investigaciones en curso y evitar la colusión entre los
detenidos.

87. La reclusión en régimen de aislamiento por tiempo indefinido se debe
abolir.

88. Resulta claro que el régimen de aislamiento de corto plazo puede
equivaler a la tortura o a un trato o pena cruel, inhumano o degradante; no
obstante, puede ser un mecanismo legítimo en otras circunstancias, siempre que
se adopten garantías adecuadas. En opinión del Relator Especial, el régimen de
aislamiento que exceda de 15 días se debe prohibir de forma absoluta.

89. El Relator Especial reitera que el régimen de aislamiento solo se debe
aplicar en circunstancias muy excepcionales, como último recurso y durante el
menor tiempo posible. Destaca que, cuando el régimen de aislamiento se utiliza
en circunstancias excepcionales, se deben adoptar garantías procesales
mínimas. Estas garantías reducen las posibilidades de que el régimen de
aislamiento sea arbitrario o excesivo, como sucede en el caso del aislamiento
prolongado o por tiempo indefinido. Estas medidas de garantía son especialmente importantes en los casos de detención en los que las garantías
procesales a menudo son limitadas, como sucede en la detención administrativa
de inmigrantes. Las garantías procesales mínimas deben interpretarse de forma
que brinden la mayor protección posible de los derechos de los detenidos. En
este contexto, el Relator Especial insta a los Estados a que apliquen los
siguientes principios y garantías procesales.

86. Los Estados deberían abolir la aplicación del régimen de aislamiento a los
menores y las personas con discapacidad mental. En lo tocante a las medidas
disciplinarias aplicables a los menores, el Relator Especial recomienda que los Estados adopten otras medidas distintas del régimen de aislamiento. En cuanto
a la aplicación de este régimen a personas con discapacidad mental, el Relator
Especial insiste en que la segregación física de esas personas puede ser necesaria en algunos casos para su propia seguridad, pero que el régimen de aislamiento se debe prohibir estrictamente.

44. En muchos Estados se sigue aplicando a los niños el régimen de aislamiento
como medida disciplinaria o de “protección”. En la legislación nacional con frecuencia figuran disposiciones que permiten imponer el aislamiento a los niños. El
período de tiempo permitido y las prácticas van de días a semanas e incluso meses. De conformidad con las opiniones del Comité contra la Tortura, el Subcomité para la
Prevención de la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, el Relator Especial
considera que la imposición del régimen de aislamiento a menores, cualquiera sea su duración, es un trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura (véase A/66/268, párrs. 77 y 86, y A/68/295, párr. 61).
.

En lo que respecta a las condiciones durante la detención, el Relator
Especial insta a los Estados a que:

d) Prohíban el régimen de aislamiento, por el tiempo y con el fin que sea;
 

La reclusión en régimen de aislamiento puede constituir tortura o malos tratos
cuando se utiliza como castigo, durante la detención preventiva, por períodos
prolongados o de forma indefinida, y cuando se emplea con menores. No debe aplicarse en ningún caso a menores o personas con discapacidad física o mental, ni a mujeres embarazadas y lactantes o a madres con niños de corta edad (A/66/268).
También debe prohibirse su utilización como medida de represalia contra las mujeres que hayan denunciado abusos sexuales u otros tratos nocivos. Las reclusas en régimen de aislamiento sufren consecuencias especialmente graves, ya que esta medida tiende a suponer un nuevo trauma para las mujeres que han sido maltratadas y las que tienen problemas de salud mental. Además, incrementa el riesgo de sufrir abusos físicos y sexuales por parte del personal penitenciario y limita notablemente las visitas familiares.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero detenidas sufren porcentajes más elevados de violencia sexual, física y psicológica por motivos de orientación sexual o identidad de género que la población penitenciaria general (CAT/C/CRI/CO/2). Prevalece la violencia contra esas personas mientras están bajo
custodia, ya sea por parte de la policía o de otras autoridades encargadas de hacer
cumplir la ley, del personal penitenciario o de otros reclusos (A/HRC/29/23). El miedo
a las represalias y la falta de confianza en los mecanismos de presentación de
denuncias suelen impedir que las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad denuncien los abusos de que son objeto. Ponerlas en régimen de aislamiento o segregación administrativa para su propia “protección” puede constituir una vulneración de la prohibición de la tortura y los malos tratos. Las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas razonables para prevenir y combatir la violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero detenidas por parte de otros detenidos.

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los
Estados a que:

(...) ( i) Prohíban absolutamente el uso de la reclusión en régimen de aislamiento con mujeres embarazadas y madres lactantes, madres con hijos de corta edad, mujeres con discapacidad mental o física y niñas menores de 18 años, y como medida de “protección”;

(t) Garanticen que las medidas de protección no implican la imposición de condiciones más restrictivas para las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales que para el resto de los detenidos; (...)

Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. La orientación sexual y la identidad de género son fundamentales para la dignidad de toda persona.

Los Estados deberán:

(d) Establecerán medidas de protección para todas las personas privadas de su libertad que resulten vulnerables a la violencia o los abusos por causa de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género y asegurarán que dichas medidas no impliquen más restricciones a sus derechos de las que experimenta la población general de la prisión, en la medida en que esto pueda llevarse razonablemente a la prácticá;

El Médico o un enfermero cualificado que dependa de este médico debe prestar una atención especial a la salud de los internos que se encuentren en condiciones de aislamiento en celda, haciéndoles visitas cotidianamente, y debe proporcionarles
asistencia médica y tratamiento, a petición del interno o del personal penitenciario. 

El Médico debe presentar un informe al Director cada vez que aprecie que la salud física y mental puede verse desfavorablemente afectada por la duración del internamiento o por las condiciones de dicho internamiento, incluyendo el aislamiento celular. 

El aislamiento en la celda, es decir, la reclusión de un interno durante más de 22 horas diarias sin contacto humano importante, no se impondrá nunca a niños, mujeres embarazadas, madres lactantes o padres encarcelados con hijos pequeños.

La decisión sobre un régimen de aislamiento tendrá en cuenta el estado de salud del interno afectado en ese momento. No se impondrá el aislamiento a los internos con discapacidades mentales o físicas, si su condición se puede agravar por ese aislamiento. En caso de que se decidiera la reclusión aislada, se interrumpirá o suspenderá la aplicación si se ha deteriorado el estado mental o físico del preso.

El aislamiento en la celda no se impondrá como sanción disciplinaria salvo en casos excepcionales y durante un periodo específico y lo más corto posible, y nunca constituirá tortura ni trato o pena inhumano o degradante.

El plazo máximo de aislamento en la celda será definido por la legislación nacional.

Si se impone un régimen de aislamiento por un nuevo delito disciplinario a un interno que ya haya pasado el periodo máximo en confinamiento, esta sanción solo se podrá aplicar después de haber autorizado al interno a recuperarse de los efectos no deseados del periodo anteriormente pasado de manera aislada.

Los internos en aislamiento serán visitados diariamente, también por el director de la prisión o un miembro del personal que actúe en nombre del director.

Se prohibirá, por disposición de la ley, las medidas o sanciones de aislamiento en celdas de castigo.

Estarán estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las mujeres embarazadas; de las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos de privación de libertad; y de los niños y niñas privados de libertad.

El aislamiento sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las mismas personas privadas de libertad o del personal de dichas instituciones.

En todo caso, las órdenes de aislamiento serán autorizadas por autoridad competente y estarán sujetas al control judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada e innecesaria constituiría actos de tortura, o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En caso de aislamiento involuntario de personas con discapacidad mental se garantizará, además, que la medida sea autorizada por un médico competente; practicada de acuerdo con procedimientos oficialmente establecidos; consignada en el registro médico individual del paciente; y notificada inmediatamente a sus familiares o representantes legales. Las personas con discapacidad mental sometidas a dicha medida estarán bajo cuidado y supervisión permanente de personal médico calificado.
 

Estarán estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las mujeres embarazadas; de las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos de privación de libertad; y de los niños y niñas privados de libertad.

En caso de aislamiento involuntario de personas con discapacidad mental se garantizará, además, que la medida sea autorizada por un médico competente; practicada de acuerdo con procedimientos oficialmente establecidos; consignada en el registro médico individual del paciente; y notificada inmediatamente a sus familiares o representantes legales. Las personas con discapacidad mental sometidas a dicha medida estarán bajo cuidado y supervisión permanente de personal médico calificado.

55. Solitary confinement further restricts the already highly limited rights of
people deprived of their liberty. The extra restrictions involved are not inherent in the fact of imprisonment and thus have to be separately justified. In order to test whether any particular imposition of the measure is justified, it is appropriate to apply the traditional tests enshrined in the provisions of the European Convention on Human Rights and developed by the case-law of the European Court of Human Rights. The simple mnemonic PLANN summarises these tests.

(a) Proportionate: (…) Given that solitary confinement is a serious restriction of a prisoner’s rights which involves inherent risks to the prisoner, the level of actual or potential harm must be at least equally serious and uniquely capable of being addressed by this means. This is reflected, for example, in most countries having solitary confinement as a sanction only for the most serious disciplinary offences, but the principle must be respected in all uses of the measure. The longer the measure is continued, the stronger must be the reason for it and the more must be done to ensure that it achieves its purpose.

b) Lawful: provision must be made in domestic law for each kind of solitary
confinement which is permitted in a country, and this provision must be reasonable. It must be communicated in a comprehensible form to everyone who may be subject to it. The law should specify the precise circumstances in which each form of solitary confinement can be imposed, the persons who may impose it, the procedures to be followed by those persons, the right of the prisoner affected to make representations as part of the procedure, the requirement to give the prisoner the fullest possible reasons for the decision (it being understood that there might in certain cases be reasonable justification for withholding specific details on security-related grounds or in order to protect the interests of third parties), the frequency and procedure of reviews of the decision and the procedures for appealing against the decision. The regime for each type of solitary confinement should be established by law, with each of the regimes clearly differentiated from each other.

(c) Accountable: full records should be maintained of all decisions to impose
solitary confinement and of all reviews of the decisions. These records should
evidence all the factors which have been taken into account and the information on which they were based. There should also be a record of the prisoner’s input or refusal to contribute to the decision-making process. Further, full records should be kept of all interactions with staff while the prisoner is in solitary confinement, including attempts by staff to engage with the prisoner and the prisoner’s response.

(d) Necessary: the rule that only restrictions necessary for the safe and orderly confinement of the prisoner and the requirements of justice are permitted applies equally to prisoners undergoing solitary confinement. Accordingly, during solitary confinement there should, for example, be no automatic withdrawal of rights to visits, telephone calls and correspondence or of access to resources normally available to prisoners (such as reading materials). Equally, the regime should be flexible enough to permit relaxation of any restriction which is not necessary in individual cases.

(e) Non-discriminatory: not only must all relevant matters be taken into account in deciding to impose solitary confinement, but care must also be taken to ensure that irrelevant matters are not taken into account. Authorities should monitor the use of all forms of solitary confinement to ensure that they are not used disproportionately, without an objective and reasonable justification, against a particular prisoner or particular groups of prisoners.

(e) Non-discriminatory: not only must all relevant matters be taken into account in deciding to impose solitary confinement, but care must also be taken to ensure that irrelevant matters are not taken into account. Authorities should monitor the use of all forms of solitary confinement to ensure that they are not used disproportionately, without an objective and reasonable justification, against a particular prisoner or particular groups of prisoners.

Any form of isolation of juveniles is a measure that can compromise their physical and/or mental well-being and should therefore be applied only as a means of last resort. In the CPT's view, solitary confnement as a disciplinary measure should only be imposed for very short periods and under no circumstances for more than three days. Whenever juveniles are subject to such a measure, they should be provided with socio-educational support and appropriate human contact. A member of the health-care staf should visit the juvenile immediately after placement and thereafter on a regular basis, at least once per day, and provide him/her with prompt medical assistance and treatment.

As regards solitary confnement for protection or preventive purposes, the CPT recognises that such a measure may, in extremely rare cases, be required in order to protect particularly vulnerable juveniles or to prevent serious risks to the safety of others or the security of the prison, provided that absolutely no other solution can be found. Every such measure should be decided by a competent authority, based on a clear procedure specifying the nature of the confnement, its duration, the grounds on which it may be imposed and providing a regular review process, as well as the possibility for the juvenile concerned to appeal against the decision Juveniles deprived of their liberty under criminal legislation to an independent external authority. The juveniles concerned should always be provided with appropriate human contact and beneft from daily visits by a member of the health-care staff.

Likewise, the placement of a violent and/or agitated juvenile in a calming-down room should be a highly exceptional measure. Any such measure should not last for more than a few hours and should never be used as an informal punishment. Mechanical restraint should never be used in this context. Every placement of a juvenile in a calming-down room should be immediately brought to the attention of a doctor in order to allow him/her to look after the health-care needs of the juvenile concerned. In addition, every such placement should be recorded in a central register as well as in the juvenile's individual file.

States should have in place, and make known, laws, policies and standard operating procedures, which accord with Member States’ obligations under the African Charter on Human and Peoples’ Rights and other international law and standards, to:

f. Ensure that the use of solitary confinement is restricted, and that methods to anticipate crisis situations and de-escalate them without the need to resort to seclusion, restraint or forced treatment are developed and ingrained among law enforcement personnel.

b. Safeguards for arrest and detention. If arrest, custody and pre-trial detention is absolutely necessary, women and girls shall:

Not be subject to close confinement or disciplinary segregation if pregnant, breastfeeding or accompanied by infants.