Dr Amar Jesani (Indian Journal of Medical Ethics) y Dra. Jinee Lokaneeta (Drew University)
Durante las tres últimas décadas, la India se ha caracterizado por una falta casi absoluta de cambios con respecto a la incidencia (elevada) de casos de tortura y malos tratos y una disparidad marcada entre las protecciones jurídicas relativamente bien desarrolladas para las personas detenidas y las prácticas reales de los servicios policiales y penitenciarios.
El gran tamaño del país hace que sea difícil generalizar. La tortura ha sido peor en las áreas afectadas por conflictos persistentes, como Jammu y Cachemira, así como partes del país azotadas por la violencia comunitaria. Sin embargo, sería engañoso considerar que la tortura es algo conectado únicamente a la inestabilidad política o el conflicto. La tortura y los malos tratos son endémicos en el sistema de justicia penal indio. Esto refleja en parte fenómenos sociales como la naturaleza extremadamente jerárquica de la sociedad india y la violencia sistémica contra las mujeres; esto también se perpetúa por la falta de reforma en el sistema policial colonial heredado al independizarse el país en 1947. La policía se comporta como una fuerza ocupante en su propio país.
Ahora bien, a pesar de la abundancia de cifras, es difícil obtener datos fidedignos y precisos sobre la incidencia de la tortura. Las cifras relativas a las muertes acaecidas durante la detención – lo que constituye un problema social enorme – normalmente se emplean como indicador de la tortura, cuya incidencia exacta sigue siendo desconocida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India ha intentado documentar y abordar el problema de la tortura, sin conseguir resultados significativos. Varias decisiones progresistas del Tribunal Supremo indio casi no están reflejadas en la práctica en el ámbito local.