Las autoridades

La máxima responsabilidad para hacer respetar y proteger los derechos humanos recae sobre el gobierno y sus autoridades.

Las estrategias y medidas nacionales para la prevención de la tortura deben involucrar a los representantes de todos los ministerios pertinentes (locales, provinciales y/o nacionales) con competencias en los lugares de detención. Esto incluye tanto al personal político y técnico, como a los administradores y al personal de los centros de detención.

Puesto que el personal de los centros de detención es responsable del cuidado y la custodia de las personas privadas de libertad, está directamente involucrado en la aplicación específica del OPCAT y en la aplicación de medidas preventivas concretas.