Exclusión de las pruebas obtenidas por medio de la tortura

El principal cometido de la tortura ha sido siempre el de obligar a un acusado a confesar o proporcionar algún otro tipo de información. El uso de dicha información, obtenida a través de formas ilegales de coacción, es por tanto una de las causas profundas de la tortura. Hoy en día, todavía existen muchos países en todo el mundo en los cuales el personal encargado de mantener el orden en el Estado sigue torturando y maltratando a las personas detenidas con el fin de obtener información.

Utilizar las pruebas obtenidas mediante la tortura en cualquier procedimiento es contrario al derecho internacional y se opone también, cada vez más, a las leyes nacionales. La importancia de un sistema nacional sólido y eficaz que sea capaz de anular este tipo de información (por medio de una regla de exclusión) puede ser vital para prevenir la obtención de confesiones por medio de la tortura.

Hay que tener en cuenta que la regla de exclusión de pruebas no se aplica contra una persona acusada de tortura para demostrar que se hizo tal declaración (en lugar de admitir la declaración por su veracidad).

La experiencia ha demostrado que, cuando se somete a tortura, o se encuentra bajo amenaza de tortura, el individuo va a hacer o decir cualquier cosa para evitar el dolor. Como resultado, no hay manera de saber si la información obtenida es o no realmente cierta. Esta realidad ha sido conocida durante siglos. Incluso en la antigua Roma, el famoso jurista Ulpiano condenó el uso de la tortura como método para obtener información fiable y observó que cuando las personas detenidas eran torturadas, afirmaban cualquier cosa para acabar con la crueldad, lo que hacía que esta práctica no tuviera valor como herramienta de investigación. Por lo tanto, permitir que se utilice este tipo de información ante un tribunal va claramente en contra de los principios de justicia.

A pesar de ello, estas prácticas prohibidas se han repetido en todas las sociedades desde entonces y representan, hoy en día, una de las causas más comunes de tortura.

Eliminar el incentivo de la tortura

Incluso si las pruebas obtenidas mediante tortura fueran ciertas (y tal vez lo sean) deben, de cualquier manera, ser excluidas de todos los procedimientos. Si un tribunal se basa en este tipo de pruebas, podría suponer un incentivo para que las personas encargadas de mantener el orden en el Estado fuercen este tipo de confesiones, creando un mercado libre para la tortura, tanto a nivel nacional como internacional. Por el contrario, si las pruebas obtenidas mediante la tortura no son admitidas, sería un incentivo importante para la eliminación de esta horrible práctica.

Los intentos por parte de varios Estados de permitir que se admitan este tipo de pruebas sumamente cuestionables, obtenidas en países conocidos por practicar la tortura, en un intento por responder a las amenazas planteadas por el terrorismo, resultan muy problemáticos y podrían socavar la prohibición absoluta de la tortura. Es por ello que la APT ha comenzado a examinar el alcance de la regla de exclusión y cómo los Estados pueden aplicar esta norma en la práctica.

¿Qué debe hacer el Estado?

En el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, se exige que cualquier declaración obtenida como resultado de la tortura no sea aceptada como prueba.

Incluso cuando existe un código procesal penal a nivel nacional que establece que el veredicto de un tribunal no puede basarse únicamente en la confesión del acusado, sigue siendo aún necesario la existencia de una disposición legal clara que prohíba que las confesiones obtenidas mediante el uso de la tortura no sean aceptadas como pruebas.

La prohibición se consigue normalmente a través de la legislación (Colombia, Finlandia y Turquía son ejemplos de ello, pero muchos otros países no lo prohíben explícitamente). La prohibición de este tipo de declaraciones como prueba debe ser incondicional, y sin excepción, y debe aplicarse a todos los procedimientos ya sean penales o no penales. Los jueces no deben tener ningún poder de decisión sobre la admisión de una declaración obtenida mediante la tortura como prueba. Los Estados deben excluir las pruebas corruptas obtenidas por otro Estado, incluso cuando no existan vínculos con la tortura.

Es responsabilidad de cada juez el asegurarse de que las pruebas admitidas en el tribunal no se hayan obtenido por medios ilícitos. Incluso cuando el acusado no ha presentado ninguna denuncia, los jueces deben estar preparados para exigir que se demuestre que las pruebas presentadas no se han obtenido por medio de la tortura, o que la confesión no se ha obtenido mediante ningún otro método de coacción.

Si durante el transcurso de un procedimiento judicial se alega que la prueba presentada ha sido obtenida mediante el uso de tortura o malos tratos, o cuando el juez tiene motivos para sospechar de ello, se debe realizar una audiencia separada para determinar la admisibilidad de dicha prueba (una audiencia voir dire o examen preliminar de pruebas).

El tribunal deberá exigir al Estado la obligación de demostrar que la prueba en cuestión no ha sido obtenida mediante tortura, puesto que éste último tiene acceso a las pruebas y a los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación adecuada. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura recomienda:

“Cuando el acusado presenta denuncias de tortura u otras formas de malos tratos durante un juicio, la carga de la prueba recaerá sobre el fiscal, que deberá demostrar que la confesión no se obtuvo por medios ilícitos, incluidos la tortura u otros tipos similares de malos tratos”.

El Estado podría liberarse de esta obligación a través del mantenimiento de un registro detallado de las detenciones, proporcionando un examen médico independiente al principio y al final de las detenciones, y una grabación audio-visual de todos los interrogatorios. Estos registros han de ser examinados de forma minuciosa por un juez.

Otras medidas posibles

Con el fin de responder de forma eficaz a la obligación de excluir las pruebas obtenidas mediante tortura, el Comité contra la Tortura ha señalado que deben considerarse también ciertas medidas complementarias. Varios expertos han sugerido diferentes maneras por medio de las cuales un Estado puede excluir plenamente el uso de todas las confesiones obtenidas por medio de la tortura.

Así pues, los Estados también podrían adoptar medidas para:

  • Evitar el uso de confesiones como única prueba necesaria para un veredicto de culpabilidad, ya que estos procedimientos invitan a la coacción y al uso de la fuerza para obtener una confesión.
  • Excluir todas las confesiones hechas por funcionarios no judiciales o sin la presencia del abogado de la persona detenida.
  • Excluir las pruebas obtenidas durante cualquier interrogatorio que no haya sido grabado.
  • Prohibir el uso de pasamontañas o vendas en los ojos durante los interrogatorios.
  • Garantizar el derecho contra la auto-inculpación y garantizar que el acusado sea informado de este derecho.
  • Establecer un procedimiento claro para comprobar si existen signos de tortura en la obtención de las confesiones.