Atención de salud para grupos específicos

Todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o
problemas de salud que dificulten su reeducación.

En los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después. En la medida de lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar ese hecho en su partida de nacimiento.

1. Toda decisión de permitir que un niño permanezca con su madre o padre en el
establecimiento penitenciario se basará en el interés superior del niño. Cuando los
niños puedan permanecer con su madre o padre, se tomarán disposiciones para:

a) Facilitar servicios internos o externos de guardería, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por su madre o padre;
b) Proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de reconocimiento médico inicial en el momento del ingreso y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas.

2. Los niños que vivan en el establecimiento penitenciario con su madre o padre
nunca serán tratados como reclusos.

El médico o, cuando proceda, otros profesionales de la salud competentes, tendrán acceso diario a todos los reclusos enfermos, a todos los que afirmen padecer enfermedades o lesiones físicas o mentales y a todos aquellos sobre los cuales se
llame su atención. Todos los exámenes médicos se llevarán a cabo con plena
confidencialidad.

1. No deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se considere
penalmente responsables o a quienes se diagnostique una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión, y se procurará
trasladar a esas personas a centros de salud mental lo antes posible.

2. En caso necesario, otros reclusos con discapacidades o enfermedades mentales
podrán ser observados y tratados en centros especializados bajo la supervisión de
profesionales de la salud competentes.

3. El servicio de atención sanitaria proporcionará tratamiento psiquiátrico a todos
los demás reclusos que lo necesiten.

Convendrá que se tomen disposiciones, de acuerdo con los organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico
después de la liberación y se asegure una asistencia social pospenitenciaria de
carácter psiquiátrico.

Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento en una institución especializada bajo supervisión médica independiente. Se adoptarán medidas, de acuerdo con los organismos competentes, para que pueda continuar cualquier tratamiento de salud mental que requiera después de la liberación.

1. Se brindarán a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer y como mínimo equivalentes a los que se prestan en la comunidad.

2. Si una reclusa pide que la examine o la trate una médica o enfermera, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado por la reclusa, el reconocimiento es realizado por un médico, en él deberá hallarse presente una funcionaria.

En lo que respecta a la vulnerabilidad de los niños privados de libertad y la
reforma de las políticas, el Relator Especial pide a los Estados que:

d) Procuren que todos los niños detenidos puedan recurrir de forma periódica a pediatras y psicólogos infantiles con formación en tratamiento de traumas, y dispongan la realización de exámenes médicos especializados en los centros de privación de libertad para detectar casos de tortura y malos tratos, en particular el acceso a la evaluación forense;
 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas.

Las mujeres y las niñas privadas de libertad tendrán derecho de acceso a una atención médica especializada, que corresponda a sus características físicas y biológicas, y que responda adecuadamente a sus necesidades en materia de salud reproductiva. En particular, deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello. En el caso de que ello no fuere posible, no se registrará oficialmente que el nacimiento ocurrió al interior de un lugar de privación de libertad.

En los establecimientos de privación de libertad para mujeres y niñas deberán existir instalaciones especiales, así como personal y recursos apropiados para el tratamiento de las mujeres y niñas embarazadas y de las que acaban de dar a luz.

Siempre se preverán dispositivos para que las detenidas puedan dar a luz fuera de la prisión. Si, a pesar de todo, un niño nace en el centro, las autoridades proporcionarán la asistencia y la infraestructura necesarias, en particular, un alojamiento específico.

It is axiomatic that babies should not be born in prison, and the usual practice in Council of Europe member States seems to be, at an appropriate moment, to transfer pregnant women prisoners to outside hospitals.

Nevertheless, from time to time, the CPT encounters examples of pregnant women being shackled or otherwise restrained to beds or other items of furniture during gynaecological examinations and/or delivery.  Such an approach is completely unacceptable, and could certainly be qualified as inhuman and degrading treatment.  Other means of meeting security needs can and should be found

It is also essential that the health care provided to persons deprived of their liberty be of a standard equivalent to that enjoyed by patients in the outside community.

Insofar as women deprived of their liberty are concerned, ensuring that this principle of  equivalence of care is respected will require that health care is provided by medical practitioners and nurses who have specific training in women's health issues, including in gynaecology.

Moreover, to the extent that preventive health care measures of particular relevance to women, such as screening for breast and cervical cancer, are available in the outside community, they should also be offered to women deprived of their liberty.

A mentally ill prisoner should be kept and cared for in a hospital facility which is adequately equipped and possesses appropriately trained staff. That facility could be a civil mental hospital or a specially equipped psychiatric facility within the prison system.

All juveniles should be properly interviewed and physically examined by a medical doctor, or a qualifed nurse reporting to a doctor, as soon as possible after their admission to the detention centre; preferably, on the day of arrival. If properly performed, such medical screening on admission should enable the establishment's health-care service to identify young persons with potential health problems (e.g. drug addiction, sexual abuse and suicidal tendencies). The identifcation of such problems at a sufciently early stage will facilitate the taking of efective preventive action within the framework of the establishment's medico-psycho-social programme of care.

It is also widely recognised that detained juveniles have a tendency to engage in risk-taking behaviour, especially with respect to drugs, alcohol and sexual practices, and that they are more likely to engage in self-harm. In consequence, in every detention centre for juveniles, there should be a comprehensive strategy for the management of substance abuse (including prevention and treatment) and the prevention of self-harm and suicide. The provision of health education about transmissible diseases is another important element of a preventive health-care programme. Juveniles with mental-health problems should be cared for by psychiatrists and psychologists specialising in the mental health of children and adolescents.

Particular attention should always be paid to the health-care needs of female juveniles: access to gynaecologists and education on women's health care should be provided. Pregnant juvenile girls and juvenile mothers in detention should receive appropriate support and medical care; as far as possible, alternatives to detention should be imposed. In this regard, the relevant standards on women deprived of their liberty which the CPT elaborated in its 10th General Report apply equally to detained female juveniles.

b. Safeguards for arrest and detention If arrest, custody and pre-trial detention is absolutely necessary, women and girls shall:

v. Be provided with the facilities and materials required to meet their specific hygiene needs, and offered gender-specific health screening and care which accords with the rights to dignity and privacy, and the right to be seen by a female medical practitioner. (...)

vii. Have access to obstetric and pediatric care before, during and after birth, which should take place at hospitals or other appropriate facilities, and never be subject to physical restraints before, during and after childbirth.

d. Accessibility and reasonable accomodation States shall take measures to ensure that:

v. The right of persons to informed consent to treatment is upheld. 

11. The Committee has emphasized that States parties should ensure that the provision of health services, including mental health services, are based on free and informed consent of the person concerned. In its General Comment No. 1, the Committee stated that States parties have an obligation to require all health and medical professionals (including psychiatric professionals) to obtain the free and informed consent of persons with disabilities prior to any treatment. The Committee stated that, “in conjunction with the right to legal capacity on an equal basis with others, States parties have an obligation not to permit substitute decision-makers to provide consent on behalf of persons with disabilities. All health and medical personnel should ensure appropriate consultation that directly engages the person with disabilities. They should also ensure, to the best of their ability, that assistants or support persons do not substitute or have undue influence over the decisions of persons with disabilities.”

La mayoría de las políticas y servicios sanitarios de las prisiones no han sido diseñados para satisfacer las necesidades de salud específicas de las mujeres y no
tienen en cuenta la prevalencia de problemas de salud mental y de abuso de sustancias adictivas entre las reclusas, la elevada incidencia de la exposición a diferentes formas de violencia y las cuestiones de salud sexual y reproductiva propias de las mujeres. Para evitar los malos tratos, es esencial prestar unos servicios apropiados de atención sanitaria, que incluyan programas de salud mental integrales, interdisciplinarios y orientados a la rehabilitación, además de impartir formación y capacitación para los funcionarios de prisiones y el personal sanitario a fin de que aprendan a identificar l as necesidades específicas de salud física y mental de las reclusas. 

Son motivo de especial preocupación la falta de atención especializada, como el
acceso a ginecólogos y obstetras; el acceso discriminatorio a ciertos servicios, como
los programas de reducción del daño; la falta de espacios privados para los
reconocimientos médicos y de confidencialidad; el trato deficiente ofrecido por el
personal sanitario de las prisiones; los fallos diagnósticos, la desatención médica y la
denegación de medicamentos, en particular para enfermedades crónicas y
degenerativas; así como las tasas de transmisión de enfermedades como el VIH entre las reclusas, que, según se informa, son más elevadas. La falta de una atención sanitaria orientada específicamente a la mujer en los centros de detención puede constituir malos tratos o, cuando se impone de manera intencionada o con una finalidad prohibida, tortura. El hecho de que un Estado no garantice una higiene y un saneamiento adecuados ni facilite las instalaciones y los materiales apropiados puede también equivaler a malos tratos o incluso tortura. Es fundamental impartir la
formación adecuada y capacitar a los funcionarios de prisiones y al personal sanitario para que aprendan a identificar y abordar las necesidades de salud e higiene específicas de la mujer

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais,
bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los
Estados a que:

(...) k) Tengan en cuenta las necesidades sanitarias propias del sexo femenino
y faciliten atención primaria y especializada de manera individualizada, que
incluya cribados amplios y detallados y preparativos previos a la excarcelación,
de forma holística y humana, en consonancia con las Reglas de Bangkok;
proporcionen atención preventiva y que tenga en cuenta las consideraciones de
género para salvaguardar la intimidad y la dignidad de las mujeres, en esferas
como la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la prevención y el
tratamiento del VIH, y el tratamiento de la farmacodependencia y programas de
desintoxicación; además, los Estados deben garantizar que las mujeres detenidas
sean examinadas y tratadas por profesionales de la salud de su mismo sexo, si así
lo solicitan, salvo en casos de urgencia, donde debe haber personal femenino
presente; (...)
 

31.1. Foreign prisoners shall have access to the same health care and treatment programmes that are available to other prisoners.

31.2. Sufficient resources shall be provided to deal with specific health problems which may be faced by foreign prisoners.

31.3. Medical and health care staff working in prisons shall be enabled to deal with specific problems and diseases which may be encountered by foreign prisoners.

31.4. To facilitate the health care of foreign prisoners, attention shall be paid to all aspects of communication. Such communication may require the use of an interpreter who is acceptable to the prisoner concerned and who shall respect medical confidentiality.

31.5. Health care shall be provided in a way that is not offensive to cultural sensitivities and requests by foreign prisoners to be examined by a medical practitioner of the same gender shall be granted as far as possible.

31.6. Where possible, psychiatric and mental health care shall be provided by specialists who have expertise in dealing with persons from different religious, cultural and linguistic backgrounds.

31.7. Attention shall be paid to preventing self harm and suicide among foreign prisoners.

31.8. Consideration shall be given to the transfer of foreign prisoners, who are diagnosed with terminal illnesses and who wish to be transferred, to a country with which they have close social links.

31.9. Steps shall be taken to facilitate the continuation of medical treatment of foreign prisoners who are to be transferred, extradited or expelled, which may include the provision of medication for use during transportation to that State and, with the prisoners’ consent, the transfer of medical records to the medical services of another State.

33.1. Special measures shall be taken to combat the isolation of foreign women prisoners.

33.2. Attention shall be paid to meeting the psychological and healthcare needs of foreign women prisoners, especially those who have children.

33.3. Arrangements and facilities for pre-natal and post-natal care shall respect cultural and religious diversity.