Medidas urgentes para prevenir más muertes en cárceles de Brasil

Viernes, Enero 10, 2014

Las atrocidades que ocurrieron en Maranhão el año pasado, con la muerte de 60 personas dentro de las cárceles y denuncias de violaciones sexuales en contra de mujeres familiares de presos, retratan el más profundo desprecio por el principio de la dignidad humana por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad física y psíquica de las personas bajo su custodia y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, dentro y fuera de las cárceles.

En una nota conjunta, la APT y la Pastoral Carcelaria de Brasil manifestaron su repudio a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el sistema penitenciario del Estado de Maranhão y su gran preocupación por la falta de implementación de medidas concretas por parte de las autoridades estatales de los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, del Ministerio Público y del gobierno federal para evitar esos hechos. El Estado, al privar a una persona de su libertad, asume la posición de garante de los derechos fundamentales y tiene el deber de tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la observancia de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

Los actos de violencia dentro de los establecimientos penales, así como en las calles de la ciudad de São Luis, tienen sus raíces en factores mucho más amplios y complejos que van más allá del sistema penitenciario. El Estado se rige por un sistema político-económico que alimenta la extrema desigualdad social y económica, la corrupción endémica y la debilidad de las instituciones democráticas, el cual, a su vez, contribuye a perpetuar la pobreza y el aumento de la vulnerabilidad de gran parte de su población. Maranhão es hoy el estado brasileño con el segundo índice de desarrollo humano más bajo del país.

La APT y la Pastoral Carcelaria instan a las autoridades federales y del Estado de Maranhão, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Ministerio Público, a adoptar de manera urgente una serie de medidas con el objetivo de garantizar la integridad física y psíquica de las personas que se encuentran bajo su custodia y evitar la repetición de otros actos degradantes y violentos. Entre ellas, se destacan la federalización de la investigación de los asesinatos ocurridos en las cárceles, con carácter de urgencia, el establecimiento y puesta en marcha de los mecanismos locales y nacional de prevención de la tortura, según la ley nacional 12.847, y la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, nacionales y locales en las instancias de control de las instituciones penitenciarias, de seguridad pública y judicial.

Para mayor información, ver la nota de la APT y de la Pastoral (en Portugués).

Equipo