La APT, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo, ha firmado la Declaración de Shoreditch por un tratado de comercio sin tortura.
La declaración, liderada por Amnistía Internacional, Omega Research Foundation y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, reconoce que, en muchos casos, el uso de material para hacer cumplir la ley desempeña un papel fundamental en actos de tortura u otros malos tratos, represión y castigo. El material para hacer cumplir la ley comercializado internacionalmente se utiliza habitualmente de forma abusiva contra manifestantes, defensores/as de los derechos humanos y grupos discriminados, entre otros, durante la actuación policial en protestas y en lugares de detención. Para ayudar a prevenir la tortura y combatir los abusos policiales, la declaración pide un régimen jurídicamente vinculante de prohibición y control del comercio de material para hacer cumplir la ley.
Pueden distinguirse dos tipos de material: los productos prohibidos (material que no tiene otro uso práctico que la tortura u otros malos tratos) y los productos controlados (material que podría utilizarse para la tortura u otros malos tratos). Teniendo en cuenta esta distinción, la declaración subraya que algunos materiales (correspondientes a la categoría de bienes prohibidos), como los dispositivos de descarga eléctrica corporal, son crueles y degradantes por su diseño y deben prohibirse rotundamente. La declaración pide que se prohíba la fabricación y el comercio de este tipo de material, incluidos los instrumentos inhumanos de inmovilización y las porras eléctricas. Otros equipos (correspondientes a la categoría de mercancías controladas), según la declaración, pueden ser fácilmente objeto de abusos y su comercio debe regularse estrictamente. Así pues, la declaración apoya controles comerciales efectivos y basados en los derechos humanos sobre el material habitual de las fuerzas del orden -como el espray de pimienta, las balas de goma y las esposas-, que a menudo se utiliza para cometer actos de tortura u otros malos tratos.
Novedades en la ONU
En junio de 2019, en su resolución A/RES/73/304, la Asamblea General de la ONU pidió al Secretario General que recabara la opinión de los Estados miembros sobre la viabilidad y el posible alcance de una serie de opciones para establecer normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de productos utilizados para aplicar la pena de muerte e infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En julio de 2020, el Secretario General presentó su informe (A/74/969) en respuesta a la petición de la Asamblea General. En él explicaba que la mayoría de los 46 Estados miembros que respondieron al cuestionario apoyaban la propuesta de establecer normas internacionales comunes y una mayoría estaba a favor de un instrumento jurídicamente vinculante.
En la citada resolución de 2019, la Asamblea General también pidió al Secretario General que creara un grupo de expertos/as gubernamentales (GEG) para examinar la viabilidad y el alcance de los bienes que debían incluirse, así como para redactar los parámetros de una serie de opciones para establecer normas internacionales comunes. En mayo de 2022, el GEG publicó su informe (A/76/850), en el que proponía establecer normas internacionales comunes, en forma de instrumento jurídicamente vinculante o de normas no vinculantes.
En la resolución contra la tortura de 2022 (A/RES/77/209), la Asamblea General, tomando nota del informe del GEG, instó a todos los Estados miembros a adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo eficaces para prevenir y prohibir la producción, el comercio, la exportación, la importación y el uso de material cuyo único uso práctico sea infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Alianza para un comercio sin tortura
La declaración pide a todos los Estados que cumplan sus obligaciones positivas de prevenir y erradicar la tortura y otros malos tratos apoyando el establecimiento de un Tratado de Comercio sin Tortura. Ya existe un apoyo considerable a un instrumento de este tipo. En septiembre de 2017, la UE, Argentina y Mongolia lanzaron la Alianza para un comercio libre de tortura al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Alianza cuenta actualmente con más de 60 Estados.
