La regla de exclusión: estándares normativos

La regla de exclusión queda ejemplificada en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada en 1984:

Artículo 15
Todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada como prueba de que se ha formulado la declaración.

La Convención se interpreta mediante el comentario normativo del Comité contra la Tortura. En su Observación general N° 2, sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados parte, el Comité recuerda el carácter imperativo de la naturaleza de la obligación establecida por el artículo 15:

6. El Comité recuerda a todos los Estados parte en la Convención el carácter imperativo de las obligaciones que han contraído al ratificar la Convención [como la establecida por el artículo] 15 (que prohíbe admitir como prueba las confesiones obtenidas mediante tortura, salvo en contra del torturador). [Dichas disposiciones] […] deben respetarse en todo momento. El Comité estima que los artículos 3 a 15 son igualmente obligatorios, y se aplican tanto a la tortura como a los malos tratos.

Antes de que la Convención estableciera dicha prohibición, la comunidad internacional había aceptado que la ley reflejase la legislación internacional. Así pues, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1975, estipula que:

Artículo 12
Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ninguna otra persona en ningún procedimiento.

Recientemente, la Asamblea General reafirmó la importancia de la regla de exclusión como norma consuetudinaria en las resoluciones contra la tortura. En su resolución 13/19 del 15 de abril de 2010, la Asamblea General:

“Insta enérgicamente a los Estados a que se aseguren de que en ningún proceso se acepte como prueba declaración alguna obtenida por medio de la tortura, excepto contra una persona acusada de recurrir a la tortura como prueba de que se hizo la declaración; exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de ampliar esa prohibición a las declaraciones obtenidas por medio de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y reconoce que la corroboración adecuada de las declaraciones, incluidas las confesiones, utilizadas como prueba en cualquier proceso constituye una garantía para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” (UN Doc. A/HRC/Res/13/19).

Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no incluye explícitamente la regla de exclusión para las pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, se ha reconocido la regla como una parte inherente a la prohibición absoluta de la tortura, y como parte de las garantías necesarias para garantizar la imparcialidad de los procesos judiciales. En su Comentario general N° 32, el Comité de Derechos Humanos estipula:

6. […] como tampoco puede suspenderse ninguna de las disposiciones del artículo 7 [prohibición de la tortura y otros malos tratos], ninguna declaración o confesión o, en principio, ninguna prueba que se obtenga en violación de esta disposición podrá admitirse en los procesos previstos por el artículo 14, incluso durante un estado de excepción, salvo si una declaración o confesión obtenida en violación del artículo 7 se utiliza como prueba de tortura u otro trato prohibido por esta disposición. En ningún caso cabe desviarse de los principios fundamentales del juicio imparcial, incluida la presunción de inocencia.

y

41. […] El derecho interno debe establecer que las pruebas y las declaraciones o confesiones obtenidas por métodos que contravengan el artículo 7 del Pacto quedarán excluidas de las pruebas, salvo que se utilicen para demostrar que hubo tortura u otros tratos prohibidos por esta disposición, y que en tales casos recaerá sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad.

Al igual que la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura describe la obligación de prohibir la información obtenida mediante el uso de tortura. Así pues, estipula:

Artículo 10
Ninguna declaración que se compruebe haber sido obtenida mediante tortura podrá ser admitida como medio de prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la persona o personas acusadas de haberla obtenido mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese medio el acusado obtuvo tal declaración.

Las Directrices de Robben Island para la Prohibición y la Prevención de la Tortura en África, adoptadas formalmente en octubre de 2002 por medio de la resolución de la Comisión Africana y aprobadas en julio de 2003 por los Jefes de Estado y los Gobiernos de la Comisión Africana, otorga un carácter más amplio a la prohibición sobre la exclusión de las pruebas obtenidas mediante el uso de tortura y otras formas de malos tratos:

29. [Los Estados deberían] asegurarse de que cualquier declaración obtenida mediante el uso de tortura o u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante, no será admitida como prueba en ningún proceso salvo en contra de una persona acusada como prueba de que se ha formulado la declaración.

Son varios los estándares que también han concedido un significado más amplio a la regla de exclusión, ofreciendo asesoramiento a los diferentes actores implicados en el sistema judicial penal, tales como los fiscales y los jueces.

El artículo 16 de las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales de 1990, estipula:

16. Cuando los fiscales tengan en su poder pruebas contra sospechosos y sepan o tengan sospechas fundadas de que fueron obtenidas por métodos ilícitos que constituyan una violación grave de los derechos humanos del sospechoso, especialmente torturas, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes u otros abusos de los derechos humanos, se negarán a utilizar esas pruebas contra cualquier persona, salvo contra quienes hayan empleado esos métodos, o lo informarán a los tribunales y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los responsables de la utilización de dichos métodos comparezcan ante la justicia.

El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura también ha publicado estándares aplicables a los jueces y a la policía u otras autoridades de detención en sus recomendaciones generales.  En relación a la función de los jueces, el Relator Especial recomienda que:

“Cuando el acusado formule durante el juicio acusaciones de tortura u otros malos tratos, la carga de la prueba debería recaer en el ministerio público, a fin de demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que la confesión no se obtuvo con medios ilícitos, incluida la tortura y malos tratos análogos. También debería estudiarse a fondo la creación de programas de protección de testigos para aquellos que presencien incidentes de tortura y otros malos tratos, programas que deberían ampliarse para incluir a las personas con antecedentes penales. En los casos en que un recluso corra peligro, debería ser trasladado a otra prisión en donde se adopten medidas especiales para mantener su seguridad.”

Tras sus visitas a los países, el Relator Especial también ha hecho recomendaciones específicas que gozan de una aplicación general más allá de la jurisdicción del país visitado. En una de sus visitas a Túnez, el Relator Especial proporcionó asistencia y asesoramiento adicional a los jueces con el fin de garantizar la exclusión eficaz de las pruebas obtenidas mediante tortura:

"[El Relator Especial] anima a los jueces y a los fiscales a preguntar, de manera rutinaria, a las personas procedentes de la custodia policial acerca del trato recibido y a ordenar que se realice un examen médico independiente, de acuerdo con lo previsto por el Protocolo de Estambul, siempre que se sospeche que los detenidos han sido sometidos a malos tratos; se debería de iniciar una investigación de oficio siempre que haya argumentos razonables para creer que se hizo uso de la tortura u otros malos tratos para obtener una confesión " (RET, Visita a Túnez, A/HRC/19/61/Add.1, 2 de febrero de 2012).

Tras su visita a Kirguistán, el Relator Especial proporcionó una justificación adicional relativa a la exclusión de pruebas que podría acarrear el abandono del juicio penal:

"[El Relator Especial] recuerda que las normas probatorias – y su correcta interpretación – no deberían recompensar la mala conducta de la policía y de los investigadores; la exclusión de las pruebas en un juicio representa un medio eficaz para luchar contra el comportamiento ilícito y los abusos que se producen a lo largo de una investigación penal" (RET, Visita a Kirguistán, A/HRC/19/61/Add.2, 21 febrero de 2012).

Por último, tras su visita a Turquía, el Relator Especial proporcionó instrucciones valiosas sobre el modo de actuar en caso de alegación o sospecha del uso de tortura o malos tratos para la obtención de pruebas. Así pues, recomendó:

"Los fiscales y jueces no habrán de exigir pruebas concluyentes de tortura o maltrato físico, y menos una sentencia de culpabilidad del acusado de haberlos cometido, para decidir que no se servirán de ninguna confesión o información que se impute obtenida mediante tales tratos. Es en el Estado en el que recaerá la carga probatoria de que no hubo coacción” (RET, Visita a Turquía, E/CN.4/1999/61/Add.1, 27 de enero de 1999).

El Subcomité para la Prevención de la Tortura también ha considerado los riesgos que implica el hecho de que los Estados se basen principalmente en las pruebas procedentes de las confesiones a la hora de pronunciar una sentencia condenatoria que promueva las investigaciones basadas en las pruebas, en lugar de en las confesiones. En su informe sobre su visita a las Maldivas, el Relator Especial estipuló:

“El Subcomité considera que la posibilidad de pronunciar una sentencia condenatoria únicamente sobre la base de una confesión puede abrir el camino para que algunos elementos desvirtúen el procedimiento y traten de extraer confesiones maltratando a las personas privadas de libertad. A ese respecto, el Subcomité desea hacer hincapié en la prohibición de aprovecharse indebidamente de la situación de una persona detenida o presa para hacerla confesar, incriminarse en un delito de cualquier otra forma o testificar contra cualquier otra persona, así como en el principio de que ninguna persona detenida debe ser sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio. El Subcomité considera que una investigación judicial basada en las pruebas, y no en la confesión, es una de las salvaguardias fundamentales, por cuanto haría innecesario extraer confesiones mediante malos tratos y reduciría así considerablemente el riesgo de que se inflijan malos tratos durante la custodia policial.”  (SPT, Visita a las Maldivas, CAT/OP/MDV/1).