La regla de exclusión: guía de jurisprudencia

Los siguientes casos han sido analizados únicamente en referencia a la regla de exclusión y, por tanto, no han der ser considerados como un resumen de dichos casos.

Comité contra la Tortura

Comité de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

Jurisprudencia nacional

 

Comité contra la Tortura (CCT)

 

Evolev c. Kazajistán, Comunicación N° 441/2010, 17 de diciembre de 2013

El Sr. Evolev, de Kazajistán, fue detenido en 2008 en la República Chechena de la Federación Rusa mediante una orden de arresto internacional basada en la confesión de otro individuo, quien afirmó que el Sr. Evolev y él mismo habían asesinado a una mujer y a sus tres hijos menores. Inmediatamente después de que el Sr. Evolev fuera detenido, las confesiones empleadas para justificar su arresto fueron impugnadas por haberse realizado presuntamente bajo coacción.

Al regresar a Kazajistán, el Sr. Evolev se vio confrontado a tratos degradantes y humillantes por parte de la policía, con el propósito de obligarlo a confesar. Aunque puso una denuncia por malos tratos, ninguna de las autoridades llevó a cabo una investigación. Es más, se  prolongó su detención y fue trasladado de un lugar a otro. Al final, acabó firmando una confesión en la que afirmaba haber cometido el crimen, por lo que fue condenado a cadena perpetua.

En su decisión, el Comité confirmó que las autoridades habían notificado las alegaciones de tortura, pero que éstas fueron completamente ignoradas. El CCT concluyó que el Estado no había cumplido con su obligación de investigar, prevenir o sancionar los actos de tortura, cometiendo así múltiples violaciones de la Convención. Además, el Estado violó el artículo 15 de la Convención al aceptar el uso de las pruebas en el proceso judicial, sin haber siquiera investigado las continuas alegaciones de tortura del demandante.

Abichou c. Alemania, Comunicación N° 430/2010, 16 de julio de 2013

El Sr. Onsi Abichou, de nacionalidad francesa, fue detenido en Alemania tras la emisión de una orden de arresto internacional como consecuencia de la información proporcionada por otro hombre que fue interrogado por la policía de Túnez mediante, posiblemente, el uso de métodos de coacción. Este sujeto relataba que el Sr. Abichou era cómplice de tareas relacionadas con el tráfico de drogas. Tras el intercambio de garantías diplomáticas, se acordó la extradición del Sr. Abichou.

El CCT se percató de que en Túnez se hacía un uso rutinario de la tortura para obtener confesiones. El Comité recordó que Túnez no había honorado sus garantías diplomáticas en el pasado, torturando a un sospechoso que había sido expulsado de Italia bajo garantías similares, y afirmó que Túnez había torturado a otros sospechosos involucrados en el mismo caso que el Sr. Abichou. En cuanto al fondo, el Comité consideró la denuncia exclusivamente en virtud de las obligaciones de Alemania de no devolver a una persona a un país en el que había un riesgo real de tortura, y reitera su posición de larga data de que las garantías diplomáticas no son suficientes para proteger a una persona de riesgos tan obvios. Dictaminó que Alemania había violado el artículo 3 de la Convención.

El Comité no considera que las pruebas utilizadas en los procesos judiciales alemanes para autorizar la extradición pudieran haber sido obtenidas mediante tortura, como una violación potencial de la regla de exclusión, alegación que Interpol tampoco tuvo en cuenta a la hora de pronunciar la orden judicial. Es una lástima que el Comité no trate de afrontar las deficiencias del hecho de devolver a una persona para someterla a un proceso judicial que, sin reparo alguno, emplea pruebas corruptas obtenidas mediante tortura.

Gallastegi Sodupe c. España, Comunicación N° 453/2011, 28 de junio de 2012

El Sr. Gallastegi Sodupe fue arrestado y detenido por la policía y alegó haber sido víctima de malos tratos con el fin de obtener una confesión. Fue condenado posteriormente al no constar en el informe médico ninguna prueba del uso de tortura durante la detención.

El CCT admite que España no investigó de manera eficaz la denuncia del Sr. Gallastegi Sodupe, pero no considera que se haya producido una violación del artículo 15, a pesar de que admite que las declaraciones auto-inculpatorias del acusado, supuestamente obtenidas mediante tortura, actuaron totalmente en su contra durante el proceso judicial.

El CCT considera que el autor no presentó información suficiente para permitir al Comité concluir que la declaración auto-inculpatoria fue “con mucha probabilidad” realizada como resultado de la tortura. Sin embargo,  la aceptación por parte del Comité de la ausencia de eficacia en la investigación, pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Estado parte de su obligación de demostrar que no se ha hecho uso de la tortura para la obtención de pruebas. Puesto que el Comité acepta explícitamente que la responsabilidad de demostrar que las declaraciones hechas por el acusado no han sido obtenidas en contra de su voluntad, la decisión del Comité es deplorable y contradice su conclusión anterior en el caso Ktiti (véase abajo).

Ktiti c. Marruecos, Comunicación N° 419/2010, 5 de julio de 2011

El Sr. Ktiti fue detenido en Marruecos con motivo de una orden de deportación de Argelia basada en pruebas de supuestas torturas cometidas contra una persona sin parentesco que había sido detenida en Argelia. El supuesto se basaba en los informes de los familiares que habían visitado al detenido argelino y que habían constatado lesiones visibles.

El Comité considera que Marruecos no cumplió con su obligación de verificar el contenido de las alegaciones y se basó en informaciones supuestamente obtenidas mediante tortura para ordenar la deportación del Sr. Ktiti. El Comité concluye, por tanto, que el Estado ha violado el artículo 15 de la Convención.

Blanco Abad c. España, Comunicación N° 59/1996, 14 de mayo de 1998

P.E. c. Francia, Comunicación N° 193/2001, 21 de noviembre de 2002

G.K. c. Suiza, Comunicación N° 219/2002, 15 de mayo de 2003

Estos tres casos están implicados en la supuesta tortura de mujeres pertenecientes a ETA por parte de las autoridades españolas. En el caso Blanco Abad c. España, la presunta violación del artículo 15 fue considerada inadmisible puesto que el juez excluyó la declaración que había sido impugnada.

En P.E. c. Francia, el CCT examinó la posibilidad de que el artículo 15 de la Convención fuera aplicable al procedimiento de extradición. Aunque el Comité concluyó que no se había producido una violación del artículo 15, afirmó que el procedimiento de extradición es aplicable a este artículo. La decisión del Comité obtuvo numerosas críticas por parte de los académicos, puesto que la acusación de tortura había sido documentada mediante pruebas suficientes y la decisión del tribunal español todavía no había sido pronunciada cuando Francia tomó la decisión de extraditar. El CCT también examinó el peso de las pruebas relacionadas con la extradición y concluyó que incluso fuera del marco de los procedimientos penales, el Estado parte, y no el detenido, tiene la obligación de comprobar la veracidad del alegato.

Por último, en G.K. c. Suiza, el Comité también rechazó la presunta violación del artículo 15 puesto que las autoridades españolas habían cerrado el proceso judicial penal contra los supuestos actos de tortura declarados por el demandante antes de pronunciarse sobre la deportación. La decisión reafirma, una vez más, que el artículo 15 es aplicable a cualquier proceso judicial, como función inherente a la naturaleza absoluta de la prohibición de la tortura.

Halimi-Nedyibi c. Austria, Comunicación N° 8/1991, 18 de noviembre de 1993

En el caso Halimi-Nedyibi c. Austria, el CCT examinó la emisión del peso de las pruebas en relación con la alegación de que dichas pruebas fueron obtenidas mediante tortura y reconoció la dificultad de los demandantes de “demostrar” que la declaración fue obtenida mediante el uso de tortura. En lugar de responder a varias cuestiones sobre el procedimiento y la jurisdicción, el Comité centró su atención exclusivamente en las pruebas médicas, las cuales demostraban que la denuncia de malos tratos no estaba fundamentada. 

Véase también:

CAT, E.E. c. Federación Rusa, Comunicación N° 479/2011, 16 de julio de 2013 (dictada inadmisible)

 

Comité de Derechos Humanos

 

Chiti c. Zambia, Comunicación N° 1303/2004, 28 de agosto de 2012

En 1997, el Sr. Chiti fue detenido por la policía como sospechoso en un intento de golpe de Estado. Se le imputó el delito de traición. Se le recluyó en régimen de aislamiento e incomunicación, se le negó el acceso a un abogado y fue golpeado en repetidas ocasiones mediante técnicas ideadas para causar severos dolores y sufrimientos. Como resultado de la tortura, el Sr. Chiti firmó varias declaraciones en las que implicaba a políticos veteranos en el intento de golpe de Estado.

Al no negar Zambia las presuntas torturas, el Comité concluyó que se había cometido una violación del artículo 7 del PIDCP y afirmó que el trato recibido, constituía un acto de tortura tanto para el Sr. Chiti como para sus familiares.

El CDCP consideró que las declaraciones firmadas por el Sr. Chiti como resultado de la tortura (de nuevo, no desmentidas por Zambia), también constituían una violación del artículo 14(3)(g) del Pacto. El Comité recordó su Observación general Nº 32 en la que insiste en que el derecho a no verse obligado a declarar contra uno mismo debe interpretarse en el sentido de que las autoridades investigadoras no deben ejercer presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados con miras a que se confiesen culpables. El Comité recordó sus resoluciones anteriores, afirmando que cuando se sospeche que las pruebas han sido obtenidas mediante tortura, recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.

Musaev c. Uzbekistán, Comunicación N° 1914, 1915, y 1916/2009, 21 de marzo de 2012

El Sr. Musaev alegó varias violaciones del Pacto. Fue sometido, en repetidas ocasiones, a presiones físicas y psicológicas para obligarlo a declararse culpable. El Comité señaló que el Estado parte no prestó la consideración adecuada a las alegaciones de tortura y a las confesiones forzadas durante las fases anteriores al juicio o cuando enunciadas ante el tribunal. El CDCP concluyó que se habían violado los derechos del Sr. Musaev según los artículos 7 y 14(3)(g).

Jumaa c. Libia, Comunicación N° 1755/2008, 19 de marzo de 2012

El CDCP concluyó que Jumaa había sufrido violaciones según el artículo 7 (prohibición de la tortura) durante su interrogatorio por supuestos delitos y que las confesiones obtenidas como resultado de ello habían sido utilizadas en su contra, violando así su derecho a un juicio justo de conformidad con el artículo 14.

Gunan c. Kirguistán, Comunicación N° 1545/2007, 25 de julio de 2011

El autor fue detenido en Kazajistán, pero durante su extradición a Kirguistán, el Sr. Gunan alegó haber sufrido malos tratos durante tres días por parte de la policía. Fue golpeado con palos en los pies y se le negó el acceso a un abogado. Como resultado de ello, firmó varias declaraciones inculpatorias que fueron más tarde utilizadas en su contra. A pesar de haber presentado quejas contra los malos tratos, el tribunal rechazó las alegaciones que afirmaban haber sido obligado a confesar. El Sr. Gunan fue sentenciado a muerte más tarde.

Con relación a la denuncia de tortura del autor y a la coacción para firmar declaraciones en ausencia de un abogado, el CDCP concluyó que una vez que se ha presentado una queja de malos tratos conforme al artículo 7, el Estado parte debe investigar dicha queja pronta e imparcialmente (véase la Observación general N° 20, art. 14). Al no investigar las denuncias, el Estado parte no cumplió con su obligación de considerar las alegaciones de manera adecuada y violó, por lo tanto, los artículos 7 y 14(3)(g).

Aleksandr Butovenko c. Ucrania, Comunicación N° 1412/2005, 19 de julio de 2011

El Sr. Butovenko fue arrestado en 1999 por sospecha de homicidio. Otra persona que fue acusada junto con el Sr. Butovenko confesó el delito e implicó al autor en sus declaraciones. Tras la detención, el Sr. Butovenko fue sometido a abusos físicos y psicológicos durante varios días, negándosele el acceso a un abogado, por lo que acabó haciendo declaraciones inculpatorias. El Sr. Butovenko intentó más tarde retirar dichas declaraciones inculpatorias, pero fue condenado ante el Tribunal Regional de Kiev en diciembre de 2000.

El Comité señaló que el Estado parte no excluyó las declaraciones impugnadas y afirmó que el autor no presentó ninguna prueba que respaldase sus alegaciones de malos tratos. El CDCP remitió a su doctrina de jurisprudencia anterior y recordó que la carga de las pruebas no recae únicamente sobre el autor, ya que el Estado parte se encuentra en una posición mucho más favorable para llevar a cabo investigaciones y reunir pruebas (véase por ejemplo, Bleier c. Uruguay, Comunicación N° 30/1978, 29 de marzo de 1982). En los casos en los que el acusado alega haber realizado una confesión de manera forzada, el Estado parte tiene la obligación de demostrar que las declaraciones del acusado fueron realizadas por voluntad propia. En este caso, el Estado parte no presentó ningún argumento que negase la queja del autor de haber sido sometido a malos tratos, por lo que el CDCP concluyó que se habían violado los artículos 7 y 14(3)(g) del PIDCP.

Pavel Kirpo c. Tayikistán, Comunicación N° 1401/2005, 3 de diciembre de 2009

El Sr. Kirpo, empleado de la Organización de las Naciones Unidas en Tayikistán, fue detenido en mayo de 2000 por los oficiales del Ministerio de Seguridad, quienes alegaron que el Sr. Kirpo planeaba cometer un robo junto con otras personas. El Sr. Kirpo fue detenido en régimen de incomunicación y aislamiento. Doce días más tarde, tras la visita de su madre, “había perdido mucho peso y estaba completamente negro y azul”. La madre del Sr. Kirpo alegó que había sido torturado mediante descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo y golpeado con barras de metal para obligarle a confesar. Durante el juicio, los abogados del Sr. Kirpo presentaron denuncias de tortura, pero fueron simplemente ignoradas.

El Comité concluyó que el tribunal de Tayikistán no cumplió con su obligación de ordenar una investigación pronta e imparcial tras haber tenido conocimiento de los actos de tortura. Asimismo, el Comité afirmó que, al no haber habido respuesta alguna del Estado parte, el tribunal debería haber observado apropiadamente las alegaciones del autor. Por ello, el CDCP concluyó que se habían violado los artículos 7 y 14(3)(g) del Pacto.

Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, Comunicación N° 1033/2001, 23 de agosto de  2004

El autor de la queja no tiene la obligación de demostrar que sus confesiones fueron obtenidas mediante coacción. La carga de las pruebas recae sobre el tribunal.

El Sr. Singarasa, sospechoso de haber participado en actividades terroristas, fue arrestado en julio de 1993. El Sr. Singarasa fue presuntamente golpeado y torturado en repetidas ocasiones durante su detención por la policía y por los miembros de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka. Durante todo este tiempo, se le negó el acceso a asesoramiento jurídico y fue interrogado. El Sr. Singarasa realizó más tarde una declaración ante la policía y fue obligado a estampar su huella dactilar en una confesión, redactada en un idioma que no comprendía. El Sr. Singarasa pudo solicitar, a través de un abogado de oficio, que se le realizara un examen médico. Dicho examen corroboró las lesiones como consecuencia de los golpes recibidos. Durante la audiencia voir dire para examinar la admisibilidad de las pruebas, la Corte Suprema concluyó que la confesión era admisible. La Corte Suprema decretó que el Convenio para la Prevención del Terrorismo (PTA, por sus siglas en inglés), según el cual el Sr. Singarasa había sido detenido, estipula que se admitirá cualquier declaración que haya sido realizada ante un oficial de policía experimentado, siempre y cuando no sea considerada irrelevante. De conformidad con el PTA, el acusado debería haber denunciado la irrelevancia de tal declaración. Así pues, la confesión fue admitida, a pesar de las pruebas médicas presentadas, y el Sr. Singarasa fue condenado a 35 años de prisión.

El Comité consideró que, acogiéndose a los principios de que ninguna persona puede ser obligada a confesar (artículo 14(3)(g) del PIDCP) y cualquier persona detenida ha de ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario (artículo 14(2)), la obligación de demostrar que la confesión fue obtenida sin coacción recae sobre el tribunal. El CDCP concluyó que la carga de las pruebas había efectivamente sido invertida en Sri Lanka debido a la disposición explícita del PTA, y aunque se le dio poca importancia a dicha prueba, la carga recayó sobre el Sr. Singarasa. Se considera, por tanto, que se ha cometido una violación del Pacto.

Kurbanov c. Tayikistán, Comunicación N° 1096/2002, 12 de noviembre de 2003

En 2001, el Sr. Kurbanov acudió a una comisaría de policía para declarar como testigo, pero fue detenido sin orden judicial y sometido a actos de tortura. Más tarde, fue inculpado por homicidio. Fue torturado de nuevo, obligado a firmar una confesión y a renunciar a su derecho de acceso a un abogado. Tras un juicio injusto marcado por numerosas violaciones procesales, el Sr. Kurbanov fue condenado y sentenciado a muerte.

En su consideración, el CDCP afirma que la carga de las pruebas relativas a la alegación de tortura no ha de recaer sobre la víctima. El Comité recuerda que, por lo general, solamente los Estados parte tienen acceso a informaciones relevantes. Puesto que la queja de tortura estaba fundamentada y la condena del autor se basó únicamente en las confesiones obtenidas mediante coacción, el CDCP concluyó que se había cometido una violación del artículo 14(3)(g) del Pacto.

Véase también:

CDCP, Andrei Zhuk c. Bielorrusia, Comunicación N° 1910/2009, 6 de noviembre de 2013

CDCP, Vladislav Kovalev y otros c. Bielorrusia, Comunicación N° 2120/2011, 27 de noviembre de 2012

Berry c. Jamaica, Comunicación N° 330/1988, 4 de julio de 1994

CDCP, Estrella c. Uruguay, Comunicación N° 74/1980, 29 de marzo de 1983

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

 

El Haski c. Bélgica (Asunto N° 649/08), 25 de septiembre de 2012

Ningún tribunal debería admitir las pruebas presentadas por otro Estado si el acusado es capaz de demostrar la existencia de un “riesgo real” de que las pruebas se obtuvieran mediante tortura o malos tratos, a no ser que el Estado pueda demostrar que dichas pruebas fueron obtenidas legalmente.

El Sr. El Haski, ciudadano marroquí, fue detenido y condenado en Bélgica en 2005 por participación en un grupo terrorista. Las pruebas en el expediente incluían declaraciones de ciertas personas en Marruecos que, según el Sr. El Haski, habían sido sometidas a tortura y malos tratos por incumplimiento del artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH). El Tribunal Belga de Apelación rechazó la petición del Sr. El Haski de excluir dichas declaraciones, puesto que no había sido capaz de sembrar dudas razonables sobre la manera en que las pruebas fueron obtenidas.

El TEDH remitió a su resolución anterior en el caso Othman (Abu Qatada) c. el Reino Unido, afirmando que cuando un Estado presenta pruebas, pero no ofrece garantías de que hayan sido obtenidas de conformidad con las obligaciones del Convenio, las pruebas deberían excluirse si el acusado demuestra que existe un “riesgo real” de que hubieran sido obtenidas mediante tortura.

Conforme a este principio, la Gran Sala reconoció que Marruecos no ofreció garantías y que los informes de la ONU y de las ONG ilustraban un riesgo real de que dichas declaraciones fueran obtenidas mediante el uso de tortura. Las garantías de un juicio justo (artículo 6 del CEDH) exigían, por tanto, que las declaraciones presentadas por las autoridades de Marruecos fueran excluidas, a no ser que Bélgica pudiera demostrar que no fueron obtenidas por medios ilícitos. Al no haber realizado el examen apropiado, Bélgica atribuyó al Sr. El Haski una responsabilidad prácticamente imposible de cumplir. Todo ello dio lugar a un juicio injusto, produciéndose así una violación del artículo 6.

Véase también:

TEDH, Othman (Abu Qatada) c. el Reino Unido (Asunto N° 8139/09), 17 de enero de 2012

Consulte la obra de Manfred Nowak, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el análisis de la tortura en el caso Othman (Abu Qatada) c. el Reino Unido en el boletín electrónico de la APT sobre Oriente Medio y norte de África

Gäfgen c. Alemania, Gran Sala del TEDH (Asunto N° 22978/05), 1 de junio de 2010

Cualquier confesión pronunciada de manera repetida como resultado directo de una confesión obtenida previamente mediante tortura o malos tratos (la doctrina del llamado “fruto del árbol envenenado”) tendrá como consecuencia, por lo general, el que se considere injusto cualquier juicio en el que sea admitida dicha confesión. Sin embargo, cuando se generan pruebas reales (tales como un cuchillo ensangrentado o pruebas forenses en un cuerpo) como resultado directo de la infracción anterior, las circunstancias particulares del caso pueden demostrar que la admisión de dichas pruebas no pondrá en peligro la legitimidad del juicio. Algunos de los casos en los que la legitimidad de los procedimientos podría verse afectada son, por ejemplo, cuando la prueba subsiguiente podría haberse descubierto pese a la infracción anterior, o dicha prueba no debería haberse empleado en contra del acusado.

La Gran Sala considera que las confesiones obtenidas tras la infracción original deberían ser excluidas como parte de la naturaleza continua de la infracción. Cuando se adoptan medidas positivas para romper con la naturaleza continua de la infracción anterior y, por tanto, con la cadena de causalidad, se podría admitir una confesión obtenida posteriormente como prueba nueva e irreprochable.

Es difícil justificar la distinción artificial entre pruebas reales y confesiones, ambas “frutos” procedentes directamente de las pruebas obtenidas previamente mediante tortura. Puesto que la admisibilidad de las pruebas reales depende del impacto que tengan en el juicio subsiguiente, existe un riego inminente de crear cierta incertidumbre legal.

Con opiniones parcialmente disconformes, seis jueces concluyeron que era necesario establecer una normativa más clara con respecto a la exclusión de pruebas en los juicios penales. Afirmaron además que la legitimidad “presupone el respeto de la ley y requiere, como proposición obvia, la exclusión de cualquier prueba que haya sido obtenida por incumplimiento del artículo 3”. Según esta conclusión, se consideraría injusto cualquier juicio que aceptara pruebas contaminadas por la infracción original, independientemente de si dichas pruebas han sido decisivas o no a la hora de condenar al acusado.

Harutyunyan c. Armenia (Asunto N° 36549/03), 28 de junio de 2007

En 1998, el Sr. Harutyanan fue reclutado por el ejército. Una noche, mientras que el autor estaba de guardia, un soldado fue asesinado. El Sr. Harutyanan fue conducido a una comisaría de policía militar, donde lo golpearon con porras de caucho y le machacaron las uñas con unos alicates. Las mismas técnicas fueron empleadas con otros sospechosos. Tras un día entero de violentos interrogatorios, uno de los sospechosos confesó haber visto al Sr. Harutyanan dispar a aquel soldado. Como resultado del uso de otros métodos de coacción, otro sospechoso acabó corroborando los hechos. Después de haber sufrido graves torturas durante todo un mes, el Sr. Harutyanan acabó confesando haber disparado accidentalmente al soldado, por lo que fue acusado de asesinato. El Sr. Harutyanan repitió su confesión, como parte de la investigación formal, durante la reconstrucción del escenario del crimen.

En diciembre de 1999, el Sr. Harutyanan fue declarado culpable de asesinato. Durante el proceso de apelación, la condena fue anulada y se ordenó la investigación del caso en mayor profundidad. El Sr. Harutyanan pidió que sus confesiones, así como las de sus compañeros, fueran consideradas inadmisibles, puesto que habían sido obtenidas mediante tortura. Su queja fue corroborada ya que los interrogadores habían sido encarcelados por torturar al demandante y a otros soldados con el fin de obligarles a confesar. Sin embargo, un nuevo juicio celebrado en 2002 volvió a declarar al Sr. Harutyanan culpable de los hechos. El tribunal dictaminó que su confesión, así como la de sus compañeros, habían sido corroboradas con otras “confesiones libres” que se habían realizado en audiencias anteriores. El tribunal también citó en su sentencia otras pruebas forenses que corroboraban la inculpación del Sr. Harutyanan.

El TEDH señaló que las declaraciones realizadas mediante coacción habían tenido un gran impacto durante el proceso judicial. Aunque aceptó que no siempre se puede deducir que la admisión de pruebas ilícitas (como las grabaciones ocultas) constituye una violación del derecho del acusado a un juicio justo, a la luz de la protección contra la tortura, no debería de tenerse en cuenta nunca cualquier declaración corrupta como prueba de la culpabilidad de la víctima, independientemente del grado de veracidad. Toda otra conclusión sólo serviría para legitimar de manera indirecta la conducta moralmente inaceptable que los autores del artículo 3 del Convenio buscaron proscribir o, en otras palabras, hubiera sido como “envolver la brutalidad con el manto de la legislación”.

El TEDH añadió que el hecho de que las confesiones corruptas hayan sido pronunciadas en repetidas ocasiones no tiene ninguna relevancia. El Tribunal afirmó que el miedo a sufrir los mismos abusos que al principio, o a seguir recibiendo amenazas de tortura, podría explicar fácilmente dicha repetición. Así pues, se debería de cuestionar seriamente la credibilidad de las declaraciones posteriores. Dichas declaraciones no deberían tampoco utilizarse para determinar la culpabilidad del Sr. Harutyanan.

Independientemente del impacto que las declaraciones obtenidas mediante tortura tuvieron en el proceso judicial, el simple uso de las declaraciones otorgó un carácter injusto al juicio, concurriendo así en una violación del artículo 6 del CEDH.

Jalloh c. Alemania (Asunto N° 54810/00), 11 de julio de 2006

Al igual que ocurre con las confesiones, las pruebas “reales” deberían excluirse si han sido obtenidas por violación de la prohibición de la tortura y otras formas de malos tratos.

En el caso Jalloh, el TEDH escuchó que la policía alemana había visto al demandante sacar de su boca “burbujas” envueltas para seguidamente venderlas. Al creer que las burbujas contenían droga, la policía le administró, durante su detención y en contra de su voluntad, un emético para obligarle a vomitar. El Sr. Jalloh vomitó una burbuja que contenía drogas. A pesar de su objeción de utilizar en el juicio las pruebas obtenidas mediante la administración de eméticos, el tribunal alemán se basó en dichas pruebas y el Sr. Jalloh fue condenado.

La Gran Sala del TEDH examinó si los métodos empleados para forzar al sospechoso a proporcionar pruebas “reales” mediante tortura o malos tratos eran equivalentes a la obtención de confesiones por medio de coacción, violando así el derecho contra la auto-inculpación. El Tribunal recuerda que aunque el privilegio hace referencia principalmente al respeto de la voluntad del acusado a permanecer en silencio, el tribunal había resuelto anteriormente que también se podría aplicar dicho privilegio a aquellas situaciones en las que se emplean métodos de coacción para obtener pruebas reales.

En su análisis, se compararon los factores del caso con otras circunstancias en las que se obtienen pruebas por la fuerza, pero que existen independientemente de la voluntad del acusado, tales como la respiración o las muestras de sangre, orina, cabello o voz. La Gran Sala afirmó que, en este caso, las pruebas habían sido obtenidas mediante el uso de técnicas que causaron un sufrimiento físico, por lo que podían ser consideradas como malos tratos. La Gran Sala determinó además que las pruebas inculpatorias– ya sean confesiones o pruebas reales obtenidas como resultado de actos de violencia o brutalidad u otros tratos que puedan ser caracterizados como tortura– no deben tomarse en cuenta como prueba de la culpa de la víctima, independientemente de su valor probatorio.

Véase también:

TEDH, Gocmen c. Turquía (Asunto N° 72000/01), 17 de octubre de 2006

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Véase también:

CIDH, Maritza Urrutia c. Guatemala (Serie C N° 103), 27 de noviembre de 2003
 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos


CADHP, Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales e Interights c. República Árabe de Egipto, Comunicación N° 334/06, 1 de marzo de 2011

Tres víctimas fueron torturadas, procesadas y condenadas a muerte tras haber sido acusadas del bombardeo que tuvo lugar en 2004 y 2005 en la Península del Sinaí en Egipto. Todas las víctimas alegaron haber sido torturadas para obligarles a confesar ante los fiscales y ante el tribunal. Aunque intentaron retractarse, se hizo uso de las confesiones para condenarlas. La Comisión Africana condenó la decisión de Egipto y afirmó que se debería de haber sospechado del uso de métodos de coacción ya que los detenidos fueron arrestados sin garantías procesales, tales como la detención en régimen de aislamiento o incomunicación. 

Las tres víctimas declararon haber sufrido golpes y descargas eléctricas, haber sido suspendidas de diferentes posiciones estresantes y haber sido sometidas a otros tratos crueles y degradantes. Durante la detención, las víctimas afirmaron que se les negó el acceso a asesoramiento jurídico y, a pesar de sus repetidas solicitudes, no se les permitió tampoco acudir a la Autoridad Médica Forense para realizar un examen médico antes de los juicios.

Con relación a la sentencia, la Comisión Africana desaprobó la decisión de condenar a tres hombres basándose en pruebas obtenidas mediante tortura y malos tratos, por lo que concluyó que se había cometido una violación de los artículos 5, 7 y 26 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En relación a la queja según la cual las confesiones habían sido obtenidas mediante tortura, la Comisión repitió que “cualquier confesión u otra prueba obtenida mediante el uso de la fuerza u otros métodos de coacción, no serán admitidas como prueba o consideradas probativas de cualquier hecho en el juicio o durante la lectura del veredicto (véase la Comisión Africana, Principios y Directrices para un Juicio Justo). La Comisión reconoció que las víctimas son, a menudo, detenidas en régimen de aislamiento y es un completo desafío para ellas el conseguir las pruebas necesarias para demostrar que han sido sometidas a malos tratos. Por ello, la Comisión afirmó que “se considerará que cualquier confesión o admisión realizada durante la detención en régimen de aislamiento ha sido obtenida mediante el uso de métodos de coacción”. Cuando no se ofrezcan garantías procesales en los lugares de detención, recaerá sobre el Estado la presunción impugnable de malos tratos.

La Comisión también analizó la carga de las pruebas y afirmó que cuando una persona alega que su confesión fue obtenida mediante tortura, el Estado tiene la obligación de probar que dicha confesión fue realizada por la propia voluntad del acusado. En relación a la debida aplicación de la ley, la Comisión afirmó que “cuando la víctima siembra la duda de si determinadas pruebas fueron obtenidas mediante tortura o malos tratos, no deberían de admitirse dichas pruebas a no ser que el Estado pueda demostrar que no ha habido ningún riesgo de tortura o malos tratos”. La Comisión añadió que las confesiones obtenidas en ausencia de garantías procesales, como ocurre por ejemplo con las detenciones en régimen de aislamiento, e incluso cuando no existe ningún tipo de alegación contra la tortura, no deberían de ser admitidas en el juicio.

Véase también

CADHP, Asociación Africana Malawi c. Mauritania (Comunicaciones 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97, 196/97, 210/98), 11 de mayo de 2000

 

Jurisprudencia nacional

SIAC c. Mohammed Othman (Abu Qatada), SC/15/2005, 12 de noviembre de 2012

En noviembre de 2012, la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración (SIAC, por sus  siglas en inglés) del Reino Unido rechazó los planes del gobierno de deportar al extremista musulmán Abu Qatada a Jordania para ser sometido a juicio. La SIAC hizo referencia a una resolución anterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y concluyó que el juicio de Abu Qatada en Jordania no contemplaría los estándares de un juicio justo, puesto que existía un riesgo real de que las pruebas obtenidas mediante tortura se usaran durante el proceso judicial. Así pues, determinó que la deportación no debería llevarse a cabo sin garantías de las autoridades jordanas. El gobierno del Reino Unido trata ahora de presentar un recurso contra la decisión de la SIAC.

Conforme a la resolución del TEDH, en enero de 2012, de que la deportación del polémico clérigo musulmán violaría sus derechos a un juicio justo, “debido al riesgo real de admisión en el nuevo juicio de pruebas obtenidas mediante la tortura de terceras personas”, el Reino Unido entabló negociaciones gracias a las cuales Jordania ofreció garantías de que se respetaría el derecho de Abu Qatada a un juicio justo. Así pues, se acordó una nueva fecha para su regreso. Abu Qatada recurrió la decisión. Puesto que la decisión estaba parcialmente basada en informaciones secretas, el recurso de apelación fue examinado por la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración del Reino Unido (SIAC).

La SIAC estimó que, antes de admitir las pruebas, el juez de un tribunal nacional debe asegurarse de que no existe un riesgo real de que dichas pruebas hayan sido obtenidas mediante el uso de tortura.

La SIAC analizó la legislación jordana para evaluar la posibilidad de que se admitiesen las declaraciones que fueron presuntamente obtenidas mediante tortura, la capacidad de los autores de realizar un interrogatorio, así como el valor probativo que las declaraciones podrían tener durante el juicio.

Al analizar si las declaraciones serían admitidas, la SIAC señaló que la carga de demostrar que dichas declaraciones fueron realizadas como resultado de la tortura recaería sobre el demandante y que sería extremadamente difícil para cualquier persona cumplir con dicha labor. La carga es particularmente onerosa puesto que las declaraciones se hicieron hace décadas y hoy en día se dispone únicamente de unas cuantas pruebas médicas.

La SIAC afirmó que, a pesar de las garantías de las autoridades jordanas, seguía existiendo un riesgo real de que se admitieran las declaraciones obtenidas mediante tortura en contra de Abu Qatada y que dichas declaraciones podrían tener una función probatoria en el veredicto del tribunal. Por consiguiente, la SIAC resolvió que la deportación no debería llevarse a cabo a no ser, y hasta que, se aplicaran garantías que asegurasen que se celebraría un juicio justo.

En el caso alemán Mounir El-Motassadeq, la Corte Suprema alemana (Corte Federal de Justicia) anuló la condena de El-Motassadeq por 3.066 cargos de cómplice de asesinato debido a que las pruebas utilizadas por la cámara baja procedían de Ramzi Binalshibh, un detenido bajo custodia secreta de los Estados Unidos que había presuntamente sido torturado. La Corte observó que no se pudo localizar al testigo, quien no pudo tampoco presentarse al juicio, ni se había puesto a disposición de la Corte ninguna declaración. En su lugar, las autoridades americanas únicamente proporcionaron fragmentos del testimonio desl testigo.

Durante el juicio, la Corte alemana pidió de nuevo a los Estados Unidos que se transfiriera el testigo a Alemania para ser interrogado, o que proporcionaran al menos transcripciones de las entrevistas con  Binalsheibh. La Corte requirió que el FBI explicara cómo se habían obtenido dichas declaraciones. Sin embargo, los Estados Unidos simplemente enviaron a la Corte resúmenes de los testimonios de tres detenidos y afirmaron que no pudieron recopilar más información.

La Corte alemana era conocedora de los presuntos actos de tortura cometidos por los agentes norteamericanos contra los reclusos retenidos en régimen de detención secreta, por lo que tuvo que decidir si se debería de excluir el uso de dichos resúmenes de conformidad con el artículo 15. Tras un período de reflexión, la Corte decidió que se admitirían los resúmenes en el juicio, puesto que no se pudo afirmar de manera rotunda que las declaraciones fueran obtenidas mediante el uso de tortura, ya que los Estados Unidos no proporcionaron la información necesaria que permitiese a la Corte tomar tal decisión. La Corte dio gran importancia al hecho de que las declaraciones contenían informaciones exculpatorias, como si se pretendiese demostrar que no se hizo uso de la tortura para su obtención. Al final, El-Motassadeq fue condenado de nuevo a 7 años de prisión por participación en una organización terrorista. El juez concluyó que las declaraciones de los Estados Unidos no tenían valor probativo debido a la incertidumbre de su origen. Añadió, además, que las declaraciones fueron únicamente empleadas para corroborar pruebas que eran claramente admisibles.

La sentencia acogió un gran número de críticas. La Corte otorgó una carga insoportable al acusado, puesto que era imposible demostrar que los testimonios recogidos en otro país fueron fruto de la tortura, a pesar de que no podrían haberse obtenido de otra manera.

A y Otros c. Secretario de Estado del Departamento de Interior [2004] EWCA Civ 1123

A y Otros c. Secretario de Estado del Departamento de Interior [2005] UKHL 71, sentencia del 8 de diciembre de 2005

La Cámara de los Lores del Reino Unido se vio confrontada a una cuestión diferente en el caso A y Otros c. Secretario de Estado del Departamento de Interior. La decisión se centró en la cuestión de si los tribunales británicos deberían aceptar las pruebas obtenidas por agentes estatales de otros países en los que la tortura es una práctica común.

Al justificar que las personas deberían ser detenidas indefinidamente bajo una “orden de control”, el Secretario de Interior del Reino Unido utilizó declaraciones obtenidas mediante presuntas torturas de reclusos encerrados en los Estados Unidos. La Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración (SIAC) trató de buscar una respuesta a la cuestión de si se deberían admitir y utilizar las declaraciones que han sido obtenidas, o podrían haber sido obtenidas, mediante el uso de tortura por parte de un país extranjero en aquellos casos en los que no ha habido participación alguna de los agentes británicos. En 2004, el Tribunal de Apelaciones respondió a esta cuestión de manera afirmativa (2-1 veredicto por mayoría), a pesar de que el Tribunal había reconocido la posibilidad de que los detenidos fueran, de hecho, víctimas de la tortura. El veredicto fue posteriormente criticado por el CCT y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Sin embargo, la apelación posterior de la Cámara de los Lores anuló por unanimidad la resolución del Tribunal de Apelaciones. Los Lores concluyeron que el Reino Unido no debería utilizar las pruebas obtenidas por un Estado extranjero mediante el uso de la tortura en ningún proceso judicial. Lord Bingham, inspirador de esta decisión, señaló que el Artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura imponía una regla de exclusión exhaustiva aplicable a todos los procesos judiciales. Así pues, afirmó: 

…la jurisprudencia británica ha aborrecido la tortura y ‟sus frutos” durante más de 500 años, al igual que más de 140 países que han adherido a la Convención de la Tortura. Estoy sorprendido e incluso un poco consternado ante la sugerencia (y la aceptación por parte del Tribunal de Apelaciones) de que esta tradición, profundamente enraizada, y una obligación internacional contraída explícitamente pueda ser suprimida por un estatuto y una regulación de procedimiento que no hace la menor mención de tortura.

A pesar de que la resolución contra el uso de pruebas obtenidas mediante tortura fue adoptada por unanimidad, la opinión de los Lores estaba dividida en cuanto a la manera de determinar si las pruebas se obtuvieron mediante tortura o no. La mayoría sostuvo que en el momento en que el demandante plantea la cuestión, la carga de las pruebas recae sobre la SIAC, la cual debe analizar si existen argumentos razonables para creer que se ha hecho uso de la tortura. Según este análisis, las pruebas deberían excluirse si se demuestra, mediante investigaciones minuciosas y según un balance de probabilidades, que la información fue obtenida mediante tortura. En su escrito sobre la Convención de la Tortura, Nowak y McArthur mencionaron que se trata del mismo análisis que el empleado en la decisión del caso El-Motassadeq. Además añadieron que “si la [SIAC] concluyó que no había más de una sola posibilidad de que la declaración hubiera sido obtenida mediante tortura, no se hubiera entonces producido y la declaración habría sido admitida”.

Lord Bingham formaba parte de la minoría, la cual consideraba que si el demandante presenta una argumentación verosímil de que las pruebas fueron obtenidas mediante tortura, la SIAC debería investigar si existe un riesgo real de que dichas pruebas se obtuvieran mediante el uso de tortura. En el caso de existir un riesgo real, las pruebas deberían excluirse. En su dictamen, Lord Bingham lamentó la decisión de los demás Lores, que habían fundamentalmente socavado la eficacia de la Convención y decretaron un análisis que rara vez las personas eran capaces de llevar a cabo.

Nowak y McArthur afirmaron que la carga principal de las pruebas en este caso “puede resultar imposible de demostrar para la mayoría de los sospechosos de terrorismo actualmente en régimen de detención en otros países.” Por lo tanto, esta resolución no modifica el hecho de que la tortura aún pueda seguir usándose en los tribunales británicos.

Véase también:

Corte Suprema de los Estados Unidos, N° 50, Blackburn c. Alabama, decisión del 11 de enero de 1960, 361 US 199, pp.205-207.

Corte Suprema de los Estados Unidos, N° 8, Townend c. Sain, decisión del 18 de marzo de 1963, 372 US 293 (1963), pp.293 & 307-309.

Sudáfrica, Mthembu c. El Estado, caso N° 379/2007, [2008] ZASCA 51

Festo Asenwa y Kakooza c. Uganda (1998), como resuelto en Babyebuza Swaibu c. Uganda, SCCA N° 47/2000