Mecanismos de inspección

 El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 

La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. 

1. Habrá un sistema doble de inspecciones periódicas de los establecimientos y
servicios penitenciarios, que se basará en:

a) Inspecciones internas o administrativas realizadas por la administración
penitenciaria central;
b) Inspecciones externas realizadas por un organismo independiente de la
administración penitenciaria, que podría ser un organismo internacional o regional
competente.

2. En ambos casos, el objetivo de las inspecciones será velar por que los
establecimientos penitenciarios se gestionen conforme a las leyes, reglamentos,
políticas y procedimientos vigentes, con la finalidad de que se cumplan los objetivos
de los servicios penitenciarios y correccionales, y por que se protejan los derechos
de los reclusos.

Los inspectores estarán facultados para:

a) Acceder a toda la información acerca del número de reclusos y de los
lugares y locales en que se encuentran recluidos, así como a toda la información
relativa al tratamiento de los reclusos, incluidos sus expedientes y las condiciones
de su reclusión;
b) Elegir libremente los establecimientos penitenciarios que vayan a visitar,
incluso realizando visitas no anunciadas por iniciativa propia, y a qué reclusos
entrevistar;
c) Entrevistarse con carácter privado y plenamente confidencial con los
reclusos y el personal penitenciario en el curso de sus visitas;
d) Formular recomendaciones a la administración penitenciaria y a otras
autoridades competentes. 

Los equipos de inspecciones externas estarán integrados por inspectores calificados y experimentados, que hayan sido designados por una autoridad competente, y contarán con profesionales de la salud. Se prestará la debida atención al logro de una representación equilibrada de hombres y mujeres.

1. Después de cada inspección se presentará un informe por escrito a la autoridad
competente. Se tendrá debidamente en cuenta la posibilidad de poner a disposición
del público los informes de las inspecciones externas, previa supresión de los datos
personales de los reclusos a menos que estos hayan dado su consentimiento expreso a que no se supriman.

2. La administración penitenciaria u otras autoridades competentes, según proceda, indicarán en un plazo razonable si se pondrán en práctica las recomendaciones resultantes de la inspección externa. 

 A fin de velar por la estricta observancia de las leyes y reglamentos pertinentes, los lugares de detención serán visitados regularmente por personas calificadas y experimentadas nombradas por una autoridad competente distinta de la autoridad directamente encargada de la administración del lugar de detención o prisión, y dependientes de esa autoridad

La persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse libremente y en régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente principio, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en tales lugares.

Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida de nivel equivalente que no pertenezca a la administración del centro deberán estar facultados para efectuar visitas periódicas, y a hacerlas sin previo aviso, por iniciativa propia, y para gozar de plenas garantías de independencia en el ejercicio de esta función. Los inspectores deberán tener acceso sin restricciones a todas las personas empleadas o que trabajen en los establecimientos o instalaciones donde haya o pueda haber menores privados de libertad, a todos los menores y a toda la documentación de los establecimientos.

En las inspecciones deberán participar funcionarios médicos especializados adscritos a la entidad inspectora o al servicio de salud pública, quienes evaluarán el cumplimiento de las reglas relativas al ambiente físico, la higiene, el alojamiento, la comida, el ejercicio y los servicios médicos, así como cualesquiera otros aspectos o condiciones de la vida del centro que afecten a la salud física y mental de los menores. Todos los menores tendrán derecho a hablar confidencialmente con los inspectores.

Terminada la inspección, el inspector deberá presentar un informe sobre sus conclusiones. Este informe incluirá una evaluación de la forma en que el centro de detención observa las presentes Reglas y las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, así como recomendaciones acerca de las medidas que se consideren necesarias para garantizar su observancia. Todo hecho descubierto por un inspector que parezca indicar que se ha producido una violación de las disposiciones legales relativas a los derechos de los menores o al funcionamiento del centro de detención para menores deberá comunicarse a las autoridades competentes para que lo investigue y exija las responsabilidades correspondientes.

Hay ciertas garantías básicas que se aplican a todas las personas privadas de libertad. (...)

(...) la necesidad de establecer mecanismos imparciales para inspeccionar y visitar los lugares de detención y de encarcelamiento (...)

Debería encomendarse a autoridades independientes y órganos de expertos con
conocimientos especializados en la discriminación y la situación de los reclusos
pertenecientes a minorías, en cuya composición las minorías estén suficientemente representadas, el mandato de supervisar y controlar las instalaciones de detención
previas al juicio y los establecimientos penitenciarios. 

Velar por que los migrantes sometidos a detención administrativa sean
alojados en establecimientos públicos destinados específicamente a ese fin o, cuando no sea posible, en instalaciones diferentes de las destinadas a los detenidos por delitos penales. Se debe evitar la utilización de centros de detención privados. Los representantes de, entre otras entidades, las instituciones nacionales de derechos humanos, el ACNUDH, el ACNUR, el CICR y las ONG deben tener acceso a todos los lugares de detención. Todos los establecimientos de detención de migrantes, cualquiera que sea su forma, deben estar sujetos a un conjunto común de normas, políticas y prácticas, y deben ser supervisados por una autoridad central
independiente encargada de garantizar el cumplimiento de ese conjunto común de
normas, políticas y prácticas. 

Garantizará el acceso de toda autoridad e institución competentes y facultadas por la ley a los lugares de privación de libertad, si es necesario con la autorización previa de una autoridad judicial.

Las reclusas que denuncien abusos recibirán protección, apoyo y orientación inmediatos, y sus denuncias serán investigadas por autoridades competentes e independientes, que respetarán plenamente el principio de la confidencialidad. En toda medida de protección se tendrá presente expresamente el riesgo de represalias.

Las reclusas que hayan sufrido abuso sexual, en particular las que hayan quedado embarazadas, recibirán asesoramiento y orientación médicos apropiados, y se les prestará la atención de salud física y mental, así como el apoyo y la asistencia jurídica, necesarios.

A fin de vigilar las condiciones de la reclusión y el tratamiento de las reclusas, entre los miembros de las juntas de inspección, de visita o de supervisión o de los órganos fiscalizadores deberán figurar mujeres.

La inspección sistemática e independiente de los lugares en que haya niños
privados de libertad es un factor clave para la prevención de la tortura y otros
malos tratos. La inspección debe llevarla a cabo un órgano independiente, como
por ejemplo un comité visitante, un juez, el defensor del niño o los mecanismos
nacionales de prevención facultados para recibir denuncias y adoptar medidas al
respecto y para evaluar si los establecimientos funcionan de conformidad con los
requisitos de la normativa nacional e internacional. Los mecanismos
independientes de vigilancia deben recurrir a los conocimientos profesionales en
diversos campos, en particular el trabajo social, los derechos del niño, la
psicología y psiquiatría infantil, con el fin de abordar las múltiples
vulnerabilidades de los niños privados de libertad y de entender el marco
normativo específico y el sistema general de protección del niño.

55. (...) National Human Rights Institutions and other independent monitoring bodies should be encouraged to participate in monitoring the treatment and conditions of children living in prison with their mothers. It is also important to underscore the point that law, policy and practice should emphasize that no child should remain in prison following the release, execution or death of their incarcerated parents/mothers.

Disponer de mecanismos adecuados y eficaces de supervisión y denuncia es
esencial para la protección de los grupos en situación de riesgo que son víctimas de
abusos durante el período de detención. Con demasiada frecuencia no se dispone de las salvaguardias adecuadas o estas carecen de independencia e imparcialidad,
mientras que el temor a las represalias y a la estigmatización que se asocian a la
denuncia de actos de violencia sexual y otras prácticas humillantes provoca que las
mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero desistan de presentar denuncias. En muchos casos, la vulnerabilidad y el aislamiento de las
mujeres y las niñas se ven agravados porque tienen acceso limitado a representación letrada, porque les resulta imposible pagar los honorarios o la fianza al ser pobres, por la dependencia económica que tienen de sus familiares varones y porque reciben menos visitas de familiares.

Todos los centros de detención deben ser visitados sin previo aviso por órganos
independientes establecidos de conformidad con el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura. La inclusión de mujeres y personas lesbianas, gais,
bisexuales y transgénero, así como de otras representaciones minoritarias, en los
órganos de inspección a todos los niveles contribuiría a facilitar la presentación de
denuncias de violencia de género y discriminación y a detectar casos de tortura y
malos tratos.

En lo que respecta a las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais,
bisexuales y transgénero privadas de libertad, el Relator Especial insta a todos los
Estados a que:

x) Controlen y supervisen todos los centros de detención teniendo en
cuenta las consideraciones de género y velen por que las denuncias de maltrato se
investiguen eficazmente y que los responsables sean llevados ante la justicia; y
garanticen que todos los centros de detención disponen de mecanismos de
denuncia adecuados, rápidos y confidenciales;

y) Velen por que todos los centros de detención sean supervisados e
inspeccionados de manera eficaz y que reciban visitas sin previo aviso de órganos
independientes establecidos de conformidad con el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y de observadores de la sociedad civil; y garanticen
la inclusión de mujeres, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero y otras
minorías en los órganos de control;

19. The Committee has stressed the necessity to implement monitoring and review mechanisms in relation to persons with disabilities deprived of their liberty. Monitoring existing institutions and review of detentions do not entail the acceptance of the practice of forced institutionalization. Article 16(3) of the Convention explicitly requires monitoring of all facilities and programmes that serve persons with disabilities in order to prevent all forms of exploitation, violence and abuse, and article 33 requires that States parties establish a national independent monitoring mechanism and ensure civil society participation in monitoring (paras. 2 and 3). Review of detentions must have the purpose of challenging the arbitrary detention and obtain immediate release, in no case it should allow for the extension of the arbitrary detention.

Todas las prisiones deberán ser inspeccionadas de forma regular y controladas por una autoridad independiente. 

Las prisiones serán inspeccionadas regularmente por un organismo estatal, a fin de verificar si se gestionan de acuerdo con las normas legales nacionales e internacionales y con las disposiciones de estas reglas.

Para garantizar que las condiciones de detención y trato de los internos cumplen los requisitos del derecho nacional e internacional y las disposiciones de estas reglas, y que los derechos y la dignidad de los internos se respeten en todo momento, las prisiones estarán controladas por un organismo u organismos independientes designados específicamente, cuyas conclusiones harán públicas.

Estos órganos de monitoreo independientes tendrán las garantías para poder:

a. tener acceso a todas las prisiones y partes de las prisiones, así como a los registros penitenciarios, en particular los relativos a solicitudes y denuncias, y también a información relativa a las condiciones de detención y el cuidado de los internos que solicitan consultar como parte de sus actividades de monitoreo;
b. poder decidir qué prisiones visitarán, incluida la realización de visitas no anunciadas por iniciativa propia, y con qué internos quieren hablar, y
c. tener la libertad de realizar entrevistas privadas totalmente confidenciales sin testigos con internos y personal penitenciario.

Ningún preso, miembro del personal penitenciario u otra persona será objeto de sanciones por haber proporcionado información al órgano de monitoreo independiente.

Se animará a los órganos de monitoreo independientes a cooperar con los organismos internacionales habilitados legalmente para visitar prisiones.

Los órganos de monitoreo independientes podrán hacer recomendaciones a la administración penitenciaria y otros órganos competentes.

Las autoridades nacionales o la administración de prisiones informarán a estos órganos, en un plazo razonable, de las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.

Los informes de monitoreo y las respuestas a estos serán públicos.

El control de legalidad de los actos de la administración pública que afecten o pudieren afectar derechos, garantías o beneficios reconocidos en favor de las personas privadas de libertad, así como el control judicial de las condiciones de privación de libertad y la supervisión de la ejecución o cumplimiento de las penas, deberá ser periódico y estar a cargo de jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales.

Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán garantizar los medios necesarios para el establecimiento y la eficacia de las instancias judiciales de control y de ejecución de las penas, y dispondrán de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.

De conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional se podrán practicar visitas e inspecciones periódicas en los lugares de privación de libertad, por parte de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, a fin de verificar, en todo momento y circunstancia, las condiciones de privación de libertad y el respeto de los derechos humanos.

Al practicarse las inspecciones se permitirá y garantizará, entre otros, el acceso a todas las instalaciones de los lugares de privación de libertad; el acceso a la información y documentación relacionada con el establecimiento y las personas privadas de libertad; y la posibilidad de entrevistar en privado y de manera confidencial a las personas privadas de libertad y al personal.

En toda circunstancia se respetará el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus Relatorías, en particular la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, a fin de que puedan verificar el respeto de la dignidad y de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de libertad, en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Estas disposiciones no afectarán a las obligaciones de los Estados Partes en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en situaciones no cubiertas por el derecho internacional humanitario.

Effective grievance and inspection procedures are fundamental safeguards against ill-treatment in prisons. Prisoners should have avenues of complaint open to them both within and outside the context of the prison system, including the possibility to have confidential access to an appropriate authority. The CPT attaches particular importance to regular visits to each prison establishment by an independent body (eg. a Board of visitors or supervisory judge) possessing powers to hear (and if necessary take action upon) complaints from prisoners and to inspect the establishment's premises. Such bodies can inter alia play an important role in bridging differences that arise between prison management and a given prisoner or prisoners in general.

States should: Ensure and support the independence and impartiality of the judiciary including by ensuring that there is no interference in the judiciary and judicial proceedings, guided by the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary

States should: Encourage professional legal and medical bodies to concern themselves with issues of the prohibition and prevention of torture, cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

The CPT also attaches particular importance to regular visits to all detention centres for juveniles by an independent body, such as a visiting committee, a judge, the children's Ombudsman or the National Preventive Mechanism (established under the Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture - OPCAT) with authority to receive and, if necessary, take action on juveniles' complaints or complaints brought by their parents or legal representatives, to inspect the accommodation and facilities and to assess whether these establishments are operating in accordance with the requirements of national law and relevant international standards. Members of the inspection body should be proactive and enter into direct contact with juveniles, including by interviewing inmates in private.

b. Access to the register shall be provided to the arrested or detained person, his or her lawyer or other legal service provider, family members, and any other authority or organisation with a mandate to visit places of detention or to provide oversight on the treatment of persons deprived of their liberty.

States shall establish, and make known, oversight mechanisms for authorities responsible for arrest and detention. These mechanisms shall be provided with the necessary legal mandate, independence, resources and safeguards to ensure transparency and reporting, to ensure the thorough, prompt, impartial and fair exercise of their mandate.

a. States shall ensure access to detainees and places of detention for independent monitoring bodies or other neutral independent humanitarian organisations authorised to visit them.

b. A detained person shall have the right to communicate freely and in full confidentiality with the persons who visit the places of detention or imprisonment in accordance with the above principle, subject to reasonable conditions to ensure security and good order.

c. Access to places of detention shall also be provided to lawyers and other legal service providers, and other authorities such as judicial authorities and National Human Rights Institutions, subject to reasonable conditions to ensure security and good order.