Medios de coerción

1. Se prohibirá el empleo de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física que por su naturaleza sean degradantes o causen dolor.

2. Otros instrumentos de coerción física solo podrán ser utilizados cuando la ley los autorice y en los siguientes casos:

a) Como medida de precaución contra la evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en el momento en que el recluso comparezca ante una autoridad judicial o administrativa;

b) Por orden del director del establecimiento penitenciario, si han fracasado los demás métodos de control, a fin de impedir que el recluso se lesione a sí mismo o lesione a terceros, o que produzca daños materiales, en cuyos casos el director deberá alertar inmediatamente al médico u otros profesionales de la salud competentes e informar a la autoridad administrativa superior. 

1. Cuando la utilización de instrumentos de coerción física esté autorizada de conformidad con el párrafo 2 de la regla 47 habrán de aplicarse los siguientes principios:

a) Emplear instrumentos de coerción física únicamente cuando ninguna otra forma menor de control resulte eficaz frente a los riesgos que entrañaría la libre movilidad;

b) Optar por el menos invasivo de los métodos de coerción física que sean necesarios para controlar la movilidad del recluso y que puedan aplicarse razonablemente, en función del nivel y la naturaleza de los riesgos en cuestión;

c) Aplicar instrumentos de coerción física únicamente durante el tiempo necesario, y retirarlos lo antes posible una vez que desaparezcan los riesgos planteados por la libre movilidad.

No se utilizarán instrumentos de coerción física en el caso de las mujeres que estén por dar a luz, ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior.

La administración penitenciaria tratará de utilizar técnicas de control para evitar la necesidad de imponer instrumentos de coerción física o reducir el carácter invasivo de esos instrumentos, y ofrecerá capacitación en esas técnicas. 

No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior.

Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, salvo en los casos establecidos en el artículo 64 infra.

Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento. Esos instrumentos no deberán causar humillación ni degradación y deberán emplearse de forma restrictiva y sólo por el lapso estrictamente necesario. Por orden del director de la administración, podrán utilizarse esos instrumentos para impedir que el menor lesione a otros o a sí mismo o cause importantes daños materiales. En esos casos, el director deberá consultar inmediatamente al personal médico y otro personal competente e informar a la autoridad administrativa superior.

El uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas durante el parto e inmediatamente después de él está absolutamente prohibido e ilustra la incapacidad
del sistema penitenciario para adaptar los protocolos a las situaciones que afectan
exclusivamente a las mujeres (A/HRC/17/26/Add.5 y Corr.1). Cuando se utiliza como
castigo o medida de coacción, por cualquier razón basada en la discriminación o para causar un dolor intenso, que pueda incluso suponer una amenaza grave para la salud, ese trato puede ser constitutivo de tortura o malos tratos. 

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los
Estados a que:

(...) (h) Pongan fin de inmediato a la práctica de esposar y poner grilletes a mujeres embarazadas, a parturientas y a mujeres que acaban de dar a luz; (...)

Los medios de coerción solo se podrán utilizar en casos autorizados por la ley y cuando ninguna otra forma de control menos restrictiva reduzca los riesgos presentados por un preso.

El método de coacción será el método menos intrusivo y razonablemente disponible necesario para controlar los movimientos del preso, teniendo en cuenta el nivel y la naturaleza de los riesgos en los que se incurre.

Los medios de coerción solo se utilizarán el tiempo que sea necesario y se retirarán en cuanto deje de haber riesgo asociado a la libertad de movimientos.

El uso de esposas, camisas de fuerza y otras trabas estará prohibido, excepto:

a. si es preciso, como precaución contra la fuga durante el traslado, siempre que sean retiradas en cuanto el interno comparezca ante una autoridad judicial o administrativa, salvo que esta autoridad decida lo contrario, o
b. por orden del director, cuando han fallado otros métodos de control, para evitar que un interno pueda herirse, herir a terceros o causar daños graves materiales, siempre que el director avise inmediatamente al médico e informe de los hechos a las autoridades penitenciarias superiores.

Las modalidades de uso de los medios de coerción estarán especificadas por la legislación nacional.

Se prohibirá el uso de cadenas, hierros y otros medios de coerción intrínsecamente degradantes.

Se llevará un registro correcto del uso de medios de coerción.

Nunca se utilizarán medios de coerción en las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto.

Criterios para el uso de la fuerza y de armas

El personal de los lugares de privación de libertad no empleará la fuerza y otros medios coercitivos, salvo excepcionalmente, de manera proporcionada, en casos de gravedad, urgencia y necesidad, como último recurso después de haber agotado previamente las demás vías disponibles, y por el tiempo y en la medida indispensables para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, del personal o de las visitas.

Se prohibirá al personal el uso de armas de fuego u otro tipo de armas letales al interior de los lugares de privación de libertad, salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas.

En toda circunstancia, el uso de la fuerza y de armas de fuego o de cualquier otro medio o método utilizado en casos de violencia o situaciones de emergencia, será objeto de supervisión de autoridad competente.

Prison staff will on occasion have to use force to control violent prisoners and, exceptionally, may even need to resort to instruments of physical restraint. These are clearly high risk situations insofar as the possible ill-treatment of prisoners is concerned, and as such call for specific safeguards.

A prisoner against whom any means of force have been used should have the right to be immediately examined and, if necessary, treated by a medical doctor. (…) In those rare cases when resort to instruments of physical restraint is required, the prisoner concerned should be kept under constant and adequate supervision. Further, instruments of restraint should be removed at the earliest possible opportunity; they should never be applied, or their application prolonged, as a punishment. Finally, a record should be kept of every instance of the use of force against prisoners.

It is axiomatic that babies should not be born in prison, and the usual practice in Council of Europe member States seems to be, at an appropriate moment, to transfer pregnant women prisoners to outside hospitals. Nevertheless, from time to time, the CPT encounters examples of pregnant women being shackled or otherwise restrained to beds or other items of furniture during gynaecological examinations and/or delivery.  Such an approach is completely unacceptable, and could certainly be qualified as inhuman and degrading treatment.  Other means of meeting security needs can and should be found.

In the CPT’s view, the use of EDW should be limited to situations where there is a real and immediate threat to life or risk of serious injury. Recourse to such weapons for the sole purpose of securing compliance with an order is inadmissible. Furthermore, recourse to such weapons should only be authorised when other less coercive methods (negotiation and persuasion, manual control techniques, etc) have failed or are impracticable and where it is the only possible alternative to the use of a method presenting a greater risk of injury or death.

Applying these principles to specific situations, the CPT has, for example, come out clearly against the issuing of EDW to members of units responsible for deportation operations vis-à-vis immigration detainees. Similarly, the Committee has expressed strong reservations about the use of electric discharge weapons in prison (and a fortiori closed psychiatric) settings. Only very exceptional circumstances (e.g. a hostage-taking situation) might justify the resort to EDW in such a secure setting, and this subject to the strict condition that the weapons concerned are used only by specially trained staff. There should be no question of any form of EDW being standard issue for staff working in direct contact with persons held in prisons or any other place of deprivation of liberty

States should have in place, and make known, laws, policies and standard operating procedures, which accord with Member States’ obligations under the African Charter on Human and Peoples’ Rights and other international law and standards, to:

d. Limit the permissible use of restraints, and the type of restraints, to ensure consistency with the presumption of innocence, treatment of detained persons that accords with respect for the inherent dignity of the person.