En diciembre de 2025, la Ciudad de Guatemala se transformó en un espacio de resistencia colectiva, aprendizaje y esperanza. El III Congreso Internacional de Corpora en Libertad reunió voces que con demasiada frecuencia permanecen silenciadas tras los muros de las prisiones: personas LGBTI+ privadas de libertad, organizaciones de base, defensoras y defensores de derechos humanos, autoridades estatales y mecanismos internacionales.
De esos dos días no emergió únicamente un diagnóstico de la injusticia, sino también una hoja de ruta para el cambio.
En toda América Latina, las personas LGBTI+ —en particular las personas trans y de género diverso— enfrentan discriminación estructural, violencia y un riesgo agravado de tortura y malos tratos a lo largo de todo el proceso de justicia penal. Estas violaciones no son hechos aislados: responden a patrones claros, se concentran en momentos específicos y persisten debido a fallas institucionales allí donde la protección es más urgente.
¿Por qué el apoyo de la Consorcio contra la Tortura fue decisivo para el Congreso?
El apoyo del Consorcio a través de la APT marcó un antes y un después para este Congreso y para el futuro de Corpora en Libertad. Gracias a este respaldo, la Red logró algo sin precedentes: establecer un vínculo directo, estratégico y sostenido con los mecanismos internacionales de derechos humanos sin dejar de lado la perspectiva nacional y local.
Por primera vez, un especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajó para participar en el Congreso y facilitó un taller específico sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con un énfasis particular en la Opinión Consultiva OC-29/22. No se trató de un ejercicio teórico, sino de un espacio práctico de intercambio que dotó a las organizaciones de herramientas concretas para documentar violaciones, fortalecer su incidencia y activar mecanismos internacionales de protección de manera más eficaz.
Para Corpora en Libertad, este momento representó un punto de inflexión: pasar de la denuncia aislada a la construcción de una incidencia regional sostenida, basada en estándares internacionales. Se sentaron así las bases para una articulación más sólida para los próximos años.
Lo que reveló el Congreso
A lo largo del Congreso, un mensaje fue contundente: los primeros momentos de la detención son los más peligrosos. La aprehensión, la custodia policial y las audiencias iniciales constituyen las etapas en las que las personas LGBTI+ están más expuestas a abusos: requisas humillantes, uso incorrecto del nombre y pronombres, negación de la identidad, falta de acceso a la defensa legal y uso excesivo de la fuerza. Estas vulneraciones tempranas suelen marcar el curso del proceso posterior y aumentan de manera significativa el riesgo de tortura y malos tratos.
Los distintos paneles también evidenciaron una realidad persistente en la región: existen avances normativos, pero la implementación es el principal desafío. Las leyes, protocolos y políticas públicas con frecuencia no se traducen en prácticas cotidianas. La falta de capacitación del personal, la debilidad de los mecanismos de supervisión y la escasa rendición de cuentas limitan su impacto real.
Las personas trans fueron identificadas de manera reiterada como quienes enfrentan riesgos agravados e interseccionales, tanto durante la privación de libertad como tras la excarcelación. Muchas se ven obligadas a elegir entre la invisibilidad o la violencia. El acceso a la salud —en particular a la atención y tratamientos — sigue siendo severamente restringido en contextos de encierro, incluso en países con modelos de salud pública avanzados fuera de las prisiones.
Al mismo tiempo, el Congreso permitió visibilizar prácticas que sí funcionan. Los órganos de monitoreo independientes, cuando cuentan con apoyo adecuado, pueden prevenir retrocesos y promover cambios institucionales. Las organizaciones de base cumplen un rol vital: salvan vidas todos los días ofreciendo alojamiento, acompañamiento psicosocial, educación y caminos de reinserción para personas que salen de prisión sin redes de apoyo.
Sembrando bases para los años venideros
El apoyo del UATC no fortaleció únicamente un evento puntual: invirtió en un impacto a largo plazo.
Al acercar a Corpora en Libertad al Sistema Interamericano, el Congreso contribuyó a transformar la OC-29/22 de un texto jurídico en una herramienta operativa para la incidencia, el monitoreo y la prevención de la tortura. Reforzó la capacidad de la Red para actuar de forma colectiva, estratégica y transnacional. Y consolidó una convicción compartida: la protección de las personas LGBTI+ privadas de libertad exige coordinación entre los Estados, los mecanismos independientes de monitoreo, los organismos internacionales y la sociedad civil.
En los próximos años, las semillas plantadas en Guatemala seguirán creciendo: a través de una incidencia regional más fuerte, una participación más activa en los mecanismos de prevención y una presión sostenida para que la dignidad, la igualdad y la protección contra la tortura dejen de ser aspiraciones y se conviertan en realidades.
Desde Corpora en Libertad sabemos que prevenir la tortura implica actuar temprano, actuar de manera colectiva y actuar junto a quienes más lo necesitan. El III Congreso de Corpora en Libertad demostró lo que es posible cuando el apoyo estratégico se encuentra con la resistencia colectiva y cuando, finalmente, a las alas en resistencia se les permite volar.
